No parar las obras del túnel de Belate. Esa ha sido la obsesión del Gobierno de Navarra cada vez que llegaba una advertencia o un revés jurídico. Pero la política del patadón pa’lante ha llegado a su fin. La bola de nieve que crecía a base de negligencias y errores se rompió. No se podía estirar el chicle de una obra millonaria que nació marcada por la sospecha, primero de irregularidades y luego de corrupción.

La adjudicación, en diciembre de 2023, de las obras a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar vino acompañada de seis votos particulares de los técnicos jurídicos de la mesa de contratación y un reparo no suspensivo del interventor. El director de Obras Públicas, Pedro López, se lo pensó mes y medio antes de firmar. “Yo no hubiera firmado”, dijo meses después el interventor general al hablar de los “rumores”.

Sin haber excavado un metro cúbico de túnel, la UTE de Belate impulsó un cambio en la excavación y sostenimiento que, según los precios del pliego, suponía un ahorro de cuatro millones. Sin embargo, el proyecto de modificado se enriqueció con pluses y suplementos que convirtieron el ahorro en sobrecoste. La dirección facultativa dio su visto bueno y el departamento de Obras Públicas también, con una resolución firmada por Pedro López, el 28 de noviembre de 2024. Fue el primer gol en propia puerta.

El dueño de Servinabar, Antxon Alonso, era un empresario desconocido hasta que en junio de 2025 la UCO registró su oficina y su vivienda y halló el contrato de compraventa del 45% firmado por Santos Cerdán. Con el tiempo se ha sabido que Antxon no era un desconocido para muchos políticos y empresarios. Todo lo contrario.

María Chivite, ante el terremoto del caso Koldo, prometió una triple auditoría de las obras adjudicadas a Servinabar. La Oficina Anticorrupción (OANA) fue la más contundente al declarar nula de pleno derecho la adjudicación de Belate.

Gracias a la OANA se conoció que el secretario de la mesa de Belate, Lorenzo Serena, había sido aislado en una nave de Landaben. Una “represalia de manual”. Y gracias a la comisión de investigación se supo que dos ingenieros habían sufrido injerencias y encontronazos con el presidente, Jesús Polo. Hubo hasta patadas en la puerta del despacho.

La comparecencia en el Parlamento del técnico de minas que revisó el proyecto permitió descubrir un presunto engaño de la UTE: los cambios no respondían a imprevistos ni requerimientos. Sus informes fueron claves para que la Intervención General dictara el reparo suspensivo al modificado de los 8,5 millones.

El cierre de 2025 fue frenético. Urgía pagar los atrasos a la UTE. Así se hizo, pero descontando todos los sobrecostes abonados hasta entonces. También por “interés general”, Cohesión Territorial se negó a suspender unas obras que luego han sido consideradas ilegales por la Asesoría Jurídica al no tener base contractual. A juicio de los juristas del propio Gobierno, ya en noviembre de 2025 el equipo de Chivite tendría que haber aprobado una nueva licitación.