Estatuto de Personal de Función Pública

El Gobierno de Navarra estudia financiar la carrera profesional a 6.000 trabajadores de ayuntamientos

Este coste se sumará a los 130 millones que desembolsará para pagar esta misma carrera profesional a su plantilla

Panorámica de la plaza de Leitza sacada desde el muro del frontón, en la que se ve el ayuntamiento a la derecha. PABLO FEO
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Panorámica de la plaza de Leitza sacada desde el muro del frontón, en la que se ve el ayuntamiento a la derechaPablo feo
Panorámica de la plaza de Leitza sacada desde el muro del frontón, en la que se ve el ayuntamiento a la derecha. PABLO FEO

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Iñigo Salvoch

Actualizado el 01/06/2026 a las 09:08

El Gobierno de Navarra hace cuentas estos días. No solo va a tener que pagar los 130 millones de euros que cuesta la carrera profesional a casi 22.000 trabajadores de su plantilla (será un desembolso progresivo hasta el año 2032, cuando se pagará el 100% del nuevo complemento), sino que además estudia financiar este derecho a unos 6.000 funcionarios y empleados públicos de ayuntamientos y entes locales. La carrera profesional ya está contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público del Estado y compensa el proceso de aprendizaje continuo de los empleados públicos, la adquisición de experiencia y el progreso hacia metas laborales. Ahora se va a incorporar al Estatuto de Personal navarro tras el acuerdo del Gobierno foral y los sindicatos Afapna, CC OO y UGT con el Gobierno de Navarra. 

También se beneficiarán los funcionarios y empleados de los entes municipales. Sin embargo, a la hora de negociar esta carrera profesional existían dudas sobre la posibilidad de hacer efectivo este derecho en las entidades locales con la misma concreción y velocidad que en el Gobierno de Navarra. La situación económica de los municipios navarros no es homogénea y depende tanto de los tributos propios como del Fondo de Transferencias del Gobierno de Navarra

Según fuentes sindicales, existe ya el compromiso por parte del Ejecutivo de concretar la carrera profesional y su financiación en las entidades locales durante la fase de tramitación parlamentaria del Estatuto de Personal, previsiblemente en el próximo otoño. A este respecto, fuentes de Función Pública han confirmado a este periódico que sí existe “voluntad por parte del Gobierno de acompañar a las entidades locales en la implantación a la misma velocidad de la carrera profesional para sus empleados públicos”. 

Por el momento, según estas fuentes, lo que se está haciendo desde Función Pública es recabar datos e información de las entidades locales para poder cuantificar precisamente cuál sería el coste. Es decir, primero se necesita saber a cuántos trabajadores municipales se aplicaría la carrera, aproximadamente unos 6.000, su régimen y jornada. 

RENOVADO DESPUÉS DE 30 AÑOS

El nuevo Estatuto del Personal será de aplicación para un total de 40.000 personas de la Administración de la Comunidad foral de Navarra, entidades locales navarras, organismos autónomos y personal técnico, de gestión, administración y servicios de la UPNA

El Estatuto renovará una normativa muy heterogénea, con más de tres décadas de vigencia para adaptarse al siglo XXI. El Estatuto consta de casi 200 artículos divididos en 13 títulos, y 21 disposiciones, en los que se regula desde los principios rectores del acceso al empleo público (concursos, concursos-oposiciones...) hasta el régimen retributivo; las vacaciones, licencias y permisos o los órganos de representación de los trabajadores, entre otras muchas materias.

Por delante, un recorrido político incierto de la ley

El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, un compendio de hasta 200 artículos que rige las condiciones laborales de 40.000 funcionarios y empleados del Gobierno de Navarra, arrastra por ahora un consenso limitado. Solo los sindicatos Afapna, CC OO y UGT (51% de la Mesa General de las Administraciones Públicas) han dado su apoyo al anteproyecto. LAB y ELA se han opuesto rotundamente al mismo por considerar que pese al logro de la carrera profesional, cuya evaluación también les genera dudas, se “cercenan” derechos en otras materias. Ahora, al Gobierno le toca recabar apoyos en el Parlamento para que el texto adquiera rango de Ley. Lo primero es negociar cara a cara con EH Bildu, porque a ello se comprometió. No será fácil cuando el sindicato de referencia, LAB, se opone. Se espera que el próximo otoño el texto llegue al Parlamento, donde se tendrán que posicionar el resto de grupos. La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ya ha tendido la mano “a todos”.

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