El 'Caso Cerdán' en Navarra
El interventor general: "Yo hubiera paralizado la licitación con los rumores"
Capapay afirma que el pliego de Belate abonó el terreno a los sobrecostes
Actualizado el 17/12/2025 a las 08:22
El director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, evitó este martes pronunciarse si él hubiera hecho un reparo suspensivo o no suspensivo en caso de haber formado parte de la mesa de contratación de Belate. “No sé qué hubiera hecho”, dijo. Sin embargo, admitió que él hubiera parado la licitación en cuanto se supo que existía un rumor generalizado de que la adjudicación se la iba a llevar una constructora concreta, Acciona. “Me resultaría muy difícil formar parte de ser una mesa y continuar con esa duda”, afirmó.
Pérez Capapay estaba citado este martes por la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. En un principio, los grupos políticos querían interrogarle por las alegaciones que presentó contra el informe de la Oficina Anticorrupción que consideró nula de pleno derecho la adjudicación. Sin embargo, a finales de noviembre este periódico sacó a la luz el reparo suspensivo decretado por la Intervención General al modificado del proyecto y los sobrecostes de 8,5 millones. Este informe de fiscalización provocó una grieta entre el Gobierno y sus socios, que se cerró con el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López. El modificado copó buena parte del interrogatorio.
Pérez Capapay fue trabajador de CC OO entre 2001 y 2017, donde coincidió con Félix Taberna. En junio de 2017 empezó a trabajar en el administración como interino. En 2022 sacó plaza de técnico de administraciones públicas (TAP) rama jurídica. En octubre de 2023, el recién nombrado consejero de Economía, José Luis Arasti, le propuso como director general de Intervención.
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De sus ocho años de experiencia en la Administración, Capapay admitió que nunca ha visto nada parecido a lo ocurrido en Belate. Sin embargo, insistió en que no ve causa de nulidad. Defendió que el procedimiento y la adjudicación fueron legales aunque el expediente quedó “manchado” con el reparo del interventor delegado y los votos particulares. “Me sorprende que nadie recurriera”, apuntó. Las cosas podían haberse hecho mucho mejor, explicó, empezando por el pliego de licitación. “Esto no empieza bien. El pliego se hace con precios de 2021 y además se permite una rebaja del 20%. Hemos abonado un terreno para que haya sobrecostes”, dijo. También apuntó que Obras Públicas debió revisar mejor el proyecto constructivo.
EL "QUID DE LA CUESTIÓN"
Como coautor del informe de fiscalización del modificado, Pérez Capapay fue crítico tanto con la adjudicataria (Acciona, Osés y Servinabar) como con la dirección general de Obras Públicas. Afirmó que “el quid de la cuestión” es el estudio preliminar del 16 de mayo de 2024 que una empresa de ingeniería elaboró por encargo de la contratista, donde se planteaban cambios esenciales en el proyecto. “Las obras estaban recién empezadas. La excavación del túnel no empezó hasta octubre”, señaló, dando a entender que difícilmente podían haberse detectado problemas en ese momento.
Otra fecha clave es el 10 de octubre. Un día antes la sección de Minas del Gobierno de Navarra había escrito a Obras Públicas para explicarle que la dirección facultativa había presentado importantes cambios en el proyecto de excavación y sostenimiento del túnel que de facto suponían un nuevo proyecto distinto al que sirvió para la licitación. Minas preguntaba a Obras Públicas si estaba de acuerdo con ello. En 24 horas, el director de Nuevas Infraestructuras, Jesús Polo, redacta el informe técnico dando su conformidad a los cambios y Pedro López firma la correspondiente resolución. En opinión del interventor general, esta resolución tendría que haberse sometido a fiscalización por las repercusiones económicas que tenía. “Para nosotros esa resolución es nula o al menos convalidable”, señaló Capapay. Obras Públicas continuó con sus trámites hasta la aprobación el 17 de noviembre de 2024 del proyecto de modificado número 1. En ese momento la Intervención General entra a fiscalizar el expediente. Para agilizar los trabajos, el análisis se centró en tres de las quince partidas que se modificaban, polvorines, excavación y sostenimiento, por ser las de mayor volumen económico. Ayer reiteró que no son imprevistos ni responden a requerimientos externos sino que están hechos a “conveniencia” de Acciona, Osés y Servinabar.
