Diario de Navarra

Los retratos de Enrique Rubio Torrano, Eugenio Simón Acosta, Alfredo Irujo Andueza y José Luis Goñi Sein, los cuatro expresidentes del Consejo de Navarra, aparecen alineados en una suerte de ‘pared de la fama’ que imprime solemnidad a la estancia. Son lo primero que Ana Clara Villanueva Latorre observa cuando alza la mirada en el despacho de la sexta planta del número ocho de la Calle Arrieta donde el Consejo de Navarra tiene su sede. Por las manos de esta institución, el máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, y que este viernes conmemoró su 25 aniversario con una jornada institucional que tuvo lugar en el Parlamento, pasan algunas de las normas más relevantes de Navarra. Entre otras funciones, se encarga de comprobar que se adecuan al ordenamiento jurídico. Villanueva se integró como vocal en mayo de 2024 y un año después fue elegida para ocupar la presidencia. Una responsabilidad que afronta con valentía y prudencia, consciente de la necesidad de abrir el Consejo al ciudadano en un contexto de deterioro institucional y desconfianza ciudadana. “La discreción no está reñida con la transparencia”, afirma con vehemencia. ¿Han preparado ya su retrato? Aprovechando la efeméride (la celebración de los 25 años del Consejo), me harán la foto para dejarlo preparado pero no se colgará hasta que termine el mandato. Están -repasa mirando hacia la pared- mi profesor de derecho tributario y financiero, el que fuera decano del colegio de abogados durante mucho tiempo y dos personas que son importantes referentes. Estoy bien acompañada. Dentro de unos años en esta sala habrá muchos retratos de mujeres. ¿Qué valoración hace de sus primeros siete meses como presidenta del Consejo? Positiva. Me he situado en el día a día de la institución y en lo que es la gestión. El trabajo técnico sigue siendo el mismo. ¿Y qué ha cambiado con su nombramiento? Tengo que mantener el trabajo que venía realizando y encargarme de la comunicación con las administraciones públicas, con Gobierno, con Parlamento... recibir la petición de dictámenes y de todo lo que es la gestión económica. No imaginaba la cantidad de actos en los que tienen que estar los representantes de las instituciones. Como profesora de la UPNA, le habrá tocado explicar a los universitarios qué es el Consejo de Navarra mucho antes de formarte parte de él. Sí. Durante mucho tiempo impartí la asignatura de Derecho Público Foral y con el nuevo plan Bolonia llevo muchos años con una asignatura que tenemos en tercero, que se llama Introducción al Derecho Foral. Tiene dos partes: una es la propiamente institucional, de Derecho Administrativo de la Comunidad Foral, y la otra es de Derecho Privado, es decir, Fuero Nuevo. En esta primera parte me toca explicar las instituciones. Siempre ponemos más el acento en el Parlamento, en el Ejecutivo e incluso en el Defensor del Pueblo aunque también procuro transmitirles la importancia que tiene el Consejo de Navarra porque me gusta describirles que los puestos en la Comunidad Foral, tanto a nivel de administración de la propia comunidad como administración municipal, son técnicamente jurídicos para que vean las salidas que tienen. Parece que en la carrera de Derecho todo va enfocado a ser juez, fiscal y abogado, pero hay muchísimos puestos técnico-jurídicos en la administración autonómica y en los entes locales y el Consejo es uno de ellos. ¿Qué se ha hecho mal para que 25 años después muchos ciudadanos no sepan todavía qué es el Consejo de Navarra? No creo que se haya hecho nada mal. Concibo el Consejo como un órgano discreto, pero esa discreción no está reñida con la transparencia. ¿Y a qué achaca el desconocimiento? Lo jurídico, en el ámbito público, no es el último trámite. El Consejo es una institución, pero su poder no es decisorio, es simplemente de asesoramiento. En la última decisión nuestra labor puede estar, pero no se visibiliza. Eso ha hecho que la ciudadanía no conozca que intervenimos. Ampliar ese conocimiento es uno de mis objetivos. La ciudadanía debe conocernos y es momento de abrirse. ¿Cómo lo van a hacer? Hemos dedicado muchos esfuerzos estos meses para modernizar la página web que estamos a punto de estrenar. Hasta ahora era prácticamente una base de datos jurídica, muy útil para los operadores jurídicos, pero inaccesible para la ciudadanía. Ahora se explica qué es, su historia, sus funciones y en