Más de la mitad de los casos atendidos por el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX) del Gobierno de Navarra en el año 2025 fueron denunciados por ciudadanos magrebíes. 

Un 33% de los 265 expedientes iniciados el año pasado tienen como protagonistas a personas marroquíes (como país de origen, no por nacionalidad) y un 21%, a personas argelinas. 

El tercer grupo con mayor representación, con un 10%, corresponde a personas originarias de Colombia, mientras que un 7% atañe a personas españolas de origen nacional racializadas (como los gitanos) o a personas racializadas y no racializadas de origen extranjero naturalizadas (que han adquirido la nacionalidad). Además, en 130 ocasiones los denunciantes son personas en situación administrativa irregular. 

Esos 265 casos suponen una cifra similar a la del año anterior (267) y notablemente superior a los 67 de 2023, año en el que se puso en marcha este servicio del Ejecutivo foral. 

Está gestionado por la Fundación Secretariado Gitano  y su propósito es la atención integral ante incidentes de odio racistas y xenófobos. 

Desde lo "más sibilino", como trato inadecuado en las gestiones del día a día, hasta puros delitos de odio que terminan siendo condenados por los tribunales. 

"Desgraciadamente, en Navarra continuamos con una importante tasa" de casos, destacó este martes la la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. 

A su juicio, la tendencia se explica por la "consolidación" de este recurso, de la mano de una "mayor concienciación" de la población en "la defensa de los Derechos Humanos fundamentales". 

"Se está perdiendo el miedo, la sociedad ya no permanece impasible ante ciertos hechos", valoró, acompañada por la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría. 

Sin embargo, esto convive con "el aumento de los discursos de odio" frente al inmigrante, propiciados por los partidos de extrema derecha, aquí y a nivel internacional. 

LOS CASOS QUE LLEGAN A LOS TRIBUNALES

El año pasado se experimentó una notable subida de los casos más graves. Del total (265), 30 casos fueron considerados como presuntos delitos de odio, casi el triple que los 12 de 2024. En 10 consta denuncia penal presentada ante las policías de Navarra o ante los juzgados de turno. 

Alfaro hizo mención a tres de los expedientes más relevantes que ha impulsado el Servicio. El primero, uno en el que uno matrimonio de Tierra Estella fue condenado por los delitos de odio, acoso y amenazas  por hostigar de forma continua a sus vecinos marroquíes.

El segundo, el de un representante de Vox Navarra que presuntamente difundió mensajes de odio en redes sociales, actualmente a la espera de juicio. "Esperamos que la Justicia condene a este miembro de la internacional el odio", dijo la vicepresidenta.

El tercero, el caso de un vecino de Baztan que envió cartas a empresas navarras instándoles a que contrataran solo a personas de origen nacional, unos hechos por los que fue condenado a dos años de cárcel, aunque, en un proceso de justicia restaurativa, pidió disculpas y no entró finalmente en prisión. 

En este sentido, Gurría destacó que la mediación restaurativa "es la herramienta más válida y eficaz para hacer frente a este tipo de delitos", y la que se busca impulsar.  "No se busca el punitivismo por el punitivismo, sino la concienciación sobre el problema”.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL MAYOR AGENTE DISCRIMINADOR

La memoria del SARX recoge que el mayor presunto agente discriminador es la Administración Pública, con un 35% de los casos. En el 28% de los casos fue la empresa privada y en el 20% restante, personas particulares. 

Igualmente, refleja que el 25% de los casos fueron producidos en el ámbito de las redes sociales y los medios de comunicación, el 21% en el acceso a servicios públicos y el 11% en sanidad y cuerpos de seguridad.

En cuanto al perfil de las personas atendidas en los casos en los que se trabajó con víctimas (196 de los 265), 54 personas afectadas (20%) son mujeres mientras que 129 casos (49%) correspondieron al sexo masculino y en 13 casos no se pudo determinar el sexo de las personas afectadas, por tratarse de casos colectivos. 

Por otro lado, la mayoría de casos (56) pertenecen a las edades comprendidas entre los 26 y los 35 años, seguidos de los tramos de edad entre los 18 y los 25 años (45 casos) y entre los 36 y los 45 años (28 casos).

En la memoria se advierte de la preocupación por la irrupción de menores de edad en el servicio, con 20 casos en total en 2025.

De los 265 casos totales, 159 se reportaron en Pamplona (60%) y 106, en Tudela (40%), siendo la media mensual de casos atendidos en 22,08 casos. Además, ha indicado, de estos un 43% fueron colectivos (114 casos) y el 57% restante (151 casos), individuales. De todos ellos, el 87% (230) ha sido cerrado en el mismo 2025, mientras que el 13% permanece en tramitación.

En cuanto a la modalidad de entrada de los casos, cabe señalar que el 56% de los casos se registraron de forma presencial, mientras que el 29,8% de manera telemática y el 14%, por vía telefónica. 

Igualmente, la mayoría de casos se registraron en Pamplona (67%) y Tudela (11%). Además, el 59% fueron casos derivados de entidades sociales (ONG, fundaciones y asociaciones) y el 41%, por la administración pública, principalmente de los servicios de la Dirección General de Políticas Migratorias. 

Alfaro volvió a mostrar el rotundo rechazo del Gobierno de Navarra a publicar los países de origen de las personas detenidas, una posibilidad "que se prohíbe expresamente" en la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. "Ni ayuda a prevenir ni ayuda a reducir los delitos. Por tanto, sólo contribuye a estigmatizar, tal y como han manifestado reiteradamente organismos internacionales". Por ello, la vicepresidenta abogó por que "no se produzca ningún cambio" en la norma, "aprobada hace sólo tres años y con ningún voto en contra".