El quinto jefe en menos de tres años. La sección de Régimen Jurídico y Previsión Social del Gobierno de Navarra está sumida en una inestabilidad casi permanente en esta legislatura, y lo hace en el seno de un departamento también agitado por los cambios en su dirección general e incluso en la titularidad de la propia cartera, donde Inmaculada Jurío ha tomado el relevo a Amparo López. 

Es cierto que la dirección de Función Pública asume una importante gestión, con una plantilla de 30.000 personas, a la que en los últimos años ha añadido el reto de poner en marcha 388 procesos de estabilización que han permitido dar fijeza a 3.548 plazas de empleo temporal. A ello ha tenido que sumar el reto de negociar el nuevo Estatuto de Personal tareas en las que también han aflorado las tensiones, como ha ocurrido en algunos momentos en la Sección de Régimen Jurídico, sacudida desde el inicio por ceses y dimisiones.

Primero, fue Cristina Zozaya Iribarren quien cesó al frente de la dirección de esta sección a petición propia el 20 de septiembre de 2023, apenas aterrizado el nuevo equipo de Función Pública dirigido por Rashid Mohamed y con Amparo López al frente del departamento. Tras la marcha de Zozaya, fue designado al frente de la sección Alfredo Prado Santamaría quien el 28 de febrero del año siguiente, cuando apenas llevaba cinco meses en el cargo, cesó también a petición propia. 

Juan Antonio Sola sucedió a Prado en el cargo en marzo y presentó  su dimisión en solo mes y medio. Su marcha se produjo en medio de la polémica que se vivía en el seno de la dirección de Función Pública tras la anulación de parte del proceso de estabilización de 396 plazas de administrativo por un error en la inclusión de siete plazas. A él le sucedió Pedro Jiménez Palacios, quien acaba de cesar a petición propia para incorporarse al puesto de secretario de la Delegación del Gobierno.

En medio de toda esta agitación, semanas atrás se produjo también el cese a petición propia de Nuria Esteban Moriones como jefa de la Sección de Gestión Presupuestaria, del Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas un cargo de especial relevancia. Pero con anterioridad hubo otros ceses y dimisiones de jefaturas de sección en este área, aunque los más sonados fueron el cese de Rashid Mohamed al frente de la dirección de Función Pública, cargo en el que fue relevado por Gloria Alarcón en septiembre de 2025. Quien ordenó su cese fue la consejera Amparo López, que a su vez sería cesada meses después por Chivite, en enero de 2026, por la necesidad de dar un "impulso" a la acción de Gobierno. A Amparo López también se le agradecieron los servicios prestados y tomó su relevo Inmaculada Jurío.