Edurne Eginoa Antxo cumplirá el 1 de julio cuatro años como directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), organismo que ha cobrado protagonismo con las obras del túnel de Belate. El balance, sin embargo, tiene sus claroscuros. Falta de personal, ceses y dimisiones en direcciones de servicio, expedientes que caducan y hay que tramitarlos de nuevo, ausencia de datos sobre denuncias... Actualmente hay siete puestos vacantes de una plantilla de once personas. Además de la directora, la OANA cuenta con dos inspectores y una administrativa para una carga de trabajo que al parecer va en aumento.

Desde la Oficina explican que “en breve” se publicará la primera memorial anual, tal como exige la ley que regula este organismo. Se podrá conocer en detalle  cuántas denuncias han llegado a través del canal habilitado en la página web y cuántas se han resuelto. En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento, Eginoa admitió demoras en la tramitación de los expedientes al contar únicamente con dos inspectores. En 2024, el organismo tenía 12 denuncias en trámite. Varias están relacionadas con obras públicas como Belate, que sigue sin resolverse. Actualmente hay una convocatoria para cubrir las otras dos plazas de inspector, una de ellas con perfil de euskera.

La OANA fue creada mediante ley foral en 2018 aunque hubo que esperar a 2023 para iniciar su actividad. El 17 de marzo de aquel año recibió la primera denuncia. Aunque la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de publicar una memoria anual con su actividad, la falta de personal ha impedido hacer este ejercicio de transparencia. Sí que existe en su página web un buscador de resoluciones de 2023 y 2024. Entre ellas figura la sanción impuesta al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades por el periodo en que se mantuvo como administrador de una empresa. Esta es la única sanción a la que se le ha dado publicidad -incluyó la obligación de publicarla en el BON-. Otras resoluciones, como la represalia al letrado de la mesa de contratación de Belate o las irregularidades detectadas en el centro de FP Agroforestal, han salido a la luz por otros cauces.

La OANA depende del Parlamento de Navarra, que nombra a su director/a. Ésta debe atender las solicitudes de información de la cámara. En los presupuestos de 2026 la oficina tiene una dotación de 996.000 euros. La plantilla orgánica está formada por once personas, incluida la directora. A 31 de diciembre había seis puestos vacantes: un formador, dos inspectores rama jurídica, la dirección del servicio de asesoría jurídica, la jefatura de sección de la asesoría jurídica y un técnico de comunicación. 

El pasado 12 de abril, también quedó vacante la jefatura del servicio de prevención debido a que su titular terminó la comisión de servicios al obtener plaza en el departamento de Cultura en un concurso de traslados.

En la comparecencia en la comisión de investigación sobre obra pública en el Parlamento de Navarra, Edurne Eginoa admitió que la mayoría de procedimientos de investigación abiertos desde 2023, incluidos los que afectan al túnel de Belate, están caducados al cumplirse los seis meses de plazo previstos en la ley. Esto es así porque hasta junio de 2025 no había inspectores en plantilla. 

En junio del año pasado se ocupó la dirección del servicio de investigación, inspección y régimen sancionador pero esta persona abandonó el puesto al mes siguiente. Entonces fue nombrado Iván Rázquiz, que continúa en el puesto. Es la persona que firma con Eginoa los análisis encargados por la presidenta María Chivite de los contratos adjudicados a Servinabar. 

En la plantilla hay otras tres plazas de inspector. Dos están vacantes porque en noviembre quedó desierta la convocatoria de provisión temporal en comisión de servicios. En mayo se han vuelto a convocar estas plazas. Eginoa explicó en el Parlamento que con los dos inspectores en plantilla se están asignando inspectores a los expedientes y reabriendo procedimientos. 

Las tres personas fichadas por la OANA están en situación de comisión de servicios, es decir, son funcionarios de otras administraciones a las que se les ha autorizado un traslado temporal. Esto tiene dos ventajas. Por un lado es un método más ágil que convocar una oposición y por otro lado se consiguen perfiles con experiencia. Sin embargo, la directora de la OANA no está teniendo mucho éxito con sus convocatorias a pesar de que los puestos de inspector tienen un complemento de exclusividad del 55% como atractivo salarial.

LA FALTA DE MEDIOS IMPIDE ASUMIR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Las limitaciones de plantilla impiden que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción asuma importantes funciones que le han sido encomendadas sobre la supervisión de la contratación pública en Navarra. Una de estas funciones es la elaboración de informes preceptivos para analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. Esta labor se ha asignado al inspector de rama económica aunque difícilmente una sola persona pueda asumir tal carga de trabajo.

La OANA tiene en Navarra las funciones que a nivel estatal posee la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) y de la Oficina Nacional de Evaluación. Así, la Oficina de Buenas Prácticas de Navarra puede dictar instrucciones y recomendaciones para mejorar los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos. También tiene una función de supervisión de la contratación pública, velando por el cumplimiento de la normativa, detectando irregularidades y velando por una mayor transparencia. Con todo ello debe elaborar un informe que cada tres años debe remitirse a la Comisión Europea.

La OANA también tiene funciones de prevención de la corrupción y de formación al personal de la Administración. En 2025, la oficina impartió varias formaciones dirigidas tanto a empleados públicos como a alumnado de institutos de educación secundaria. También están diseñando una formación online sobre la ley reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones.