La polémica modificación del proyecto de excavación y sostenimiento del túnel de Belate, con sobrecostes de 8,3 millones, no era el único modificado que tenían en mente las adjudicatarias, Acciona, Osés y Servinabar. Las tres empresas de la UTE de Belate encargaron en marzo de 2025, cuando apenas se habían excavado 350 metros de túnel, un estudio “con vistas a explorar un modificado número 2 con las instalaciones del túnel”. Por tanto, mucho antes de empezar con estos trabajos, la adjudicataria ya analizaba una segunda tanda de posibles sobrecostes proponiendo cambios en instalaciones de seguridad, iluminación, ventilación, control de tráfico o señalización.

Así figura en varias actas del comité de gerencia de la UTE de Belate que fueron encontradas en los registros de la UCO de la Guardia Civil en la sede de Servinabar, en la calle San Nicolás de Pamplona, en junio de 2025, dentro de las investigaciones del caso Koldo por presuntas mordidas en obra pública. En la reunión celebrada el 6 de marzo de 2025, se acordó encargar a la empresa Acciona Ingeniería un estudio de las instalaciones del túnel y “plantear actualizaciones, optimizaciones y distintos escenarios de actuación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

EL MODIFICADO NÚMERO 1

Todo parece indicar que se trata del mismo modus operandi del modificado número 1. Al poco de adjudicarse las obras y antes de que las excavadoras empezaran a perforar la montaña, la UTE planteó a la dirección facultativa un cambio en el sistema de excavación y en el sostenimiento, con un nuevo modelo de cercha que es tres veces más cara. Previamente la adjudicataria había encargado a una firma de ingeniería un “estudio preliminar de revisión del proyecto”. Este estudio preliminar sirvió de base para que la dirección de obras redactara una propuesta de modificación del proyecto, acompañada de un estudio económico. Los cambios suponían un sobrecoste de 8,5 millones, por lo que era necesaria la aprobación del departamento de Obras Públicas. El modificado no llegó a aprobarse porque la Intervención General dictó un reparo suspensivo.

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El Gobierno de Navarra acató el reparo suspensivo, pero esta semana se ha conocido que buscó otra fórmula legal para pagar 8,35 millones a la adjudicataria. Esta vez ha sido la propia Asesoría Jurídica del Gobierno la que ha advertido que no se cumplen los requisitos. El motivo principal es que los cambios se han hecho a “conveniencia” de la UTE y no responden ni a imprevistos ni a requerimientos de la Sección de Minas.

Cuando Acciona, Osés y Servinabar encargan el estudio para el segundo modificado, la previsión era terminar la excavación de la galería en julio de 2026 y empezar con los revestimientos y demás instalaciones. El cronograma no se ha cumplido. Las obras están paradas actualmente y la situación es de total incertidumbre.

UNA "PRÁCTICA HABITUAL"

Los documentos encontrados por la Unidad Central Operativa no ofrecen datos sobre el contenido del estudio de este segundo modificado y su estimación económica. Dada la polvareda política y jurídica levantada en las millonarias obras, lo más probable es que este estudio haya quedado en el cajón.

La excavación y sostenimiento de la galería de 2.800 metros suponen unos 40 millones (IVA incluido) de los 76 millones del precio de adjudicación. Los 36 millones restantes corresponden principalmente a los revestimientos (7 millones), asfaltado (2,6 millones), instalaciones de seguridad (4,7 millones), alumbrado (1 millón), señalización (400.000 euros) y otros acabados. Así, el análisis del modificado número 2 iba centrarse en estos capítulos, que incluyen trabajos como la ventilación, megafonía, control de incendios, postes de emergencia, cámaras, centros de transformación y luminarias.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, la responsable de Construcciones Osés Noemí Osés explicó que es una práctica habitual encargar informes externos para detectar posibles errores en el proyecto y plantear mejoras.

A su vez, el director facultativo de las obras, Benjamín Lasheras, admitió que no se descartaban más sobrecostes. “Hay una parte de la obra que es de instalaciones, que prácticamente no se ha tocado, porque hay que esperar a tener el túnel hecho y eso puede generar algún modificado”, dijo entonces Lasheras. Los papales demuestran que la adjudicataria no iba a esperar a tener el túnel hecho.

En la comisión, ningún compareciente citó la existencia de un informe encargado a Acciona Ingeniería. El exdirector general de Obras Públicas Pedro López, ante el Parlamento, admitió que los contratistas tienden a llevar el ascua a su sardina con los modificados y precios contradictorios. “Lo normal en cualquier obra es que el contratista siempre está proponiendo mejoras, cambios para su beneficio, para trabajar más cómodo, para ganar más dinero o lo que sea. Pero al final el que decide las propuestas que se van a modificar es el director facultativo, que pueda coincidir o no, pueda aceptar o no aceptar”, dijo en la comisión.

En el caso del primer modificado y a tenor de la documentación analizada por la Asesoría Jurídica, ni la dirección externa de obra ni la unidad gestora (Obras Públicas) defendieron con ahínco los intereses económicos de la Administración. Más bien dieron vía libre a las pretensiones de la adjudicataria.