Belate es un cúmulo de casualidades. Así ha quedado patente en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que ya ha votado sus conclusiones. No han podido acreditar corrupción, sólo irregularidades. Más allá de las conclusiones, las 58 comparecencias de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra han permitido reconstruir unos hechos que se remontan a 2015. 

Todo comenzó en Mina Muga en 2015. Así lo expuso la UCO en su primer informe y así ha quedado comprobado con las comparecencias en la comisión. Entre los campos de secano y el monte bajo de Sangüesa, Javier y Undués de Lerda coincidieron Koldo García, Antxon Alonso y directivos de Acciona y Geoalcali, empresa minera interesada en explotar la potasa del subsuelo. 

El entonces director de Geoalcali, Pedro Rodríguez Fernández, contó en la comisión que otro directivo de la empresa le aconsejó contactar con Koldo García para algunos temas de seguridad. Encontraron a un hombre bonachón dispuesto a echar una mano en todo, supuestamente de forma desinteresada. 

También se arrimó a Mina Muga el responsable de Acciona en Navarra, Fernando Merino, al ver una oportunidad de negocio. “El primer día que fui a Mina Muga Koldo hizo de chófer”, contó en el Parlamento. Más confusa es la llegada de Antxon Alonso al proyecto minero. Desde Geoalcali explican que vino de la mano de Acciona pero Fernando Merino lo negó. “Yo le conocí en 2014 porque se me presentó en mi despacho y un año después me lo encontré en Mina Muga”, dijo.

Pedro Rodríguez y Antxon Alonso tenían una cosa en común, su buena relación con la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai). “En 2015 la presidenta me recibió en el Palacio de Navarra para presentarle el proyecto minero y ahí estaba Antxon con ella”, desveló en uno de los episodios más rocambolescos escuchados en el Parlamento. El ingeniero de minas aseguró haber tenido una “relación estimulantemente cordial” con Uxue Barkos. 

De forma paralela, Merino y Koldo coincidían en el bar Franky de Pamplona, donde al parecer empezaron las corruptelas, con la emisión de facturas falsas a nombre de Acciona, tal como confesó el asesor contable Miguel Moreno. El Franky también tenía como cliente ocasional a Santos Cerdán, que empezaba a moverse por otros ambientes con su amigo y presunto socio Antxon Alonso y con el entonces director de Acciona Justo Vicente Pelegrini. En 2019, Alonso y Cerdán estuvieron viviendo juntos en Madrid, donde mantenían reuniones discretas con Pelegrini. Este último guardó absoluto silencio durante el interrogatorio en la comisión de investigación. 

Tampoco abrió la boca otro imputado en el caso Koldo, el exdirector de la zona norte de Acciona Construcción Tomás Olarte. La comisión de investigación llamó a declarar a Olarte porque dos subordinados, Fernando Merino y Eduardo Montes de Frutos, indicaron que era la persona que negociaba porcentajes y condiciones en la conformación de las UTE con Servinabar.

Esta es una de las grandes lagunas de la comisión, por qué la multinacional Acciona eligió como socia en Navarra a una empresa dedicada al buzoneo, sin experiencia en obra pública, sin apenas plantilla y sin recursos. Qué aportaba la empresa de Antxon en las obras del Navarra Arena, colegio de Arbizu, VPO de Nasuvinsa y la rehabilitación del antiguo Archivo General.

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Noemí Osés, de Excavaciones Fermín Osés, fue la única que aportó luz sobre el acuerdo con Acciona y Servinabar para presentarse juntas a la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate. “Yo no conocía a Servinabar antes de esta UTE. Acciona es la que propone y qué remedio nos queda más que aceptar”, expuso Osés. Las tres empresas firmaron ante notario un acuerdo previo el 9 de enero de 2023, que contiene varias inexactitudes, entre ellas que Servinabar tenía maquinaria y plantas de áridos.

El 23 de marzo de 2023, la mesa de contratación de Belate comenzó sus trabajos, que se prolongaron hasta que el 23 de octubre de 2023 firmaron su propuesta de adjudicación en favor de la UTE Acciona, Osés y Servinabar por 76 milones. Iba acompañada de seis votos particulares y un reparo no suspensivo del interventor delegado. El entonces director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, firmó la adjudicación el 26 de diciembre.  El Gobierno de Navarra hizo pública la adjudicación el 30 de enero de 2024. La parte jurídica de la mesa, con sus advertencias, son en buena parte responsables de que se creara la comisión cuando saltó el caso Koldo.