qué medida se ven afectados los ciudadanos por el asesoramiento que prestamos. También queremos divulgar nuestra presencia en actos institucionales, a nivel estatal y en encuentros con otros órganos consultivos, y hemos iniciado la publicación de algún artículo de opinión con motivo del 25 aniversario que puede tener continuidad. Una encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones presentada esta semana por el Gobierno de Navarra ponía de relieve que los ciudadanos valoran las instituciones que les resultan más cercanas. Y es así. La institución más cercana es el Defensor del Pueblo. Lo que le ocurre al Consejo es que la relación con la ciudadanía no es directa, es siempre a través de un procedimiento que el ciudadano ha iniciado en la administración. Sí existe un trámite donde el ciudadano puede venir, es lo que llamamos el trámite de audiencia, pero no es posible en todos los procedimientos, sólo en aquellos en los que sean parte interesada. ¿Podría poner algún ejemplo? Cuando una persona presenta una reclamación de responsabilidad al Gobierno o a un Ayuntamiento por daños que ha sufrido sin tener que soportarlos, inicia un procedimiento que termina aquí cuando llega a una determinada cuantía. En el trámite del Consejo, el ciudadano puede venir a mirar el expediente y presentar la documentación que crea que falta e incluso hacer alegaciones. Ese trámite suspende el plazo en el que el Consejo tiene que dictaminar (45 días de forma ordinaria y 15 si es urgente) y valora no solo lo que la administración le ha remitido, sino también lo que el ciudadano aporta. ¿Y se utiliza? Sí, sobre todo en la reclamación patrimonial pero también en revisiones de oficio de actos cuando esa revisión es solicitada por un particular. ¿Qué cuantía debe tener una reclamación para que llegue al Consejo? En la responsabilidad patrimonial, la más habitual es la responsabilidad sanitaria por daños ocasionados dentro de Osasunbidea, y vienen aquí cuando la reclamación excede de 300.000 euros. El límite es altísimo. Es el más alto del Estado. El Consejo de Estado lo tiene en 50.000 € y hay comunidades autónomas que lo tienen todavía más bajo. ¿Y es adecuado tener un límite tan alto? Es bueno porque vienen las reclamaciones de mayor entidad. No siempre sustantivo y económico son sinónimos, pero el legislador foral lo decidió así y se corresponde con la configuración de la propia institución. Las personas que la integramos no tenemos dedicación exclusiva, y es una forma de acotar el trabajo. Ahora, si eso es o no adecuado, es una cuestión que tenemos que repensar. En la ley inicial el límite estaba en 120.000 euros y ya era el más alto del Estado. ¿Cuántas personas trabajan en el Consejo? Además de los cinco consejeros, tenemos una letrada mayor y una responsable del gabinete de la presidencia. ¿Cómo es el trabajo diario? Trabajamos a demanda del Gobierno, que es quien nos transmite también las peticiones de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no nos pueden pedir directamente, lo hacen a través de la Presidencia del Gobierno y, en su caso, del Parlamento. Generalmente, son más numerosas las peticiones del Gobierno. La petición de dictamen llega aquí con todo el expediente, y la Presidencia lo reparte por orden llegada entre sus miembros de manera que todos los consejeros dictaminamos sobre todas las materias. Como tenemos un plazo para emitir el dictamen, que puede ser ordinario o de urgencia, esos plazos son los que nos van marcando el número de sesiones. De forma ordinaria son 45 días hábiles y, en caso de urgencia, podemos reducirlos hasta 15 días hábiles. ¿Las ponencias son individuales o hay un trabajo colectivo? Las ponencias son individuales en lo que es el planteamiento, pero luego cada una es un trabajo colectivo. Antes de tener la sesión, por lo menos con tres días hábiles de antelación, el consejero remite la ponencia al resto de los miembros, y ya venimos con el expediente y la ponencia analizada, planteando las cuestiones jurídicas que pueden ser más relevantes o donde puede haber más opiniones. Cada ponencia se debate en pleno y, entre todos, se configura el dictamen con las aportaciones de todos los integrantes y se somete a votación. ¿Con qué recursos cuenta el Consejo? Tenemos autonomía funcional y proponemos nuestro propio anteproyecto de presupuesto, que lo aprueba el Gobierno, pero es una partida