Diario de Navarra

Navarra es una de las comunidades en las que los integrantes de su Gobierno y sus parlamentarios siguen siendo aforados, es decir, que en caso de que sean acusados de un delito no son juzgados por los tribunales ordinarios. Los casos que afecten a la persona que ocupa la presidencia del Ejecutivo y a sus consejeros estarán en manos del Tribunal Supremo, y si se trata de los parlamentarios, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra si se han cometido en la Comunidad foral. El aforamiento de los altos cargos es algo que ya se ha suprimido en otras comunidades, como recordó este viernes el director general de Presidencia del Gobierno, Joseba Asiáin, en su comparecencia en la ponencia parlamentaria que analiza posibles cambios para actualizar el Amejoramiento, la ley institucional básica de Navarra. EL GOBIERNO NAVARRO, ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO Y LOS PARLAMENTARIOS, ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA La ley orgánica, en su artículo 27, regula que “la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros de la Diputación Foral”, en referencia al Gobierno de Navarra, “será exigible, en su caso, ante la correspondiente sala del Tribunal Supremo”. En el caso de los parlamentarios, el artículo 14 del Amejoramiento recoge que estos “no podrán ser retenidos ni detenidos durante el periodo de su mandato por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Navarra”. Fuera de la Comunidad foral, “la responsabilidad penal” de los parlamentarios “será exigible, en los mismos términos, ante la correspondiente sala del Tribunal Supremo”. OTROS TERRITORIOS LO ESTÁN SUPRIMIENDO O POR ANACRÓNICO O PORQUE SE PERCIBE COMO UN PRIVILEGIO Joseba Asiáin señaló que hay varias opciones si se quiere modificar esos artículos. Detalló que han suprimido de sus estatutos de autonomía el aforamiento Canarias (en 2018), Cantabria (2021), Murcia (2021), Islas Baleares (2022) y Aragón (en 2022). “En algunos casos, la justificación ha sido que era una prerrogativa anacrónica y en otros textos, como por ejemplo en el de Baleares, se señala en la exposición de motivos de la modificación del Estatuto que es percibida por la mayor parte de la sociedad como un privilegio que distorsiona el principio de igualdad ante la justicia”. Además de estas 5 comunidades, Asiáin recordó que el Parlamento vasco aprobó una moción en 2016 que planteaba modificar el Estatuto en este sentido, y una propuesta de reforma del Estatuto de La Rioja en 2019, que todavía no se ha aprobado, también pretendía eliminar los aforamientos. Recordó que la letrada del Parlamento Isabel Cañas Palacios realizó un trabajo sobre este tema que recogía la existencia de un informe del Consejo General del Poder Judicial que considera que hay un número “excesivamente elevado de aforados en España” y que es algo que hay que revisar. QUÉ OPCIONES DE MODIFICACIÓN HABRÍA En un trabajo técnico y descriptivo, el director general de Presidencia relató que hay varias opciones, si se quiere modificar el aforamiento. En caso de que no se quiera quitar, “podría valer con que haya una determinación en función de que si quien va a ver el asunto es el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o el Tribunal Supremo”, según el lugar en el que se haya podido cometer el presunto delito, algo que ya se recoge en el Amejoramiento para los parlamentarios (artículo 14 citado) y también contemplan otros estatutos de autonomía. Una segunda opción sería eliminar los aforamientos, con las ventajas y desventajas que tienen. Y otra sería limitar ese aforamiento a los delitos que se hayan cometido en el ejercicio de las funciones de los cargos a los que afecta y no a la totalidad de su actividad personal o profesional. DIVISIÓN EN EL PSN SOBRE SI MANTENER O NO LOS AFORAMIENTOS Y BILDU DEFIENDE QUE SE ELIMINEN Habrá que ver si en sus reflexiones finales al término de esta ponencia los parlamentarios deciden o no abrir ‘ese melón’ de los aforamientos, pero ayer en la ponencia avanzaron algunas reflexiones y posiciones. La parlamentaria de UPN Marta Álvarez señaló que a veces la justicia es más lenta cuando no hay aforamiento que cuando lo hay, recordando que hay casos conocidos para los que el paso del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional va a suponer que el procedimiento se prolongue años. Es lo que se prevé que ocurra con el que afecta al que fue diputado navarro y dirigente de los socialistas, Santos Cerdán. “Pero es una cuestión que tenemos que reflexionar, porque hay muchos matices a pensar, como el que ha apuntado de limitarlo a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones”, añadió Álvarez. La representante del PSN Arantza Biurrun reconoció que sobre el aforamiento el grupo parlamentario del Partido Socialista de Navarra tiene “opiniones diversas sobre si quitarlos o no”. Ella destacó que, a priori y como opinión personal, le parecía correcto limitarlo a delitos que se pueda cometer en el ejercicio del cargo, una de las opciones planteadas por Asiáin. En cuanto a que esté mal visto por el ciudadano, Biurrun sostuvo que el motivo puede ser que este piense que el aforamiento supone que el político “se va de rositas” si comete un delito, cuando no es así, agregó. Por EH Bildu, Adolfo Araiz avanzó que su grupo sí es partidario de que se eliminen los aforamientos y que todo cargo público deba responder en la jurisdicción en la que corresponda, como cualquier otro ciudadano. “Porque llevar al presidente o presidenta del Gobierno de Navarra al Tribunal Supremo no lo entendemos. En un momento histórico pudo plantearse como una salvaguarda y defensa ante arbitrariedades de los poderes políticos, pero creo que en estos momentos es más bien una situación un tanto anacrónica”. En su intervención, dijo al resto de grupos que deben ser conscientes de que en la sociedad se percibe como un “privilegio” y que esos aforamientos están muy extendidos y afectan a muchas personas. La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, por su parte, defendió la necesidad de revisar esos aforamientos que tampoco sabe determinar “si son privilegios o no”, porque “a veces es una carga para la persona a la que se le acusa de un delito”, señaló. Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Navarra, sostuvo que tiene sus dudas sobre si es un anacronismo y defendió que este tema merece una reflexión. Se preguntó qué sucedería si, por ejemplo, alguien como el líder de Vox, Santiago Abascal, fuera vicepresidente del Gobierno central y quisiera “utilizar el aparato del Estado contra los adversarios políticos”. “¿Es una locura? Bueno, ya hubo una policía patriótica. No lo sé. Me preocupa quién nos vaya a juzgar a quienes tenemos participación política. Otra cosa es que pueda pensar que en estos momentos los tribunales de primera instancia pueden tener mayor independencia aún que los altos tribunales”. Tras esa alusión del representante de Contigo a Santiago Abascal, el parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, señaló que entiende “los miedos, la incertidumbre del señor Garrido” con respecto a su partido. “Entendemos ese miedo escénico a Vox, entendemos que Podemos y Sumar van a desaparecer y ese es el problema que tienen”. “Lo vamos a ver pronto”. Sobre el aforamiento Jiménez sostuvo que el ciudadano lo ve “como algo obsoleto” y “privilegio” de los políticos. Señaló que es diferente de la inviolabilidad parlamentaria, que les permite expresar sus opiniones sin miedo y les da libertad en su actuación.

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Navarra es una de las comunidades en las que su Gobierno y sus parlamentarios siguen siendo aforados

El director general de Presidencia del Ejecutivo foral, Joseba Asiain, recuerda en la ponencia parlamentaria que analiza la actualización del Amejoramiento que cinco comunidades ya lo han suprimido y otras lo han planteado

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