Por la comisión desfilaron todos los protagonista de esta polémica adjudicación: los ocho miembros de la mesa, el secretario general técnico, el exdirector general de Obras Públicas, el exconsejero Bernardo Ciriza y el actual consejero, Óscar Chivite. Los responsables políticos no fueron convincentes en dos cuestiones. En primer lugar, quién recomendó a Pedro López, funcionario arquitecto, para el puesto de director general. López venía de dirigir unas obras, las del Archivo General, realizadas por Acciona-Servinabar. Y en segundo lugar, por qué prolongaron la vida laboral del director de Nuevas Infraestructuras y presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, hasta cumplir los 73 años.

“Era el único que tenía experiencia en túneles”, defendieron Ciriza, López y Chivite. Los hechos conocidos a posteriori lo ponen en duda. Jesús Polo dio el visto bueno a un proyecto de túnel que nada más iniciarse las obras fue rechazado por la UTE. Y el propio Jesús Polo firmó sin contemplaciones el nuevo proyecto impulsado por Acciona y respaldado por la dirección externa de obra, con sobrecostes del 8,5 millones. Hasta que la Intervención General lo frenó con un reparo suspensivo cuando Polo ya estaba jubilado. 

Jesús Polo fue el primero en comparecer. Habló de “guerra abierta” entre juristas e ingenieros y de que el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, fue a por él “de una manera tremenda”. Negó que al valorar las siete ofertas técnicas puntuara el último y ajustara los números para dar como ganadora a Acciona, pero no pudo aportar la prueba porque tras su jubilación formatearon su ordenador, según dijo. 

Los otros cuatro técnicos de la mesa, subordinados de Polo, ofrecieron una versión muy distinta. Todos definieron a Serena como un “buen profesional” en su ámbito y que las discrepancias que surgieron en la mesa pudieron solventarse con más reuniones presenciales. Pero lo más revelador es que dos de esos ingenieros dieron el paso de contar los intentos de Polo por influir en sus puntuaciones. 

“Me pidió que repensara mis puntuaciones y me acusó de favorecer a una constructora. Fui a su despacho y le pedí que jamás me volviera a acusar de eso. Y cuando salí le di una patada a la puerta”, contó Guillermo Vallejo, jefe de sección. Jesús Polo había dicho que esa discusión no tuvo nada que ver con Belate, que era por “un asunto personal”.

Otro ingeniero, Patxi Ansorena, también jefe de sección, ofreció un testimonio parecido: “Un día, en una conversación Polo me contó que había una empresa con la que había tenido una mala experiencia cuando trabajaba en el sector privado y que no le gustaría que esa fuera adjudicataria. Que en caso de ser adjudicataria iba a tener aspectos negativos desde el punto de vista constructivo”, afirmó.

UPN solicitó una nueva comparecencia de Jesús Polo para aclarar estas contradicciones, pero el PSN y sus socios votaron en contra. Las contradicciones también estuvieron presentes en dos actuaciones del exdirector general Pedro López. Tardó casi dos meses en firmar la propuesta de adjudicación por las dudas que le generaba un expediente con seis votos particulares y un reparo no suspensivo. El interventor le aconsejó pedir un informe a la Junta de Contratación de Navarra y aunque llegó a contactar con este organismo, no dio ese paso. “No había una infracción a la que pudiera acogerme para ir a la junta”, sostuvo. En su lugar, planteó a la mesa que rehiciera su informe de valoración. “Si hay buena voluntad por parte de todos, todavía estamos a tiempo de evitar la mala imagen que se va a dar”, dijo Polo en una reunión después de contactar con un licitador para saber si habían visto las actas. Serena se plantó y dejó claro que la mesa había terminado su trabajo.

La otra contradicción tiene relación con el traslado de Serena a una nave de Landaben, calificado por la Oficina Anticorrupción como un acto de represalia. El jefe de Conservación, Pablo González, negó que fuera por motivos organizativos. “Se le envió allí para “ayudar al ambiente laboral”, aseguró González.