La entidad Incluye, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, con el apoyo del Servicio de Convivencia y derechos humanos del Gobierno de Navarra, ha presentado los resultados del 'Informe sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Personas con Discapacidad Intelectual', en el que analiza las "barreras existentes", las buenas prácticas que se están desarrollando y propone medidas concretas para "garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en igualdad de condiciones".

Según explica en una nota de prensa, "el estudio confirma que, pese a contar con un marco normativo sólido, el acceso real a la justicia sigue siendo desigual". Entre las principales "barreras" detectadas destacan un uso de lenguaje jurídico "complejo y escasamente accesible", apoyos comunicativos "no generalizados", como la lectura fácil o la figura del facilitador procesal, dificultades para "garantizar una participación activa de las personas con discapacidad intelectual", ritmos y procedimientos "poco flexibles", y una formación "desigual" de los distintos profesionales.

Las personas con discapacidad intelectual valoran especialmente los apoyos como la lectura fácil, el facilitador procesal y el acompañamiento de personas de confianza, "que mejoran significativamente su comprensión, seguridad y participación". Los grupos de interés participantes han sido: personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, familias, operadores jurídicos, abogacía, cuerpos de seguridad y entidades del ámbito de la discapacidad.

El informe propone "tres grandes líneas de mejora". En el ámbito normativo propone el desarrollo reglamentario de la figura del facilitador procesal en Navarra, el establecimiento de "protocolos comunes de coordinación", la creación de mecanismos de evaluación de los ajustes aplicados y la "consolidación y financiación estable" de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI). Por otro lado, pide formación "específica y práctica" para operadores jurídicos y cuerpos de seguridad en discapacidad intelectual, detección y accesibilidad cognitiva.

En materia de accesibilidad, propone un "uso sistemático de apoyos y ajustes de procedimiento", materiales accesibles en todas las fases judiciales, "validados por personas con discapacidad intelectual", la adaptación de espacios, tiempos y lenguaje, y la intervención del facilitador procesal "como norma general".