La presidenta María Chivite se reúne este lunes 14 de septiembre por la tarde en el Parlamento con representantes de los grupos que integran el Gobierno tripartito (PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra), para trasladarles la información que tiene sobre qué va a pasar con las obras de duplicación del túnel de Belate. En el encuentro no está EH Bildu, que ya mantuvo una reunión con la presidenta, en la que María Chivite les entregó el informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno que ha implicado la paralización de los trabajos, ya que, como ya hizo en diciembre la Intervención General, en ese informe se rechaza el abono del sobrecoste de las obras que reclaman las empresas constructoras por 8,3 millones de euros y la vía por la que había optado el Gobierno para pagarlo.

La reunión ha comenzado a las cinco de la tarde y junto a Chivite han acudido los consejeros Óscar Chivite y José Luis Arasti, y a las 17.30 se ha incorporado el vicepresidente primero Javier Remirez, que por motivos de agenda no ha llegado al inicio. Por el PSN están su secretaria de Organización, Esther Iso; la portavoz parlamentaria Ainhoa Unzu, y el parlamentario Javier Lecumberri. Por Geroa Bai han asistido su portavoz en la Cámara, Pablo Azcona; la vicepresidenta segunda del Gobierno, la consejera Ana Ollo, y la parlamentaria Blanca Regúlez. En cuanto a Contigo Navarra están su portavoz Carlos Guzmán y el parlamentario Miguel Garrido.

Como ha ido informando este periódico, los trabajos de duplicación del túnel de Belate están parados, porque el informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno ha detenido el intento del Ejecutivo de abonar a la UTE que realiza las obras un modificado que ya cuestionó la Intervención General, y que se iba a pagar mediante otra fórmula, la conocida como “enriquecimiento injusto” de la Administración.

Lo cierto es que los socios quieren saber qué salida hay ahora para que esos trabajos puedan reanudarse. El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno, encargado de estos trabajos y al frente del que está el socialista Óscar Chivite, está intentando buscar una posible solución en contacto con las constructoras. Tras la salida de Servinabar, la UTE está integrada por Acciona y Osés.

La Asesoría Jurídica del Gobierno navarro ha concluido que no se dan los requisitos legales para abonar a la UTE los 8,3 millones de sobrecostes. En su informe, los juristas advierten al Ejecutivo de que la situación generada en las obras del túnel “no exime de la exigencia de responsabilidades, de la índole que fueran”, y más después de las advertencias que en noviembre realizó la Intervención General de un posible quebranto económico a la Hacienda Pública de Navarra si se abonaban.

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra no se ha limitado a cuestionar la vía elegida por Cohesión Territorial para abonar esos 8,3 millones, el llamado “enriquecimiento injusto” de la Administración, sino que ha llegado al fondo, haciendo suyas y ampliando las conclusiones del reparo suspensivo que dictó en diciembre la Intervención General. Así, afirma que hay "constancia documental" de que la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar tenía intención desde los inicios de modificar a su conveniencia el proyecto de excavación y sostenimiento del túnel, contraviniendo lo que había prometido en su oferta técnica. Además, añade la Asesoría Jurídica, se encontraron con un departamento de Obras Públicas que no actuó de forma diligente.