El 'caso Cerdán' en Navarra
Detenido el ingeniero que desatascó la concesión de la licencia medioambiental a Mina Muga
Eugenio Domínguez, ex alto cargo de Transición Ecológica, y el dueño de Forestalia han sido arrestados por posible corrupción en renovables
Actualizado el 04/03/2026 a las 08:16
Eugenio Domínguez Collado, uno de los seis detenidos ayer en el marco de la ‘Operación Peserte’, por la que investiga el posible cobro de mordidas al grupo aragonés Forestalia a cambio de favorecer la tramitación de proyectos de energías renovables en Teruel, fue también el encargado de proponer la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto minero de Mina Muga en Navarra.
Junto a Domínguez, fue detenido ayer en Zaragoza el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia. La agencia de noticias Colpisa especificó ayer que los investigadores le atribuyen a Eugenio Domínguez, hombre de confianza de la que fue ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por, supuestamente, haber recibido mordidas cambio de facilitar la tramitación de permisos para parques eólicos de Forestalia.
Forestalia es una firma que está bajo la lupa de la UCO por sus muchas conexiones con Antxon Alonso y Servinabar.
EL INGENIERO QUE DESTAPÓNÓ LA LICENCIA DE MINA MUGA
Este proyecto minero situado entre Navarra y Aragón constituyó el génesis de la relación entre Acciona y Servinabar, la empresa que la investigación judicial atribuye a Santos Cerdán y Antxon Alonso y que se habría constituido para el cobro de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública.
Antxon Alonso constituyó Servinabar el 4 de septiembre de 2015. Doce días después, el 16 de septiembre, Alonso y Justo Vicente Pelegrini (como apoderado de Acciona) firmaron un acuerdo marco de colaboración empresarial que marcaría las bases de todos los proyectos en los que fueron de la mano Acciona y Servinabar. Geoalcali encargó ese año a Acciona el proyecto de construcción de la mina, en sociedad con Servinabar, y le otorgó la encomienda de resolver expedientes sobre la futura mina ante el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Aragón, puesto que el proyecto había que tramitarlo ante esas tres instancias.
Es aquí donde el ayer detenido, Eugenio Domínguez, quien ocupaba la subdirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, jugó un papel decisivo en el impulso del proyecto de Mina Muga.
“SOLOS NO LLEGAN NI A LA ESQUINA”
Esta situación la pone de relieve uno de los informes de la UCO, donde se recoge un episodio que ocurrió tras la obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) de Mina Muga en mayo de 2019. Dicha declaración era fundamental para desatascar la tramitación del proyecto minero y se obtuvo al poco de desembarcar José Luis Ábalos como ministro de Fomento con Koldo García de asesor.
Por aquellos días, Antxon Alonso remitió un artículo de prensa al que fuera director de Construcción de la compañía Acciona, Justo Vicente Pelegrin, en el que se hacía referencia a la obtención de dicha declaración de impacto ambiental. “Solos no llegan ni a la esquina”, le dijo Antxon Alonso en lo que la UCO infiere que es una alusión a que la empresa Geoalcali habría necesitado de sus contactos para obtener la aprobación de ese trámite. Y la encargada de proponer la declaración de impacto ambiental en el Ministerio no fue otra que la subdirección general de Evaluación Ambiental, en aquella época dirigida por el ingeniero Eugenio Domínguez, como así lo atestigua la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 21 de junio de 2019.
EL MODUS OPERANDI DE LOS DETENIDOS
Según fuentes de la investigación, los agentes han logrado “desentrañar el entramado societario” que habría servido para canalizar los pagos. Domínguez, que tras su jubilación fue contratado al máximo nivel por la Secretaría de Estado, habría actuado “a cambio de una contraprestación económica” para influir de manera irregular en la emisión de determinadas declaraciones de impacto ambiental, requisito imprescindible para la autorización de proyectos eólicos y fotovoltaicos. La investigación se centra en la “posible manipulación” de esas declaraciones, especialmente en la provincia de Teruel. Los agentes sospechan que, para mover el dinero y ocultar su origen, los implicados habrían utilizado “varias sociedades interpuestas”, así como la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.
ANTXON ALONSO ASESORÓ A FORESTALIA PARA UNA INVERSIÓN EN NAVARRA
Forestalia impulsó en 2022 la construcción de una línea de alta tensión entre Zaragoza y Gatika (Vizcaya) que pasaba por Navarra, desde Carcastillo a Alsasua, atravesando 32 municipios. El objetivo de esta infraestructura era evacuar la producción eléctrica de sus plantas de renovables de Aragón hacia el País Vasco. El proyecto avanzaba favorablemente hasta que en octubre de 2025 el Ministerio de Transición Ecológica revocó uno de los permisos en tierras aragonesas. El Gobierno de Navarra se opuso al proyecto y presentó alegaciones al ministerio.
El presidente de Forestalia, Fernando Samper, detenido ayer, acudió al Palacio de Navarra el 6 de noviembre de 2023 para hablar de esta línea de alta tensión con el entonces vicepresidente Félix Taberna y con el consejero de Desarrollo Rural, José María Aierdi. A esta reunión asistió el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, que al parecer ejercía como asesor de la empresa de renovables. También estuvieron presentes tres directivos de Forestalia: Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.
Ontañón y Marruedo han tenido cargos de responsabilidad en gobiernos de Aragón de distinto signo político y son claros ejemplos de puertas giratorias. Esta reunión fue a petición de Forestalia, según dijo Aierdi en respuesta a una pregunta de UPN. “El objeto de la reunión fue analizar las autorizaciones administrativas estatales al proyecto de despliegue de líneas de alta tensión que promueve este grupo”, señalaba el escrito del consejero. Además de asesorar a Forestalia, Antxon Alonso también mantuvo negocios con empresas de este grupo de renovables. Alonso fue administrador único de Next Generation Caliope Innova SL. Esta sociedad tenía entre sus activos dos parques fotovoltaicos promovidos por filiales de Forestalia en Teruel y que obtuvieron la declaración de impacto ambiental en 2022, cuando otro de los detenidos ayer, Eugenio Domínguez, estaba en el Ministerio de Transición Ecológica.
