UPN, PP y VOX ven claro que las sesiones de la comisión de investigación sobre obra pública en Navarra han confirmado y ampliado los indicios y sospechas de corrupción sobre la adjudicación de las obras de Belate a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar, empresa esta última de Antxon Alonso, investigado en el ‘caso Koldo-Ábalos’, y presunto socio de Santos Cerdán. “Es imposible afirmar que no hay delito o corrupción, sería un acto de fe”, ha dicho este miércoles en rueda de prensa la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, al presentar el dictamen y tras conocer las conclusiones de la mayoría progresista, que no ve acreditada la existencia de corrupción. 

El dictamen de UPN, de 94 páginas, enumera el “cúmulo de casualidades” que llegaron al Gobierno de María Chivite a adjudicar la mayor obra pública de Navarra de los últimos años a una presunta trama de cobro de mordidas que actuaba en el resto de España con el mismo "modus operandi".

Cristina Ibarrola ha citado a cinco personas que considera que tienen responsabilidad política directa en esta adjudicación: la presidenta María Chivite; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el anterior consejero, Bernardo Ciriza; el exdirector general de Obras Públicas Pedro López y el exdirector de nuevas infraestructuras y presidente de la mesa de Belate, Jesús Polo.

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Ha lamentado también las “importantes ausencias” en la comisión, como la de Ramón Alzórriz y su pareja, que trabajó en Servinabar, la actual ministra Elma Saiz por ser la responsable de prolongar la edad de jubilación a Jesús Polo cuando era consejera de Economía y Hacienda, al actual consejero, José Luis Arasti, y al vicepresidente Javier Remírez, en relación a las obras del Archivo General.

El dictamen de UPN recoge también un listado de “mentiras y contradicciones” detectadas en las comparecencias de responsables políticos. Entre ellas que Jesús Polo era la única persona que podía presidir la mesa de contratación o que no había otra opción de firmar la adjudicación, negando la posibilidad de acudir a la Junta de Contratación de Navarra.

Entre los nuevos indicios que ha aportado la comisión de investigación, UPN recoge las presiones de Jesús Polo a al menos dos técnicos de la mesa de contratación para que cambiaran sus puntuaciones, el sistema viciado de votación en el que Polo no pudo demostrar que ni votó el último ni alteró los números para que resultara adjudicataria la UTE de Servinabar, así como los intentos de Pedro López por rehacer actas una vez terminaron los trabajos de la mesa. “El papel de Jesús Polo y de Pedro López fue decisivo en que la adjudicación recayera en la UTE de Servinabar”, ha insistido. Ibarrola ha resaltado también la gravedad del modificado de Belate, con sobrecostes de 8,5 millones, donde Polo dio el visto bueno a un informe que incumplía las condiciones técnicas y López lo firmó.

“Chivite depositó toda la confianza personal y política en Cerdán y le abrió las puertas del palacio a Servinabar. Toda esta presunta organización criminal no hubiera funcionado políticamente si no se hubieran dado las condiciones. Era fundamental tener el poder y aliados como EH Bildu, y aliados en el Gobierno de España y de Navarra”, ha concluido Ibarrola.

PP: "NUMEROSOS INDICIOS"

Por su parte, el PP ha presentado en el Parlamento de Navarra un dictamen de 21 páginas que repasa una por una las seis obras adjudicadas a UTE en las que participó Servinabar y Alegure, empresas de Antxon Alonso. "En el Grupo Parlamentario del Partido Popular de Navarra no podemos afirmar con rotundidad que haya existido corrupción en la adjudicación de obra pública por parte del Gobierno de Navarra porque eso corresponde a los jueces, pero sí que podemos decir que han existido numerosos indicios, conexiones, situaciones y protagonistas que se repiten constantemente en los contratos analizados y que se replican en contratos de obra pública adjudicados en otros lugares como bien recogen los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que, desde luego, invitan a pensar que no se puede descartar que haya existido corrupción", dice el dictamen.

El PP sostiene que María Chivite, como máxima responsable de la política del Ejecutivo, es quien debe asumir la máxima responsabilidad. "La presidenta María Chivite no puede eludir su responsabilidad por lo ocurrido bajo su mandato. Lo visto, conocido y sabido a lo largo de esta comisión constituye motivo más que suficiente para concluir que su Gobierno ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, control y buen gobierno que deben regir cualquier administración pública", afirma el dictamen del grupo popular.

VOX: "UN MODELO DE PODER CLIENTELAR EN TORNO AL PSN"

En sus conclusiones, VOX señala que los trabajos de la comisión han demostrado una realidad “muchísimo más grave, la sospecha de que durante años el Gobierno de Navarra adjudicó contratos millonarios a empresas vinculadas a una trama de influencias políticas y posibles comisiones ilegales mientras intentaba minimizar el escándalo públicamente”.

VOX ha entregado al Parlamento un listado de once puntos. Primero denuncian que la comisión “ha estado políticamente orientada por los partidos que sostienen al Gobierno para diluir responsabilidades concretas del Ejecutivo de María Chivite y de anteriores gobiernos nacionalistas y de izquierda”. Consideran que la responsabilidad política última recae sobre la presidenta María Chivite. “La permanencia de Chivite al frente del Ejecutivo es incompatible con la ejemplaridad democrática exigible”, afirman. Asimismo, señalan que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, habría incurrido en una “grave responsabilidad política por acción u omisión”.

Este partido afirma que se ha demostrado la existencia de un “modelo de poder clientelar articulado alrededor del PSN” y que Santos Cerdán habría actuado como eje político de influencia. “Servinabar ha demostrado la colonización política e ideológica de la contratación pública”, dicen.