Justicia
La fortuna de un millonario leonés, a juicio por un empadronamiento en Pamplona
El dueño de un imperio de autobuses de León vendido a Alsa, un expresidente del Eibar, un familiar de De Guindos y el abogado de un caso de paternidad de Julio Iglesias trufan el pleito por una herencia de 14 millones con el derecho foral navarro como clave


Publicado el 12/04/2026 a las 05:00
¿Fingió un millonario leonés su empadronamiento de alquiler en Pamplona para poder desheredar así a su único hijo biológico? Un juzgado madrileño tendrá que responder a esta pregunta tan novelesca para resolver si el demandante, un guipuzcoano de 51 años y que llegó a presidir el Eibar, tiene derecho a participar de la herencia de 14 millones que el empresario Antonio Fernández Díez, heredero de Autobuses Fernández, dejó tras morir en Madrid en 2021.
La historia está trufada de nombres muy conocidos. Defendido por el abogado Fernando Osuna, que se ha encargado de una demanda de paternidad a Julio Iglesias y la de Manuel Díaz El Cordobés , el guipuzcoano Álex Aranzábal sostiene que el empresario simuló un empadronamiento de un modesto piso de Pamplona entre 2001 y 2004 para acogerse a los beneficios del derecho foral navarro y no tener que dejar al menos un tercio de su herencia a su único hijo biológico, de una relación extramatrimonial, como exige el derecho común. Por eso reclama toda la herencia, o al menos el 66% (un tercio legítimo y un tercio de mejora), del patrimonio que en su día el empresario dejó a dos instituciones religiosas de León yZamora, un oculista de Oviedo que presidió la Fundación Princesa de Asturias, dos sobrinos y su albacea, un familiar del exministro Luis de Guindos que recibe 10.000 euros al mes.
El juicio quedó visto para sentencia este jueves y las particularidades del caso han roto con la discreción con la que el empresario leonés desarrolló toda su vida. Tal y como recogen el Diario de León y El Mundo, ‘don Antonio’ era un ingeniero que heredó el imperio de autobuses Fernández, empresa que vendió después a Alsa por 5.000 millones de las antigua pesetas, unos 30 millones de euros.
RELACIÓN EXTRACONYUGAL
Soltero y de vida casi monacal, la caza era una de las pocas pasiones conocidas del empresario, amigo íntimo de Fraga y otros altos cargos del PP. Fue así, en una de las cacerías en la que participaba la alta sociedad española de hace medio siglo, cuando Fernández conoció y mantuvo una relación extramatrimonial con Juana Mínguez, una mujer guipuzcoana que estaba casada con Imanol Aranzábal. De esta relación nació, hace 51 años, el ahora demandante.
La paternidad se llevó en secreto bajo una aparente relación de amistad de ‘don Antonio’ y la familia Aranzabal-Mínguez. Hasta que un día de 1999, mientras comían, Álex Aranzábal supo por boca de su madre que su padre biológico era Antonio Fernández, una idea que ya rondaba al joven desde la adolescencia. Una prueba genética y varias sentencias después, el Tribunal Supremo determinó en 2021 la relación de paternidad.
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Padre e hijo mantuvieron relación hasta el final y se vieron con frecuencia. Pero dos décadas antes de su fallecimiento, el empresario leonés ya había dado los pasos para excluir de su herencia a su hijo. El abogado Fernando Osuna cree que alguien debió de advertir en 2001 a Fernández de que si no hacía nada su único heredero sería Álex Aranzábal, así que su forma de evitarlo, sostiene, fue empadronarse en Pamplona. De este modo, amparado por el derecho foral navarros, que solo obliga a dejar a los hijos la legítima foral (sin valor económico), podía evitar que el guipuzcoano heredera gran parte de su herencia, tal y como rige el derecho común. Fernández se empadronó en régimen de alquiler en un modesto piso de la capital navarra entre 2001 y 2004. “No tiene lógica que alguien que tenía en Madrid un piso que era una mansión de casi 400 metros, con mayordomo y ama de llaves, y por el que pagaba 1.100 euros de gastos de comunidad al mes, se empadrone en un piso de Pamplona de 70 metros y por el que pagaba 100 euros de comunidad”, valora el abogado. Otro indicio de que el empadronamiento pudo ser fraudulento es que el empresario no tenía ningún vínculo social, económico ni empresarial con la Comunidad foral.
El empresario falleció en junio de 2021, casi con 90 años. Lo hizo de forma discreta, sin esquelas en los periódicos ni convocatoria de funeral para los conocidos. 48 horas antes de su fallecimiento, publicó El Mundo, ordenó modificar su testimonio. Pero en ninguna de las dos versiones aparecía Álex Aranzábal, que ahora reclama su parte.
En el juicio declararon cuatro testigos, entre ellos un detective que rastreó sin éxito la huella del empresario en Pamplona. Ahora será un juzgado el que decida sobre si esos 14 millones de su herencia están o no amparados por el derecho foral.