La comisión de investigación del Parlamento de Navarra da carpetazo pero tendrá su epílogo. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, deberá prestar declaración el 4 de septiembre en los juzgados de Pamplona por no comparecer ante los grupos parlamentarios en las dos ocasiones en que fue citado.

Entrecanales no fue el único que dio plantón a los parlamentarios. Los autores de los informes de las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Cantábrico excusaron su presencia alegando que no estaban obligados por ser funcionarios del Estado. Se desconoce si los servicios jurídicos de la cámara estudiaron estos casos o no. La realidad es que ningún grupo volvió a reclamar la presencia de estos funcionarios con el objetivo de aclarar si las depuradoras incluidas en el modificado respondían a requerimientos de la CHC y de la CHE.

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Con Entrecanales, todos los grupos parlamentarios -excepto VOX-, pusieron gran interés por sentarle en la silla de los comparecencientes. Fue como el juego del gato y el ratón. Acciona presentó sendos escritos justificando la incomparecencia de Entrecanales, el 20 de enero y el 9 de febrero. El consejo de administración envió al director de relaciones institucionales, Joaquín Mollinedo, y al director de la asesoría jurídica, José Julio Figueroa Gómez de Salazar. La comisión no les permitió comparecer, por lo que estas dos personas procedieron a dejar constancia de ello en el registro del Parlamento.

Los grupos parlamentarios defendieron que era Entrecanales quien debía dar las explicaciones oportunas sobre las relaciones de Acciona Infraestructuras con Servinabar y con personas investigadas en el 'caso Koldo-Cerdán'. Desde la multinacional defendían que Entrecanales no tenía mucho que aportar al no tanto de unos contratos que suponen una ínfima parte de la cartera del grupo.

Cabe destacar que un mes y medio después, Acciona entregó a la Audiencia Nacional un extenso informe de 150 páginas, analizando la contratación y facturación con Servinabar en una treintena de obras, incluidas las seis adjudicaciones en Navarra y otros trabajos en los que Servinabar fue subcontratadas. Detallaba también las facturas que no se habían podido comprobar que respondieran a trabajos reales -más de 350.000 euros-. También daba detalles de un contrato con Antxon Alonso para la búsqueda de oportunidades de negocio, varias de ellas en Navarra. Este informe fue redactado por un equipo liderado por José Julio Figueroa Gómez de Salazar, el directivo al que la comisión le cerró las puertas.