independiente de los Presupuestos Generales de Navarra. Con esa partida se satisfacen todos los gastos ordinarios, y en ellos están las dietas por asistencia a las sesiones, y luego lo que se llaman compensaciones por dictamen. Las cuantías de los dictámenes estaban establecidas por el Gobierno de Navarra cuando empezó el funcionamiento del Consejo, y se estableció una horquilla para cada ponencia en base a unos criterios que el propio Gobierno estableció. Esas cuantías se redujeron entre los años 2008 y 2012, de acuerdo con la congelación y la reducción de los salarios de los funcionarios públicos en la época de crisis, y desde entonces no se habían actualizado. Sí lo harán en 2026 Sí, se incrementará tanto la cuantía de las dietas (hasta los 257€) como el coste de la compensación (la horquilla varía entre los 1.534 euros y los 3.069), en concreto un 19%. Hay que tener en cuenta que las cuantías se redujeron en esos años primero un 5% y luego un 10%. Comentaba que la mayor parte de los encargos que recibe el Consejo vienen del Gobierno pero también hay también instituciones que pueden solicitar informes La mayor parte vienen del Gobierno, porque un ámbito en el que intervenimos, aparte de los anteproyectos de determinadas leyes, son los proyectos de reglamentos de los distintos departamentos del Gobierno. Pero también entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades, concejos...pueden pedir dictámenes e incluso están obligados a hacerlo en determinadas ocasiones. Esa petición viene por medio de la presidencia y sí que tengo que decir que estos últimos meses hemos notado un incremento notable de las peticiones de los entes locales. Es algo que me agrada porque podemos ser muy útiles jurídicamente y es una manera de acercarnos a la ciudadanía. El Gobierno tienen muchos técnicos jurídicos pero un ayuntamiento es un mini gobierno y cuenta con muy poco recurso jurídico y podemos ser útiles. ¿Cómo se vive desde un órgano como el Consejo de Navarra el descrédito institucional hacia el Poder Judicial a cuenta de los casos judiciales que afectan al Gobierno? El descrédito a cualquier institución o poder del Estado se vive siempre con tristeza. Cada institución tiene sus funciones y la gracia del sistema está en que se respeten unas a otras. Quizás lo jurídico ahora esté en un momento de más relevancia social. Antes los ciudadanos conocían que existían los ámbitos jurídicos, pero no tenían la información suficiente para poder opinar. Por eso es importante que desde este ámbito , me da igual que sea desde el poder judicial, desde los colegios de abogados, los órganos técnicos de la administración, desde el propio Consejo, se gane la confianza del ciudadano transmitiendo que el derecho es siempre independiente. Es un ciencia más. Y los profesionales aplicamos solo derecho. No es una ciencia exacta porque se aplican relaciones humanas que son relativas y pueden dar lugar a distintas interpretaciones de las normas y distintos criterios. Es bueno pero no debe interpretarse como que existe cierta arbitrariedad a la hora de aplicar la norma. Hay que encontrar la fórmula para que el ciudadano considere o crea que la aplicación del derecho es siempre independiente. La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, aseguró hace unos días tras conocer el sentido del fallo del Supremo sobre el fiscal general García Ortíz y antes de que se hiciera pública la sentencia, le leo textualmente, que “inhabilitar a un fiscal general con una fallo lacónico es una falta de respeto al pueblo”. ¿No le parece que declaraciones así lo que provocan es precisamente el descrédito de las instituciones y en particular del Poder Judicial? Como presidenta del Consejo de Navarra no voy a opinar sobre esa cuestión. Lo que cada uno en el ejercicio de su función realice es algo que no me compete. “El derecho puede dar lugar a distintas interpretaciones y es bueno, no debe verse como una aplicación arbitraria de la norma” “Se ha dado al Fuero Nuevo la relevancia que merecía” ¿Por qué son necesarios los órganos consultivos jurídicos? Para que en todo procedimiento (elaboración de normas, administrativo...) los derechos de la ciudadanía sean respetados y se pueda decir a la Administración que en determinados casos no lo ha hecho. A veces no es que no se respete el plazo, es que no se da respuesta a la ciudadanía. Es una cosa que me preocupa bastante y