La comisión de investigación sobre obra pública en Navarra ha vivido este miércoles 29 de abril su interrogatorio más breve, 40 minutos, y quizás la más improductiva. A los grupos parlamentarios les ha quedado claro que el exsecretario de Estado de Industria y Energía Alberto Nadal Belda en junio de 2015 se limitó a firmar un “puro trámite administrativo” del proyecto de Mina Muga impulsado por Geoalcali en Navarra y Aragón. “No fue una decisión política, es rutina administrativa”, ha insistido este economista, que actualmente es vicesecretario económico del PP.

El interrogatorio de Alberto Nada fue solicitado por el PSN porque la UCO sitúa el proyecto de Mina Muga como el inicio de la presunta trama del ‘caso Koldo’ y por ser el alto cargo que firmó la encomienda por la que los gobiernos de Navarra y Aragón delegaban en el Estado la coordinación administrativa de un proyecto minero que tenía cuadrículas en ambas comunidades autónomas. Esta encomienda se firmó en junio de 2015, es decir, tras las elecciones autonómicas y estando los gobiernos de Navarra (UPN) y Aragón (PP) en funciones. A lo largo de la comisión, los socialistas han sostenido el relato de que Yolanda Barcina y Luisa Fernanda Rudi habrían decidido dejar en manos del Gobierno de Mariano Rajoy este asunto ante la ausencia de expectativas de formar gobierno.

Nadal ha defendido que el expediente entró en la dirección general de Minas a finales de 2014 y el convenio se firmó en junio de 2015. “Son los plazos normales”, ha señalado.

Alberto Nadal ha aclarado que en aquella época firmaba cientos de expedientes y que Mina Muga era uno más. “Cuando me llegó la citación y me aclararon cuál era el motivo, lo primero que hice fue llamarle a mi antiguo jefe de gabinete y le pregunté ‘¿a ti te suena de algo Mina Muga?”, ha admitido el exalto cargo. Ha asegurado que no recuerda el nombre de Mina Muga ni el de Geoalcali ni le consta que mantuviera ninguna reunión con empresarios o políticos en relación con el proyecto minero. “¿Entonces firmaba las cosas sin leerlas?”, le ha preguntado Blanca Regúlez (Geroa Bai). Ha respondido que lo habitual es que la directora general le presentara el problema y la solución adoptada. “El secretario de Estado no firma nada si no viene acompañado del informe de la Intervención General del Estado y de la Abogacía del Estado”, ha añadido.

La comparecencia se ha convertido así en una pequeña clase magistral sobre la Ley de Minas y qué es una encomienda. Alberto Nadal ha contado que el proyecto de Mina Muga ocupaba cuadrículas en Navarra, en Aragón y otras en ambas comunidades. “Si hubiera sido una única autonomía, el Estado no interviene, pero en estos casos hace falta una declaración de impacto ambiental (DIA) única para que existan mayores garantías”. Así, el convenio firmado dice que se hace una tramitación de los permisos por separado pero con una DIA conjunta. “Es la parte que se queda el Estado, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente. Y una vez que termina se traslada a las partes para que sigan”, ha señalado. Ha recordado que la actual Ley de Minas es de 1973 y no tiene una división de funciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, los distintos estatutos de autonomía incluyen competencias mineras. “Intentamos respetar las competencias de Navarra y Aragón”, ha aclarado.

Alberto Nadal ha admitido que le ha sorprendido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha suspendido los permisos del Gobierno de Navarra al concluir que debía haberlo gestionado el Estado. “Se pidieron informes a la Abogacía del Estado y a los servicios jurídicos de Navarra y Aragón. Y son coincidentes, pero el Tribunal Superior no lo ha interpretado así. Honestamente entendíamos que gestionarlo todo desde el Estado era invadir competencias autonómicas”, ha afirmado.