La situación de más de un centenar de profesores de religión está creando un tira y afloja entre los socios de Gobierno. Mientras que PSN y Contigo llevan este jueves al pleno una proposición para derogar una Ley foral de 2022 que blindó los contratos de estos docentes tras ver reducidas sus clases a la mitad por la llamada Ley Celaá de Educación, Geroa Bai defenderá que se acepten sendas enmiendas a esta proposición para intentar salvaguardar sus derechos. 

UN RÉGIMEN "TRANSITORIO"

Así, Geroa Bai va a proponer que la derogación de la norma de 2022 (aprobada entonces por Navarra Suma y Geroa Bai) se acompañe de un “régimen transitorio” que garantice el mantenimiento de los derechos laborales del colectivo. Según la propuesta de Geroa Bai, la Administración foral no podrá extinguir su relación laboral con el personal docente de religión que, a la fecha de la entrada en vigor de la Ley Foral, mantuviera una relación laboral de carácter indefinido.

De la misma manera, se plantea que las posibles modificaciones de jornada que pudiera derivarse de la evolución de las necesidades docentes se ajusten a la legislación laboral vigente, garantizando los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación. En la enmienda registrada por Geroa Bai se plantea también que el departamento de Educación pueda reorganizar destinos y funciones de este profesorado, dentro del marco normativo aplicable, “y siempre que esos cambios no supongan un menoscabo de sus derechos laborales ya consolidados”.

Asimismo, la propuesta incluye que la derogación de la Ley garantizará que, el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que, en el año de entrada en vigor de la Ley, cumplan 55 años de edad, mantenga íntegramente las condiciones de sus contratos, su jornada y la estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia. 

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Según Educación, en la actualidad hay 111 docentes de religión, aunque la carga lectiva que existe alcanza sólo a 68. El resto realiza otras tareas que son asignadas por las direcciones de los centros con un coste de algo más de 2 millones de euros para las arcas forales.