es la clave de nuestra intervención. ¿Cómo es la relación con los consejos de las otras comunidades? Cada año hay una reunión de todos los órganos consultivos con el Consejo de Estado. Es una reunión que tiene también una función académica. Se elige cada año un tema. Este último año ha sido la revisión de oficio, el año pasado, la irrupción de la inteligencia artificial en los órganos consultivos. Se elige un tema y se desarrollan tres jornadas con ponentes de primer nivel para reciclarnos y actualizarnos en el conocimiento. Luego, cada órgano consultivo, dentro del desarrollo de su actividad, invita a actos. Por ejemplo, el órgano consultivo de Valencia ha asumido la responsabilidad de la publicación de la revista consultiva. Celebra reuniones y también hacen jornadas académicas sobre temas de interés. Desde aquí, voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, acudir por propio interés, porque son jornadas interesantísimas. Pero la falta de dedicación exclusiva a veces te lo impide. De los retos que tiene por delante el Consejo, ¿cuál es el más urgente? La apertura y acercamiento a la ciudadanía. Desde un punto de vista más técnico, mantener la calidad de los dictámenes. Que uno de los miembros del Consejo sea un exconsejero del Gobierno de Navarra (Eduardo Santos lo fue de Justicia entre 2019 o 2023), ¿no pone en tela de juicio el mecanismo de selección de los vocales? A mi entender no. Fue antes jurista que consejero. Creo que enriquece que del Consejo formen parte distintas miradas y una mirada es la de dentro de la propia Administración. El Consejo de Estado está conformado por personas no solo del ámbito jurídico, también del ámbito técnico y por personas que han sido vicepresidentes del Ejecutivo nacional. Ocurre también en los otros órganos consultivos y, para mí, enriquece, no merma la independencia. El derecho es una ciencia más. No se duda de un arquitecto que ha estado en política y vuelve a su profesión que pueda estar influenciado por su actividad pasada. ¿Qué restricciones existen actualmente para la selección de los vocales? La ley establece que no pueden ser elegidos miembros en ejercicio de la carrera judicial y fiscal. Tampoco miembros electos de las instituciones comunitarias estatales o forales ni de los los ayuntamientos, ni dirigentes políticos o sindicales. Pero sí personas que hayan salido o dejado esa responsabilidad. 1.267 dictámenes en los últimos 25 años ¡y solo 17 votos particulares! El Consejo siempre ha transmitido que existe una voluntad de consenso y de unanimidad. Eso ni resta debate ni divergencia de opiniones, pero sí demuestra esfuerzo y trabajo porque la aplicación de la norma no dé lugar a distintas interpretaciones. Y no significa que no haya discrepancias Las discrepancias pueden ser en motivos secundarios, pero el objeto de nuestro dictamen es muy concreto. Tenemos que dictaminar si un procedimiento ha observado las formalidades y si una norma encaja dentro del marco comunitario, constitucional y foral. La conclusión que se adopte por unanimidad puede albergar distintas posiciones en lo que es el razonamiento para llegar a esa conclusión. Creo que es bueno que el órgano consultivo demuestre esa solidez y unanimidad de criterio. Los tribunales están dando a conocer las mayorías con las que deciden y se publican y se da relevancia a los votos particulares. Es algo que no está calando de manera positiva en la ciudadanía. Se percibe como una inseguridad, donde cada uno opina una cosa. Sin embargo, la interpretación o el diferente criterio jurídico siempre enriquece. Es verdad que en nuestro órgano la media es de 50 dictámenes al año. Es un trabajo asequible para poder trabajar mucho las ponencias antes del debate y llegar a esa unanimidad. ¿Se nota en el Consejo el incremento de la producción normativa tanto a nivel local como autonómico? A pesar de tener dos miembros menos, se sigue asumiendo prácticamente el mismo trabajo. Aunque no tengo suficiente recorrido para aseverarlo, sí que se ha notado este año un incremento, pero creo que va en función del ritmo de la legislatura. Cuando empieza una legislatura, el primer año no se recibe trabajo normativo. Se puede tomar las riendas de algo que quedó inacabado en la legislatura anterior, dependiendo de cómo haya sido esa continuidad parlamentaria o gubernamental. Lo normal es que la actividad normativa se incremente a partir