UPN desveló esta semana en el Parlamento de Navarra la existencia de una denuncia anónima sobre las presuntas maniobras del departamento de Cohesión Territorial para evitar que el secretario de la mesa de Belate, Lorenzo Serena, ocupara una plaza en la sección de régimen jurídico y “evitar que controle jurídicamente los contratos del director general de Obras Públicas”, Pedro López, cesado este mes por los sobrecostes en las obras del túnel. Estas supuestas maniobras consistieron en instar a una persona que tenía mejor puntuación a pedir una plaza concreta en un concurso de traslado y amortizar otra plaza que a última hora quedó vacante y que debía haberse ofrecido.

Según esta denuncia, se trataría de una represalia más contra Lorenzo Serena, el letrado que denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción las irregularidades en la adjudicación de Belate. Esta misma oficina resolvió que el traslado que sufrió Serena al polígono de Landaben fue un acto de represalia.

Durante la licitación de las obras del túnel de Belate, Serena llevaba casi tres décadas con contratado laboral sin plaza de funcionario. En el proceso de estabilización de plazas, a mediados de 2024, tuvo que elegir plaza fuera de Cohesión Territorial porque en este departamento no había opciones. En marzo de 2024 se marchó a la dirección general de Medio Ambiente.

En noviembre de 2024 se publicó el concurso de traslados de técnico de administraciones públicas (TAP) rama jurídica. Entre las plazas ofertadas estaba la 7270 de la secretaría general técnica de Cohesión Territorial, es decir, donde había estado trabajando Serena. “Creemos de que en Cohesión Territorial alguien se entera de que  Serena puede optar a esa plaza y se encienden las alarmas”, expuso el pasado miércoles el parlamentario de UPN Pedro González durante la comparecencia del secretario general técnico de Cohesión Territorial, Eduardo Jiménez.

En esas fechas, la sección de régimen jurídico de Cohesión Territorial tenía cuatro plazas. Una la ocupaba el entonces jefe de sección, Eduardo Jiménez, y otras dos las ocupaban personas en situación de servicios especiales. La última plaza, con número 7270, estaba vacante. Serena podía optar a dicha plaza, pero según la denuncia anónima, alguien del departamento “da la orden a una subordinada, que es jefa de servicio, para que se presente al concurso de traslado y así ocupar la plaza” y al tener mejor puntuación. Como se hace en estas situaciones, la jefa de servicio cesa en su cargo para tomar posesión de la plaza y al día siguiente vuelve a ser nombrada jefa de servicio. “Dicha orden es conocida en toda la dirección general de Obras Públicas y en la secretaría general técnica, ya que varios funcionarios la comentan”, dice la denuncia.

Sin embargo, la situación se complica porque en febrero de 2025 el titular de otra plaza (4269) se marcha a otro puesto de la Administración tras un concurso de méritos. Su plaza queda vacante y por tanto debe ofrecerse en el concurso de traslados. El Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, decide amortizar la plaza 7270, que estaba ocupada por un interino, “que es despedido fulminantemente provocándole un enorme disgusto”, según la denuncia anónima. Le despidieron mediante una llamada telefónica en Semana Santa. La jefa de servicio finalmente se queda la plaza 4269.

En la comisión parlamentaria, Pedro González preguntó a Eduardo Jiménez si alguien le dijo que había que impedir la vuelta de Lorenzo. “Para nada”, respondió.  “Los concursos de traslado los lleva Función Pública”, añadió. González expuso que esta presunta represalia es “bastante más grave” que el traslado a la nave de Landaben y que los responsables de la secretaría general técnica “no debería haberlo permitido”.

Antes del concurso de traslados, la secretaría general técnica impulsó un cambio de estructura en la sección de régimen jurídico con el objetivo de crear dos jefaturas de negociado. Eduardo Jiménez explicó el miércoles que el objetivo era tener mayor estabilidad debido a que tres letrados se habían ido a otras administraciones o departamentos. En julio de 2024 se creó el negociado de asistencia jurídica y en enero de 2025 se nombró de forma interina a su jefe. Las plazas de negociado, además del complemento salarial, tienen como particularidad que se cubren mediante concurso de méritos pero de forma temporal se pueden cubrir por libre designación. “Para crear el segundo negociado hubo que amortizar una plaza”, señaló Jiménez. Dicha plaza es la que se amortizó justo antes del concurso de traslados.

Finalmente, Serena se adjudicó una plaza en el servicio de Conservación de Carreteras, que se cambió de adscripción y se reubicó en Landaben justo para la toma de posesión. Era la enésima decisión que perjudicaba a los intereses laborales del letrado. ¿Pura coincidencia o intencionalidad? Esa es la cuestión.

OTRAS DOS MANIOBRAS BAJO SOSPECHA

No es la primera vez que UPN advierte de maniobras sospechosas con la plantilla orgánica del departamento de Cohesión Territorial. A finales de noviembre, el partido regionalista denunció un “flagrante trato de favor” hacia el director general de Obras Públicas, Pedro López, que en un concurso de traslado consiguió plaza de arquitecto en la propia dirección de Obras Públicas. Esta plaza había sido creada un mes antes de la convocatoria del concurso. A esto se suma la prórroga que de forma excepcional por encima de los 70 años de Jesús Polo, director de Nuevas Infraestructuras y presidente de la mesa de Belate, que se jubiló con 73 años. 

El Gobierno de María Chivite anunció a finales de noviembre el cese de Pedro López con director general a raíz de la polémica por los sobrecostes de Belate. El cese todavía no ha sido publicado en el BON. López lleva en la Administración desde 1997 y su plaza de arquitecto estaba adscrita al departamento de Presidencia. Con su cese termina su situación de servicios especiales, pero no ha vuelto a Presidencia sino a la nueva plaza de arquitecto en Obras Públicas. Por tanto no va a cambiar de ubicación, en la avenida San Ignacio, sólo de planta, despacho y funciones. 

Mediante decreto foral de 16 de abril de 2025, el Gobierno modificó la plantilla orgánica. Entre otros cambios, se suprimió una plaza de arquitecto en Administración Local y se creó la plaza 12.055 en Obras Públicas. Es la primera vez que hay un arquitecto en Obras Públicas, algo que ha causado cierta sorpresa en el departamento al desconocer qué carga de trabajo va a tener. En ese mismo decreto foral se suprimió la plaza 7.270 de letrado que supuso el despido de la persona que la ocupaba y que cerró las opciones de Lorenzo Serena de volver a la secretaría general técnica de Cohesión Territorial.