El Gobierno de Navarra va a reforzar el control de la renta garantizada y desde el primer momento realizará un seguimiento personalizado de los perceptores para su inclusión social y laboral.

La nueva directora general de Protección Social del departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo, Miriam Martón, ha presentado este martes en el Parlamento las grandes líneas que marcarán una reforma que esperan ya tener concretada para el siguiente trimestre, es decir, entre abril y junio. Ha señalado que antes de traer la propuesta a la Cámara, la trabajarán con sus socios de Gobierno.

Martón ha comparecido a petición del PP para abordar este tema. Hay que recordar que en enero hubo un relevo en esa dirección general, precisamente con el objetivo de que su actual responsable liderara esta reforma en la que se ha comprometido personalmente la presidenta María Chivite, es decir, la parte socialista del Ejecutivo.

Su principal problema estará en convencer a sus socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Navarra, y a su socio externo, EH Bildu, grupos que en la legislatura de 2015-2019 aprobaron este modelo de renta garantizada que no quieren modificar, sino únicamente reforzar.

PRINCIPALES LÍNEAS DE LA REFORMA DE LA RENTA GARANTIZADA EN LA QUE TRABAJA EL GOBIERNO

La directora general de Protección Social ha detallado algunas de las líneas que recogerá la reforma que están ultimando.

1. En primer lugar, se va a trabajar en activar el derecho a la inclusión. Se hará o por la voluntariedad de los perceptores, como ya recoge la ley, o a partir del momento en el que se reconozca al beneficiario el derecho a percibir la renta garantizada.

Así, en cuanto se reconozca el cobro de esta prestación, se activará el derecho a la inclusión social del beneficiario y se identificará si esa persona debe iniciar un itinerario social, laboral o sociolaboral. Se pondrán a su disposición todos los recursos públicos necesarios para llevar a cabo el que sea más conveniente, ha detallado la directora general. El perceptor de la renta deberá contribuir a elaborar su itinerario y tendrá la obligación de participar activamente en todo el proceso.

Existirá una garantía de inclusión que asegurará que se atenderá a estas personas en un plazo determinado y se les ofrecerán los servicios necesarios para mejorar su inclusión social y/o laboral, es decir, ambos o uno de los dos según las circunstancias de la persona, ha añadido.

2. Se va a mejorar la gestión de la renta garantizada y del Ingreso Mínimo Vital, ya que hay ahora “elementos que dificultan enormemente una gestión eficaz y ágil de la complementariedad de ambas prestaciones”, ha señalado. Pretenden que estas se armonicen y complementen mejor.

3. Otra línea de la reforma es mejorar la eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo y de los mecanismos de seguimiento y control. Para ello han partido de las recomendaciones de las unidades gestoras y de la Cámara de Comptos, ha detallado Martón. Estos son algunas de las actuaciones que quieren recoger en la reforma:

- Se incrementarán los mecanismos de gestión para mejorar la gestión y el seguimiento.

- Mejorarán la identificación de situaciones de no disponibilidad para un trabajo de demandantes de empleo.

- Aumentarán las medidas de control y seguimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias.

- Van a mejorar también el procedimiento anual de renovación de la prestación.

MENOS BUROCRACIA, PARA QUE LOS PROFESIONALES SE CENTREN EN SU LABOR Y TENGAN QUE DEDICAR MENOS TIEMPO AL PAPELEO

Son algunos de los cambios que ha planteado Martón, destacando la necesidad de reducir la burocracia en torno a esta prestación, para que los profesionales dediquen “menos tiempo al papeleo y más a garantizar el derecho de inclusión y el establecimiento de itinerarios de intervención y empleabilidad, que es lo que realmente ayuda a la inserción y a las personas”, ha señalado, además de que es preciso “mejorar los mecanismos hacia la empleabilidad en los casos en los que sea posible”.

El Gobierno pretende hacer prevalecer el derecho a la inclusión social desde el momento en el que se activa el derecho al cobro de la renta garantizada. Hoy se activa al año de percepción. “Se reforzarán tanto los derechos como las obligaciones de las personas perceptoras de la renta garantizada en relación con la inclusión social y la empleabilidad”, ha insistido Martón.

Ha explicado que el propósito general de estos cambios es orientar la norma para mejorarla, “sin dejar desprotegidas a las personas en situación de pobreza”.

