El Parlamento de Navarra aprobó este lunes 15 de junio tramitar por la vía urgente la propuesta legal que han presentado PSN, EH Bildu y Contigo Navarra para “blindar” las viviendas protegidas destinadas al alquiler, de manera que mantengan esa condición indefinidamente y no puedan ser vendidas, independientemente de la fecha de su calificación. Eso permitirá que la norma se pueda aprobar antes de que acabe este mes, el último de actividad en el Legislativo previo a sus vacaciones, ya que en julio y agosto el Parlamento paraliza su trabajo ordinario.

Esa tramitación urgente fue aprobada con el voto en contra de UPN y PP, ya que los socios, incluido Geroa Bai, que no ha firmado la iniciativa, votaron a favor y tienen mayoría.

PSN, EH Bildu y Contigo pretenden eliminar la posibilidad de que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva, como recoge la Ley foral de Derecho a la Vivienda en Navarra. El fin sería mantener estable ese parque de vivienda protegida destinada al arrendamiento, algo que afectaría en torno a 2.300 viviendas de alquiler público, según destacan los proponentes.

EL PLAZO FINALIZA ESTE VERANO PARA 108 VIVIENDAS EN PAMPLONA Y BURLADA

El motivo de la urgencia, explicó el portavoz de Contigo Navarra, Carlos Guzmán, es que este mismo verano hay un total de 108 viviendas (38 en Burlada y 70 en Pamplona) que perderían esa calificación de vivienda de alquiler. “Por lo menos 108 familias en estos momentos están viviendo una gran incertidumbre”, señaló.

Por otro lado, serían hasta 1.300 las viviendas de alquiler protegido las que podrían pasar a la venta en los próximos 5 años en Navarra, indicó. “Consideramos que existe un clamor ciudadano y confiamos que en las próximas dos semanas se pueda tramitar esa proposición de ley”.

POSIBLE "PELEA JURÍDICA"

La duda es si se puede realizar un “blindaje” de las condiciones de esas viviendas de alquiler protegido independientemente de cuándo fue su calificación y la norma que la regulaba entonces. Guzmán aseguró ayer que la norma es “absolutamente legal” y está sustentada jurídicamente. En esa misma línea se pronunció la parlamentaria socialista Ainhoa Unzu, destacando que hay jurisprudencia y hay casos con el aval del Tribunal Constitucional.

El portavoz de Contigo reconoció que entre los socios ha surgido alguna discrepancia y por eso Geroa Bai no se ha sumado.

Desde este grupo, Pablo Azcona señaló que quieren dar “mayores garantías” a la proposición de ley, incluyendo mejoras, y que por eso están recabando datos del departamento de Vivienda, tanto para saber cómo afectaría a los pisos de alquiler protegido actuales como a los que han perdido ya esa calificación. El portavoz de Geroa Bai sí admitió que este tema puede desembocar en alguna “pelea jurídica” y que así ha ocurrido en otras comunidades como en Cataluña. “Geroa Bai va a intentar que esos inquilinos no se vean abocados a esa situación”, agregó Azcona.