del segundo o tercer año, y generalmente, el cuarto año suele ser el más intenso. Entre las competencias del consejo están los dictámenes sobre revisiones de oficio ¿Cómo han evolucionado estas revisiones? Este último año hemos notado un incremento en las revisiones de oficio. Es una institución del derecho administrativo poco utilizada, poco conocida y bastante cuestionada por la doctrina administrativista. Supone expulsar de la vida jurídica un acto administrativo que ha declarado un derecho a un ciudadano o a una empresa. La administración no puede hacerlo de forma unilateral, ya que eso vulneraría el ordenamiento jurídico. Cuando la administración inicia una revisión de oficio, es porque no puede revocar ese acto. Los ciudadanos también pueden instar la revisión de oficio cuando se trata de revisar actos que declaran derechos a favor de otros, y la administración está obligada a tramitarlo, aunque a veces se inadmiten sin mucho fundamento. El silencio administrativo impera también en este procedimiento y son los tribunales los que tienen que intervenir para obligar a la administración a tramitar. Pero, por lo general, las revisiones de oficio las inician las propias administraciones. Han pasado seis años desde la entrada en vigor de la última gran reforma del Fuero Nuevo donde usted tuvo un papel relevante, ¿qué balance hace? El Fuero Nuevo está hoy encima de la mesa de todos los despachos y de los juzgados y tribunales. Se le ha dado la relevancia que merecía después de que su obsolescencia hubiera llevado a su inaplicación en los temas que más afectan a las personas. Que una demanda de divorcio o separación, o un procedimiento que afecte a medidas de menores se pueda fundamentar hoy en exclusiva en el Foro Nuevo es para estar satisfecho. ¿En qué han quedado los históricos contrafueros? Los históricos contrafueros hoy en día se materializan en los conflictos de competencias con el Estado. ¿Los recurso de inconstitucionalidad? Efectivamente, y ahí ya es el Tribunal Constitucional el que tiene que intervenir. En todo caso, el Consejo de Navarra tiene que dictaminar cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una norma foral o cuando el Parlamento o el Gobierno nos pide un dictamen cuando quiere interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a una norma estatal. El último dictamen que recuerdo fue con la impugnación por parte del Estado de varias leyes del Fuero Nuevo. Conflictos de competencias entre la Comunidad y el Estado siempre va a haber y, para ello, la defensa está tanto en el Parlamento como en la propia asesoría jurídica del Gobierno y en el Consejo. ¿Es la IA una amenaza para el derecho? La IA puede facilitar la búsqueda de datos pero en materia decisoria, ni aquí ni en ningún ámbito jurídico estamos en condiciones de asumirla. El derecho es una ciencia humana y debe ser la inteligencia y la emoción humana la que resuelva los problemas. “Eduardo Santos fue jurista antes que consejero. Que ahora sea vocal del Consejo de Navarra no merma la independencia de la institución, la enriquece” DNIAna Clara Villanueva Latorre nació en Pamplona en 1968. Es hija de Ángel Villanueva Aristu (85) y María Jesús Latorre (82), oriundos de dos pequeñas localidades de la merindad de Sangüesa: Ezcániz -Urraúl Alto- y Liédena, y tiene un hermano siete años más pequeño que es ingeniero. Está casada con Javier Gutiérrez, Catedrático de Matemáticas en la Universidad del País Vasco y llevan juntos 25 años. Sólo ella y un primo de su familia paterna optaron por el derecho. Cuenta que quiso ser jurista desde pequeña y que una amiga le suele recordar que en clase ya destacaba como defensora de las “causas perdidas”. Se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra. En los últimos años de carrera se le despertó la vocación judicial y al terminar empezó a preparar oposiciones para juez. Aunque no llegó a superarlas, consiguió plaza en un concurso para magistradas suplentes y estuvo ocho años en la administración de justicia. Desde 2004 tiene su propio despacho de abogados y en 2028 empezó a dar clase en la UPNA donde actualmente imparte la asignatura de Introducción al Derecho Foral.

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Ana Clara Villanueva Latorre (Consejo de Navarra): "El derecho es una ciencia más; no es exacta, pero sí independiente”

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