Belate y el 'caso Cerdán' volverán a marcar la política navarra en 2026

“No me harán caer, no lo van a conseguir. Pierdan toda esperanza de hacer caer a un gobierno ejemplo y baluarte de progreso”. La presidenta María Chivite ha lanzado con insistencia este mensaje a los grupos de la oposición, recalcando que su Ejecutivo es “honesto” y que no se va a encontrar “ningún indicio de corrupción” que le afecte, por lo que no hay motivos para su dimisión. Ese el resumen de la posición con la que inicia 2026 la presidenta del Ejecutivo de coalición del PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra. Su objetivo es resistir, pese a las dudas que rodean a la adjudicación de los túneles de Belate y a sus sobrecostes, y las acusaciones contra el que fue una de las personas de su círculo de confianza y durante años prácticamente su delegado en Madrid, el exdiputado del PSN Santos Cerdán, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Un caso que puede tener ramificaciones en Navarra, por la presunta participación de Cerdán en Servinabar, firma adjudicataria de obras públicas en UTE con empresas como Acciona, la última, la duplicación del túnel de Belate que se está construyendo en estos momentos. La oposición reitera que esta es ya una legislatura acabada y hay que dar la voz a los ciudadanos. “No convoca elecciones porque sabe que dejará de ser presidenta”, sostenía la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en su balance del año, centrado en que “la sombra de la corrupción va a castigar a María Chivite” como “ha castigado a Pedro Sánchez” en Extremadura. JUNIO CONVIRTIÓ 2025 EN UNA PESADILLA PARA CHIVITE Lo cierto es que 2025 no empezó mal para la presidenta navarra y su círculo político. Cerdán estrenaba año nada más ser reelegido secretario de Organización del PSOE, pese a que ya empezaban a salir a la luz informaciones que apuntaban a su posible vinculación con la presunta trama de corrupción en la que estaban siendo investigados su antecesor en la secretaría de Organización del PSOE, el exministro José Luis Ábalos, y el que fue su asesor Koldo García, que llegó a Madrid de la mano del político navarro. En el estreno de 2025, María Chivite acababa de cumplir 10 años como secretaria general del PSN sin ninguna oposición interna. En marzo era reelegida para otros cuatro años más, en un congreso regional que mostró un contundente respaldo a Cerdán, encargado de pronunciar el discurso con el que se abrió. La cúpula del PSN cerró filas con el político de Milagro ante esas informaciones que calificaban de “mentiras, falacias y acusaciones falsas” y que colocaban al diputado en el centro de un supuesto informe que estaba elaborando la Guardia Civil. Los dirigentes socialistas atribuían lo que se iba conociendo a una “cacería”, al “barro” a la “derecha política y mediática” y a fake news. Por otro lado, ese congreso regional del PSN aupó aún más en el partido al portavoz parlamentario del PSN y hasta ese momento su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, que fue elegido vicesecretario general, reafirmando su papel de número dos de Chivite. Sin embargo, llegó junio y 2025 se convirtió en una pesadilla para la líder socialista y presidenta. Ni eran mentiras ni acusaciones falsas ni había cacería alguna. El “supuesto” informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil era real. Además, la UCO encontró en casa del empresario Antxon Alonso el famoso documento privado en torno a la venta en el año 2016 del 45% de la propiedad de la empresa Servinabar a Cerdán. El 18 de junio, el mismo día que salió a la luz pública ese documento, en la sede del PSN Ramón Alzórriz convocaba a los periodistas para anunciar su dimisión como número dos del partido y como portavoz parlamentario. Desveló que su pareja trabajó para Servinabar entre 2021 y 2024. Alzórriz aseguró que se lo había comunicado ese día a la presidenta Chivite y que por eso esta había perdido confianza en él, lo que le llevó a dejar sus cargos. Eso sí, sigue con su escaño y además en septiembre el PSN decidió que fuera su portavoz parlamentario en la comisión de Interior, Función Pública y Justicia. La UCO está ahora trabajando en un informe centrado en el patrimonio de Santos Cerdán, tras el que hizo sobre pagos y contrataciones de Servinabar al socialista navarro y familiares de este y en torno a las vinculaciones entre esa empresa y Acciona. EL SOBRECOSTE DE BELATE, PUNTO DE DESCONFIANZA La adjudicación de la obra de Belate está siendo analizada en la comisión de investigación que se ha creado en el Legislativo y cuyos trabajos seguirán marcando la actividad política de la Cámara desde el inicio de este 2026, ya que se retomarán el 13 de enero. En relación con Belate, está previsto que el próximo día 9 comparezca en la comisión de Régimen Foral del Parlamento la presidenta María Chivite, a petición de UPN, para explicar su posición ante el demoledor informe del Interventor General del Gobierno en torno a los sobrecostes que aprobó Obras Públicas en las obras de duplicación del túnel de Belate. Ese análisis concluyó con un reparo suspensivo, argumentando que el modificado carece de los requisitos legales que debe cumplir y si se avanza con él eso podría causar “quebrantos económicos a la Hacienda pública”. La gravedad del informe ocasionó una crisis de confianza entre los socios del Gobierno. El primero en manifestarlo y pedir responsabilidades políticas fue Geroa Bai. El intento de cerrar esa grieta le costó el puesto al director general de Obras Públicas, Pedro López. Todavía no se ha nombrado a quien le sucederá. RETOS: LA SANIDAD Y LA RENTA GARANTIZADA Además de hacer frente a los acontecimientos que se están sucediendo en torno a la trama del caso Cerdán, el Gobierno debe hacer frente a la gestión diaria. El acceso a la sanidad navarra, con el problema de las listas de espera, seguirá centrando debates y comparecencias parlamentarias, dado que continúa siendo uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos y que, por tanto, tiene que afrontar el Ejecutivo de María Chivite. En 2025, las listas de primera consulta rondaron todo el año los 60.000 pacientes. Está pendiente además la reforma de las urgencias rurales y la futura ley foral de Salud. Otro asunto que el Ejecutivo debe abordar es la situación de la renta garantizada que reciben aquellos ciudadanos que no cuentan con unos ingresos mínimos para vivir. La presidenta lleva meses anunciando que van a presentar una reforma de la ley, con el fin de “reforzar la inserción laboral” de las personas que perciben la prestación. No obstante, este tema ha suscitado un debate interno con sus socios que deberá solventar. El hecho es que Chivite apuntó que la modificación será debatida y aprobada a lo largo de 2026. POLICÍA FORAL DE TRÁFICO Y AMEJORAMIENTO Otro tema pendiente es el refuerzo de personal que necesita Policía Foral en Tráfico para poder asumir en exclusiva la vigilancia y control de las carreteras. Mientras no tenga los efectivos necesarios, seguirá realizando esa tarea de forma compartida con la Guardia Civil. El 14 de enero comparecerá en el Parlamento la consejera de Interior, Amparo López, para informar sobre la situación de esta competencia. Por otro lado, este enero retomarán el trabajo los parlamentarios que integran la ponencia que aborda una posible reforma del Amejoramiento y que en los meses de actividad que lleva ha pasado prácticamente desapercibida. El 16 de enero tiene previsto recibir nuevas comparencias, empezando por la de Manuel Piquer, presidente de la Confederación Empresarial Navarra.

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