DATOS DE LA RENTA GARANTIZADA EN NAVARRA

La renta garantizada es una prestación que da Navarra a personas que no tienen unos ingresos mínimos. Es complementaria a otras prestaciones, como el ingreso mínimo vital (IMV). En 2024, la recibieron 16.758 unidades familiares, alcanzando en total a 36.249 personas. Supuso un gasto de 111 millones de euros.

Citando datos de la memoria del año 2024, la renta garantizada en Navarra “protege a casi 14.000 niños y niñas”, ha recalcado Miriam Martón. Da cobertura a 1.419 mayores de 65 años que ya no pueden trabajar. Además, ha indicado que 6 de cada 10 solicitantes son mujeres y un 28% de las familias son monoparentales o monomarentales.

Compatibilizaban la renta garantizada con el trabajo 4.669 personas que accedieron a 10.531 contratos, ha añadido.

Además, ha incidido en que el 70% de las unidades perceptoras permanecen en la renta garantizada “menos de tres años”, lo que “contradice”, ha recalcado, las voces que hablan de “cronificación” en la prestación.

Ni sí ni no, sino un ya veremos. Esta vino a ser la respuesta que Geroa Bai y Contigo Navarra dieron a las líneas expuestas por la directora general de Protección Social, Miriam Martón, sobre los cambios de la ley que regula la renta garantizada (RG) que está ultimando la parte socialista del Gobierno. 

Isabel Aramburu (Geroa Bai) y Carlos Guzmán (Contigo) coincidieron en que no es necesario cambiar la ley para reforzar la inclusión laboral de los perceptores de la RG, ya que basta con desarrollar la norma actual en lo relativo a los estímulos al empleo. Y destacaron que darán su opinión sobre lo avanzado por Martón cuando conozcan la propuesta.

La ley que la parte socialista impulsa cambiar se aprobó en la legislatura del Gobierno de Uxue Barkos (2015-2019), con el apoyo de los que hoy forman Geroa Bai, Contigo y EH Bildu.

Aramburu recalcó que Geroa Bai pide “algo tan simple” como que se cumpla el acuerdo programático. “No firmamos que se cambie” el modelo, “sino que se consolide”. Destacó que las mejoras que se necesitan requieren aumentar los recursos. Y que el primer paso es cumplir “mínimamente los plazos”.

Geroa Bai exigirá que la reforma que se plantee esté bien sustentada técnicamente y tenga el objetivo de aumentar, de mejorar la prestación, dijo. Insistió en que la RG no suple a las políticas de empleo, sino que es la última protección para quienes no tienen recursos personales e ingresos suficientes.

Carlos Guzmán, de Contigo Navarra, advirtió que no van a consentir que “bajo la excusa de la mejora se escondan hachazos” en la prestación. Señaló que se puede abordar el reducir la carga burocrática o reforzar los equipos que trabajan en la RG, pero no están dispuestos “a mover una sola coma desde una perspectiva restrictiva”.

EH Bildu se mostró más receptivo. Javier Arza destacó que coinciden “en gran parte” con las medidas avanzadas. Defendió el actual modelo, pero reconoció que la RG “precisa de una revisión y de una actualización” y que además de empleo hay que acompañar con otras medidas.

UPN y PP sostienen que el actual modelo de renta garantizada (RG) no funciona y hay que cambiarlo. Ambos cuentan para ello con sendas propuestas.

UPN plantea reducir la prestación, que en líneas generales se limite a tres años y que se refuercen el control y los mecanismos para la inserción laboral de sus perceptores, entre otros puntos, como recordó su parlamentaria Raquel Garbayo. Indicó que ese es su modelo, aunque hay cuestiones en las que pueden coincidir con el Ejecutivo. No obstante, sostuvo que será difícil que los socios del Gobierno lleguen a un acuerdo en este tema.

El PP presentará su propuesta en abril. La parlamentaria Maribel García Malo destacó que se necesita “un cambio radical y completo que oriente la renta garantizada directamente a la inclusión laboral y sea eficiente con el dinero público” .

Afirmó que tras escuchar a Miriam Martón, no ve que vaya a cambiar el actual modelo. “Habla de introducir mejoras, pero siempre dentro del marco actual, cuidando no incomodar a quienes consideran este sistema como intocable. En definitiva, ajustes sí, pero sin cambiar lo esencial. La sensación es que el Gobierno no cambia porque no puede, no porque no quiere”.