Caso Sendaviva
El Gobierno ha reclamado al final a Sendaviva que devuelva 652.200 euros
El Instituto Navarro del Deporte del Ejecutivo acata la cifra fijada por la Intervención, pese a que niega que haya habido un fraccionamiento indebido de un contrato y defienda que solo se debían pedir 56.000 euros por los sobrecostes
Actualizado el 24/06/2026 a las 22:20
Los cuatro contratos que Parquenasa, propietaria de Sendaviva, adjudicó por el procedimiento simplificado a una misma empresa, Adentro Construimos, por unos 198.000 euros cada uno, debieron ser un solo contrato y adjudicarse por el procedimiento abierto (exigido a partir de 200.000 euros), según la Intervención, que controla en el Gobierno que el gasto público se ajusta a la normativa. Vio “indicios claros y suficientes” de que existió “un fraccionamiento indebido” del contrato y que por ello Parquenasa debía devolver parte de la subvención pública que recibió en 2023, en concreto los 652.200 euros más intereses que destinó a 3 de esos contratos (el 4º se pagó con la subvención de 2024 e implicaría iniciar otra actuación, señala).
El Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física (INDAF) del Gobierno foral, que es quien dio la subvención, ha reclamado ya ha Parquenasa esos 652.000 euros, como ayer desveló en el Parlamento la consejera de Deportes, de quien depende el INDAF, Rebeca Esnaola. No obstante, dejó claro que el Instituto, dirigido por el socialista Jorge Aguirre, mantiene que no hubo fraccionamiento de contratos, aunque sí cuestiona los sobrecostes que hubo. El 14 de abril el INDAF inició el expediente de reintegro en el que solicitaba que Parquenasa devolviera 56.400 euros por esos sobrecostes que tuvieron los tres contratos y que hicieron que cada uno superara esa cifra límite de 200.000 euros. De haber figurado en las condiciones iniciales, hubiesen obligado a un procedimiento abierto, reconoció el INDAF, concluyendo que se incumplió la ley.
Ante esa decisión, el servicio de Intervención formuló un reparo que no paralizó el inicio del reintegro, “sino que obligaba” al INDAF “a rectificarlo”, sostuvo Esnaola, y, por tanto, a reclamar 652.200 euros, algo que se notificó a Parquenasa el 18 de junio. Esta tiene 15 días para alegar.
HABÍA UNA 2ª OPCIÓN
No obstante, el INDAF tenía otra opción si discrepaba, como la Intervención le recordó en su informe de reparo: dejar que lo resolviera el Gobierno de Navarra.
Por otro lado, la Intervención pidió al departamento que actúe igual con el 4º contrato cuestionado, e instó además a valorar la posible infracción de la ley de Subvenciones por parte de Parquenasa. La consejera, que compareció en el Parlamento a petición de UPN, dijo que estos contratos están en la Justicia (tras la querella de Vox) y antes de iniciar otras actuaciones deben esperar a que esta se pronuncie.
ESNAOLA SE DESVINCULA
La consejera señaló que ella solo intervenía como consejera del departamento que da las subvenciones a Parquenasa, pero no como presidenta de la sociedad pública NICDO, cuyo consejo “nada tiene que ver con las decisiones” de esa empresa. Recordó que esta está formada en un 55% por socios privados (Grupo la Información, editor de Diario de Navarra, Criteria de CaixaBank y el que era un grupo constructor, Grupo Sanzol) y en un 45% por NICDO. No obstante, hay que recordar que NICDO es administrador único de Parquenasa y sus socios privados no participan en la gestión.
DISCREPANCIA POLÍTICA
Javier Trigo (UPN) y Maribel García Malo (PP) acusaron a la consejera de “eludir su responsabilidad y ponerse de perfil”. Ambos señalaron que tiene claras “responsabilidades políticas”.
PSN y Bildu aludieron a que el mismo interventor ha tenido posturas distintas. Ibai Crespo (PSN) criticó a UPN por el acuerdo “chapucero” que llevó a la actual “fórmula mixta” de propiedad y señaló que Sendaviva ha costado ya 90 millones a las arcas públicas. Adolfo Araiz (EH Bildu) preguntó a UPN si lo que pretende pidiendo sanciones es “cerrar” Sendaviva, ya que esta solo vive del dinero público. Blanca Regúlez (Geroa Bai), vio procedente que el Gobierno acate lo indicado por la Intervención y Miguel Garrido (Contigo) dijo que ya se reconoció que se actuó mal, al pedir el Gobierno el reintegro.
LA POSTURA DE LA INTERVENCIÓN
Qué contratos están bajo la lupa. Son cuatro contratos pagados con parte de la subvención que el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física (INDAF) del departamento de Cultura del Gobierno foral dio en 2023 y 2024 a Parquenasa, propietaria de Sendaviva. Las obras se realizaron tras el incendio que sufrió el parque en 2022. Consistían en adecuar los accesos, urbanizar la plaza o realizar trabajos en la zona de actividad lúdica. Cada contrato rondaba los 198.000 euros sin IVA.
Qué sería un fraccionamiento indebido de contrato. Se produciría si se hubiese dividido en varios un contrato, para que cada uno no superara los 200.000 euros y no tener que sacarlos a un concurso abierto.
Por qué la Intervención ve un fraccionamiento de contratos. El órgano interno del Gobierno que controla el cumplimiento de la legalidad en el gasto público considera que hay varios indicios “claros y evidentes”. Cita:
1 Las cuatro obras o fases tiene un objeto similar.
2 Las 4 se adjudicaron a la misma empresa, Adentro Construimos. En los 4 procedimientos simplificados se invitó a participar a las mismas 5 empresas de construcción.
3 Las cuatro se llevaron a cabo en el mismo momento temporal, ya que se licitaron en noviembre y diciembre de 2023 y se ejecutaron en el primer semestre de 2024.
4 Responden a una misma necesidad, restaurar el parque tras los incendios del verano anterior y previa reflexión estratégica sobre su futuro. Responden a una única unidad económica, funcional y operativa.
5 Las cuatro obras se licitaron por el importe máximo permitido para los procedimientos simplificados (200.000 euros), constituyendo un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido.
6 De los 1.029 procedimientos simplificados desarrollados desde que está en vigor la Ley foral de Contratos Públicos hasta la redacción del informe de la Intervención (17 de abril pasado), solo 11 fueron adjudicados por un importe superior a 195.000 euros, de los que 4 son los de Parquenasa.
8 Deberían haber sido considerados como prestaciones relacionadas, susceptibles, por tanto, de ser licitados en un solo procedimiento cuyo valor total sería la suma de todos.
Además, hubo sobrecostes. Al final ya solo por eso cada uno superó los 200.000 euros.
