Diario de Navarra

Hace nueve meses, el 2 de diciembre de 2025, la presidenta María Chivite anunciaba que el Gobierno de Navarra acataba el reparo suspensivo al modificado número 1 de las obras del túnel de Belate, que reflejaba unos sobrecostes de 7,6 millones. La Intervención General concluía que los cambios introducidos en el proyecto del túnel no respondían a imprevistos sino a conveniencia de la adjudicataria (Acciona, Osés Servinabar), generando un fuerte revuelo político. La UTE de Belate llevaba siete meses sin cobrar por los trabajos, a la espera de aprobarse el modificado. Las empresas se plantearon suspender las obras. “No sabíamos cómo continuar. No había órdenes claras y precisas, que es lo que requeríamos”, dijo Noemí Osés en el Parlamento. El Gobierno foral intentaba llamar a la calma. “El departamento trabaja en nuevas fórmulas legales para poder continuar la obra”, decía la presidenta. Todo parece indicar que Cohesión Territorial no ha acertado con la tecla jurídica correcta. El Gobierno foral reanudó en enero el pago de las certificaciones pero todas han sido recurridas por Acciona-Osés al considerar insuficientes los precios abonados. Las obras avanzaban y las facturas también, como una bola de nieve. En estos nueve meses poco ha trascendido sobre el estado del nuevo modificado. El consejero Óscar Chivite explicó en mayo que los técnicos del departamento trabajaban en ello, a la vez que se buscaba la “tramitación adecuada para abonar los trabajos ya ejecutados”. Es decir, reconocía que Cohesión Territorial había entrado en un terreno pantanoso al margen de los cauces habituales de la normativa de contratos, según fuentes jurídicas consultados. EL CASO DE LA VARIANTE DE SABIÑÁNIGO La ley foral, al igual que la estatal, establece un plazo de ocho meses para la tramitación de un modificado de un contrato público. Una vez superado este plazo sin aprobarse, lo dispuesto sería suspender automáticamente la obra a fin de regularizar las actuaciones. Hay jurisprudencia sobre las consecuencias de proseguir las obras una vez superados todos los plazos, lo que se denomina “modificado anticipado”, donde se obliga a indemnizar a la adjudicataria por los trabajos hechos sin el debido respaldo contractual. Un caso cercano es el dictamen 1734/2024 del Consejo de Estado, sobre la variante de Sabiñánigo de la autovía Mudéjar, obra que ha sido noticia en los últimos meses. Fue adjudicada en 2019 a una UTE formada por Aldesa -empresa vinculada al caso Zapatero y citada en los papeles de Leire- y Rover. Hasta 2023 se aprobaron un primer modificado y dos revisiones excepcionales de precios. En julio de 2023 empezó a tramitarse un segundo modificado que se alargó por encima de los ocho meses, sin paralizarse las obras. “Cuando la falta de aprobación técnica del proyecto o del modificado resulte imputable a la indebida actuación de una autoridad o funcionario, en tanto pueda ocasionar un grave perjuicio para el interés público, dará lugar a la correspondiente responsabilidad disciplinaria”, señala el Consejo de Estado en su dictamen sobre la variante de Sabiñánigo. Finalmente el segundo modificado salió adelante pero la situación se complicó con la tramitación de un tercer modificado. En diciembre de 2025, la adjudicataria abandonó las obras, casi terminadas, por discrepancias económicas con el Ministerio de Fomento. EL RIESGO DE QUEBRANTO A LA HACIENDA FORAL El problema añadido que existe en el túnel de Belate, según estas fuentes, es que el modificado del proyecto, en sus elementos esenciales, ha sido calificado de nulo por la Intervención General. El informe de fiscalización identifica en la propuesta de modificado una serie de incumplimientos e irregularidades que la invalidan. El Gobierno acató pero a la vez ordenó que continuaran las obras. Y han continuado a pesar de que la Intervención General advirtió del riesgo de causar “quebrantos económicos a la Hacienda Pública”. La Intervención califica de quebranto económico para la Hacienda de Navarra el intento de aplicar suplementos a los precios del proyecto, que es lo que hizo la dirección externa de obras en las primeras certificaciones. Desde diciembre, la Intervención General supervisa de forma intensiva los borradores de las certificaciones, frenando revisiones o suplementos de precios. Es, precisamente, lo que ha motivado los recursos de Acciona y Osés. Nueve meses después se sigue en el mismo punto de partida, de mayo de 2025.