Salud

Denuncia del Sindicato Médico al consejero de Salud, Fernando Domínguez

Ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Navarra por considerar que sus medidas vulneran el derecho a la huelga

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María José Echeverría

Publicado el 09/05/2026 a las 05:00

El Sindicato Médico de Navarra ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo de Navarra contra el consejero de Salud, Fernando Domínguez, por considerar que las medidas que anunció esta semana de derivar más pacientes a centros concertados y ofertar peonadas a todos los profesionales de medicina, incluidos aquellos que no las realizan habitualmente, constituyen “una vulneración del derecho fundamental de huelga” reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.

La huelga, convocada por el Sindicato Médico de Navarra entre el 4 de mayo y el 30 de junio en horario de tardes, afecta a toda la actividad laboral y funcionarial de médicos y facultativos del Servicio Navarro de Salud, incluido el personal en formación. Durante el periodo de huelga, indica, se ven afectadas tanto las guardias y la jornada ordinaria de tarde, como la actividad extraordinaria voluntaria (peonadas), una actividad que no está sometida a servicios mínimos por su carácter voluntario.

Según el sindicato, el consejero anunció públicamente en el Parlamento de Navarra su intención de derivar pacientes a centros concertados y ofrecer las peonadas suspendidas a “todos” los facultativos para compensar la paralización de dicha actividad extraordinaria derivada de la huelga.

“El consejero pretende vaciar de contenido la huelga utilizando mecanismos organizativos destinados a minimizar artificialmente su impacto”, ha denunciado. Según afirma, la legislación y la doctrina judicial prohíben expresamente contratar personal externo para sustituir huelguistas, redistribuir el trabajo entre empleados no huelguistas y desviar actividad a otros centros o contratas con el objetivo de neutralizar los efectos de la huelga. “El consejero no está tratando de resolver el conflicto, sino de desactivar sus efectos mediante mecanismos organizativos que podrían vulnerar derechos fundamentales”, señala. Por eso, ha solicitado a la Inspección de Trabajo que actúe para impedir cualquier “práctica de esquirolaje interno, organizativo o tecnológico” y depure las responsabilidades correspondientes.

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