Adjudicaciones
La Intervención concluye que cuatro contratos de obras en Sendaviva se debieron licitar en uno solo y por el procedimiento abierto
Los cuatro fueron adjudicados por el procedimiento simplificado a la misma empresa, Adentro Construimos, y financiados con una subvención del Gobierno, que debe ahora pedir el reintegro parcial del dinero a Parquenasa, propietaria del parque


Publicado el 24/02/2026 a las 05:00
La Intervención General del Gobierno navarro concluye que los cuatro contratos de obras en Sendaviva que fueron adjudicados por el procedimiento simplificado a una misma empresa, Adentro Construimos, “debieron ser objeto de licitación conjunta” y, por tanto, el procedimiento de contratación “debería haber sido abierto” a quienes hubiesen querido concurrir. Sostiene que utilizar los cuatro procedimientos simplificados fue improcedente.
Las obras fueron financiadas con la subvención que dio el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física (INDAF) en 2023 a Parquenasa, empresa propietaria del parque. La subvención total ese año fue de 5,84 millones. El INDAF, cuyo director gerente es el socialista Jorge Aguirre, depende del departamento de Cultura, Deporte y Turismo de la consejera Rebeca Esnaola.
La Intervención General se encarga de controlar que el gasto público se ajusta a la normativa. En su informe, ve indicios de que ha habido un incumplimiento de la resolución que fijaba las bases de la concesión de esa subvención, aunque es “parcial”, porque la ejecución de las obras se realizó correctamente. Pide al INDAF que, una vez se cuantifique el impacto económico del incumplimiento, pida el reintegro del dinero a Parquenasa.
El Gobierno ya ha hecho público el informe, después de que el 13 de febrero la consejera Esnaola desvelara su existencia y leyera solo una parte. La consejera dijo que iniciarían el expediente de reintegro en cuanto se fije la cantidad económica. No descartó que Parquenasa presente alegaciones y finalmente sea la justicia la que resuelva este asunto.


Parquenasa está formada en un 55% por socios privados (Grupo la Información, editora de 'Diario de Navarra', Criteria de Caixabank y el que era un grupo constructor, Grupo Sanzol). El otro 45% es de NICDO, sociedad pública que depende del departamento de Esnaola, y que es administrador único de esta sociedad.
El Gobierno impulsa que Parquenasa sea 100% pública.
UNAS ADJUDICACIONES EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y EN LOS TRIBUNALES
Las obras forman parte de las que se realizaron tras el incendio que sufrió Sendaviva en 2022. UPN denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción un posible fraude de ley en la licitación de cuatro de esas obras, al sostener que se habían fraccionado en 4 contratos, para que cada uno no llegara a los 200.000 euros (las adjudicaciones rondan los 198.000 sin IVA), para poder adjudicarlos por el procedimiento simplificado y no abierto.
La Oficina abrió una investigación al apreciar “presuntas irregularidades”, pero la ha suspendido, de momento, porque el asunto está en los tribunales. Vox denunció esos contratos, poniendo de relieve que la adjudicataria es la empresa que reformó la sede del PSN y el piso del que fue su número dos, el parlamentario socialista Ramón Alzórriz.
LA INTERVENCIÓN GENERAL DETECTA IRREGULARIDADES
La Intervención General ha elaborado este análisis, porque la resolución con la que el director general del INDAF cerró el expediente de la subvención a Parquenasa de 2023 no contó con un informe de fiscalización previo, algo que es preceptivo, es decir, obligatorio. Por eso es un informe de omisión de fiscalización.
Concluye que “a la vista de las irregularidades detectadas a lo largo de la tramitación del expediente, no es posible convalidar la resolución cuya fiscalización ha sido omitida”. Por eso, pide al INDAF que incoe el expediente de reintegro por “incumplimiento parcial” de las obligaciones que debía cumplir Parquenasa, beneficiaria de la subvención.
Los cuatro contratos “debieron ser objeto de licitación conjunta”, y, por tanto, el procedimiento de contratación debió ser abierto, con su preceptiva publicación en el Portal de Contratación de Navarra, “en lugar de los cuatro procedimientos simplificados”, destaca la Intervención General.
Argumenta que las cuatro obras tienen un objeto “muy similar, la realización de obras de ingeniería civil de análogas características”. Pone de relieve que las cuatro se adjudicaron a la misma empresa, después de haber invitado a participar a las mismas 5 constructoras. Señala que dos obras (las fases 1 y 2) se licitaron en noviembre de 2024 y solo dos de las cinco empresas presentaron ofertas. Un mes después se licitaron las fases 3 y 4 “invitándose a las mismas cinco empresas, cuando ya se conocía” que 3 de ellas no estaban interesadas en la obra”, lo que “constituye un claro indicio de que estos procedimientos no se llevaron a cabo de forma ortodoxa”.
El informe destaca que las cuatro obras se llevaron a cabo en el mismo momento temporal (se licitaron en noviembre y diciembre de 2023 y se ejecutaron en el primer semestre de 2024). Además, indica que están dentro del mismo proyecto, el de restaurar el parque tras los incendios de 2022 y previa reflexión estratégica sobre el futuro de Sendaviva, “por lo que en su conjunto responden a una única unidad económica, funcional y operativa”.
EL IMPORTE MÁXIMO PERMITIDO: INDICIO DE RIESGO DE POSIBLE FRACCIONAMIENTO INDEBIDO
El informe constata cómo las cuatro obras se licitaron por el importe máximo permitido para los procedimientos simplificados (200.000 euros), “constituyendo un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido”.
La beneficiaria de la subvención ha defendido que son proyectos independientes. El informe señala que en el caso de ser susceptibles de ejecución diferenciada, “podría haberse previsto su licitación por lotes”, pero tomando como valor estimado el importe de los mismos, lo que habría exigido un procedimiento de adjudicación abierto. Es decir, serían lotes diferenciados de una misma licitación.
Tampoco considera que se puedan justificar los cuatro contratos en la necesidad de iniciar las obras cuanto antes para poder cobrar la subvención de 2023. Cita la doctrina administrativa para señalar que si el contrato debía ser uno solo, dividirlo sería un fraccionamiento indebido, haya o no una intención de eludir los requisitos que exigen los contratos según su importe.
EL GASTO FINAL EN CADA OBRA SUPERÓ LOS 200.000 EUROS
Tras la adjudicación por importes “extremadamente próximos a los 200.000 euros”, al final se gastó un 9,5% más, rondando los 218.000 euros cada obra. La Intervención General destaca que aun en la hipótesis de considerar correcto que las cuatro obras se pudieran licitar de manera independiente, los procedimientos simplificados seguidos no se ajustan a la Ley foral de Contratos Públicos, porque superaban los 200.000 euros y se debió acudir a un procedimiento abierto.
Además, considera “claramente cuestionable” que, como señaló Parquenasa, fueran modificaciones debidas a “imprevistos”, ya que se dan en todos los casos y por un importe máximo muy próximo al límite permitido (un 10%). Afirma que las obras se contratan a un precio cerrado, “por lo que, de exigir imprevistos, estos deberían contemplarse de forma muy excepcional y justificada, máxime cuando es también la encargada de realizar el proyecto y la dirección de obra”.
Añade que la resolución del director gerente del INDAF por la que se abonó la subvención de 2023, al referirse a las facturas por la redacción de los proyectos ponía de relieve que consideraba las cuatro inversiones parte de “un mismo proyecto”.