La placa de Servinabar no luce en el número uno de la calle San Nicolás de Pamplona desde finales de junio. Los letreros también desaparecieron de las ventanas de su sede. Lo mismo que de los túneles de Belate. Pero conforme su impronta se ha ido borrando del mobiliario público, su nombre ha ganado protagonismo en las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO): seis meses después de haber registrado su sede Pamplona, los agentes otorgan a la sociedad de Antxon Alonso, y de la que Santos Cerdán tendría el 45%, un papel central en dos supuestas tramas de corrupción paralelas que afectarían de lleno a entidades públicas del Estado. Una escalada que ha llevado a la detención del propio Alonso, que hoy por la mañana comparecerá en la Audiencia Nacional. 

Por orden cronológico, Servinabar está en el centro de la investigación que desde hace un año lleva a cabo el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre supuestas adjudicaciones de obra pública a cambios de comisiones, en las que Servinabar habría jugado el papel de recibir esas mordidas (un 2% de cada obra, según los investigadores) en su tándem con Acciona. La UCO cree que la multinacional habría contado con esta empresa navarra, “pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción”, para lograr la concesión de obra pública gracias a su cercanía con Cerdán: Acciona realizaba estos “pagos indebidos” a Servinabar y obtenía así obra pública, con el consiguiente beneficio para Alonso, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, señala la UCO, que detalla tres obras en Sevilla, Barcelona y La Rioja. 

Y esta semana ha saltado una nueva operación, dirigida por la Audiencia Nacional. En partes se solapa con la del Tribunal Supremo, pero en esta se vincula a Servinabar con la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ya trabajó una temporada en Servinabar. La investigación está bajo secreto, por lo que aún no se conoce qué alcance tendrá.

El llamado caso Koldo o caso Cerdán se investiga realmente en el Tribunal Supremo por el tercer investigado vinculado a la política, el exministro José Luis Ábalos, todavía diputado pese a estar en prisión, y por tanto aforado. 

¿Qué se investiga? 

La adjudicación ilegal de obra pública en varias comunidades autónomas a cambio de mordidas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La UCO atribuye al exsecretario del PSOE Santos Cerdán la condición de enlace entre Acciona y el Gobierno de España para que la multinacional se adjudicara diversas obras públicas a cambio de mordidas (un 2%) a Servinabar, la mercantil pamplonesa de Antxon Alonso vinculada a Cerdán.

 ¿A quién se investiga? 

Junto a José Luis Ábalos están investigados su exasesor y Santos Cerdán. Asimismo, están imputados empresarios como el propio Antxon Alonso, un exdirectivo de Acciona y altos cargos de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El caso está a expensas de que llegue el informe patrimonial sobre Cerdán. 

¿Qué papel se atribuye a Servinabar? 

La UCO cree que Acciona lograba obra pública a cambio de pagar una comisión a Servinabar. De hecho, el 75% de los ingresos totales de Servinabar han llegado de Acciona. Además, el último informe de la Guardia Civil constata que, a través de Servinabar, el dirigente navarro Santos Cerdán obtuvo beneficios por tres vías: contratación de familiares, alquiler de inmuebles en Madrid y uso de la tarjeta de crédito. Servinabar también hizo pagos a la fundación de Ábalos. Y Antxon y Koldo García fueron socios en una cooperativa. 

¿Afecta de algún modo a Navarra? 

Tanto la Guardia Civil como el juez del Tribunal Supremo señalan el inicio de las relaciones entre Acciona, Servinabar y Santos Cerdán en Navarra (las dos empresas cruzaron sus caminos por primera vez en 2015, con Mina Muga). Acciona y Servinabar también estaban juntas en las obras de Belate. La UCO ha planteado al Tribunal Supremo que incluya esta controvertida obra en la investigación.

 ¿Qué postura mantiene Alonso? 

Ha negado cualquier implicación en irregularidades y sostiene que el contrato de compraventa de acciones a Cerdán nunca se materializó.

La bautizada como Operación Leire, por la exmilitante del PSOE Leire Díez, ha saltado esta semana. Está bajo secreto y la investiga la Audiencia Nacional. 

¿Qué se investiga? 

Una supuesta trama de corrupción con epicentro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Está en una fase inicial y ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. La instruye el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que investiga los posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. 

¿A quién se investiga? 

De momento ha habido tres detenidos. La exmilitante socialista Leire Díaz, la llamada ‘fontanera’ de Ferraz e investigada por maniobrar supuestamente en contra de fiscales y altos cargos de la Guardia Civil. También se ha arrestado al que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, además de Antxon Alonso.

 ¿Qué papel se atribuye a Servinabar? 

Como la causa está bajo secreto, aún no se conoce. De lo que se sabe, el nexo más potente es la vinculación con Vicente Fernández. Este letrado con plaza en la Junta de Andalucía fue nombrado en junio de 2018 presidente de la SEPI, pero tuvo que dejar el cargo en octubre de 2019 tras ser imputado por presunto tráfico de influencias y malversación en la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar, asunto por el que recientemente han sido absueltos todos los acusados. Tras su dimisión, Vicente Fernández volvió a la Junta, hasta que en 2021 fue contratado como asesor externo de Servinabar, algo que no figura en su Linkedin. 

Por otro lado, también hay vínculos con Forestalia, otra de las empresas registradas el jueves en Zaragoza. Antxon Alonso actuó como asesor de esta firma en un proyecto de alta tensión entre Zaragoza y Vizcaya que atravesaba Navarra, aunque finalmente no se llevó  cabo. Dentro de su labor, Alonso medió para que directivos de Forestalia se reunieran en 2023 con los consejeros del Gobierno de Navarra José María Aierdi y Félix Taberna. Además, entre las sociedades a nombre de Alonso figuraba hasta hace poco Next Generation Caliope Innova SL, que a su vez participa en dos sociedades que entre sus activos tienen dos parques fotovoltaicos en Teruel que fueron promovidos por Forestalia.

¿Afecta de algún modo a Navarra? 

De lo que ha trascendido, se investiga la posible implicación de Servinabar y también de la tecnológica vasco-navarra Cistec Technology, con sede en Aizoain y en la que Leire Díez fue consejera. Durante la operación policial de esta semana, con 19 registros, la UCO también entró en la sede de Erriberri, empresa de demoliciones de Olite. Su único vínculo conocido a Servinabar es el pago de 100.000 euros por una gestión para ser subcontratada en un derribo de Zaragoza. 

¿Qué postura mantiene Alonso? 

Se conocerá hoy. Antxon Alonso está investigado en la causa del Tribunal Supremo, pero en esta pieza nunca fue detenido. Ahora sí que ha sido arrestado. Tras pasar por Pamplona, donde fue conducido de nuevo a la antigua sede de Servinabar, fue trasladado a Madrid. Hoy por la mañana será puesto a disposición del juez.