La dirección general de Vivienda del Gobierno de Navarra ha recibido en los últimos cinco años (entre 2021 y 2025) 118 solicitudes de propietarios afectados por la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables. Junto a esta suspensión que se aprobó en marzo de 2020 y se ha ido prorrogando, por el momento hasta diciembre de este año, se reconoció el derecho de los arrendadores afectados a solicitar una compensación económica siempre que lograran acreditar que la suspensión de los lanzamientos les había ocasionado perjuicio económico al encontrarse la vivienda afectada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada del inquilino en el inmueble. Así, sobre el papel, aquellas personas, físicas o jurídicas, que tuvieran una vivienda en propiedad alquilada y dejaran de percibir una renta por esta medida del escudo social, podrían pedir a las administraciones públicas que les resarcieran esa pérdida económica.

Sin embargo, a tenor del reducido número de peticiones registradas y del resultado de las mismas, acreditar el perjuicio económico sufrido no parece haber sido fácil. Según los datos facilitados por la dirección general de Vivienda, en los últimos cinco años sólo se ha abonado el 13% del dinero total solicitado que supera los 700.000 euros. El mayor volumen de peticiones se ha registrado este 2025, un total de 42, aunque sigue habiendo varios expedientes pendientes de resolución. En conjunto, esos 42 propietarios habían solicitado el pago de 254.293,49 euros pero hasta el pasado 2 de diciembre se habían abonado tan sólo 30.918,54 euros. En todo caso, como explican desde Vivienda, las cantidades abonadas este año no corresponden en su totalidad a solicitudes de este año y algunos pagos derivan de recursos judiciales estimados sobre peticiones de años anteriores que se están ejecutando ahora.

El hecho de que el derecho a las compensaciones esté recogido en un real decreto estatal afectado por el período covid y que se ha ido prorrogando explica en buena medida el elevado volumen de peticiones que terminan siendo denegadas en parte debido a que en muchos casos, según explican desde el propio departamento de Vivienda, se exigen una serie de medidas que en muchos casos son difíciles de aplicar y conducen en muchos casos a la denegación de la solicitud. Un tema importarte es que la norma exige tener el auto de suspensión para poder pedir la compensación. Además, para que estos arrendadores puedan acceder a esta compensación de rentas los servicios sociales, encargados de declarar a una persona como vulnerable, deben señalar en el mismo informe de vulnerabilidad “las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acredita facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna”. Y sólo si la administración competente, en navarra la dirección general de Vivienda, no implementa esas medidas propuestas por los servicios sociales en un plazo de tres meses desde la firma de dicho informe, la solicitud del arrendador de compensación por las rentas impagas recibe luz verde.

Un problema habitual de los propietarios afectados por impagos a la hora de reclamar compensaciones es que en muchas ocasiones los servicios sociales municipales no contienen propuestas de alternativa habitacional para la persona vulnerable lo que lleva a la administración a denegar la reclamación de compensación de rentas. Pero algunas de estas denegaciones ya han llegado a los tribunales y se han estimado parcialmente algunos recursos. Ha ocurrido con la reclamación judicial que las inmobiliarias Catella y Adania Patrimonio presentaron tras desestimar la administración sus peticiones. Tras la suspensión de tres desahucios, solicitaron tres compensaciones por importe de 14.718,58; 7.168,63 y 1.803,70 € pero la Comunidad foral se opuso al entender que “no se trata de una cuestión de justicia o de interpretación restrictiva, sino de inexistencia de los requisitos legales, no confundibles con los exigibles para la suspensión”. Dos de las reclamaciones, que suman 16.522,28 € han sido admitidas al entender los magistrados que “la falta de consignación expresa de medidas concretas en los informes de servicios sociales, cuando la principal -tácita- que se evidencia es la necesidad de una alternativa habitacional, no puede servir a la Administración para eludir su deuda de compensación”.