Navarra permitirá el alquiler forzoso de las viviendas que se mantengan desocupadas un año después de que adquieran esa condición y siempre y cuando estén incluidas en el Registro de Viviendas Deshabitadas. La iniciativa para incorporar esta figura a la normativa de vivienda se ha incluido a instancia de EH Bildu y con el apoyo de los grupos del Gobierno en la proposición de Ley Foral impulsada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin parar corregir imprecisiones “de índole técnica” en la normativa de vivienda que entró en vigor el pasado mes de julio y que impiden aplicar con garantías el nuevo sistema de adjudicación de viviendas protegidas. Aprovechando el trámite de enmiendas, además de otros cambios, se ha incorporado la figura del alquiler forzoso para las viviendas que se declaren deshabitadas por un plazo que no podrá ser superior a 7 años y 6 meses.

En todo caso, el plazo en el que los propietarios de esas viviendas podrían recuperar los inmuebles no está claro.

Según se recoge en la enmienda aprobada este martes, finalizado el procedimiento de alquiler forzoso, la vivienda en cuestión se incorporará a la Bolsa de alquiler de Nasuvinsa o similar y “será adjudicada siguiendo el procedimiento establecido al efecto”. En el texto aprobado se considera “procedente” la expropiación temporal del derecho al uso de las viviendas deshabitadas mediante la imposición del alquiler forzoso en base al “incumplimiento de la función social de la propiedad”, ya contemplado en la normativa de vivienda. El Gobierno vasco ya incluyó el alquiler forzoso en su ley de vivienda como medida de presión para que los propietarios de viviendas cerradas durante más de dos años las pongan a la venta o las alquilen. Una norma que fue recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el Tribunal Constitucional avaló casi en su totalidad.

PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado este martes durante la comisión de vivienda la iniciativa de EH Bildu, mientras que UPN y PPN han votado en en contra. Ha sido una de las cinco enmiendas que han salido adelante. Otra de las aprobadas, también a instancia de Bildu, amplía, a efectos del cómputo de viviendas desocupadas, a todas las que se posean “en el conjunto del territorio del Estado español, con independencia del porcentaje de titularidad”. UPN y PPN se han posicionado en contra, mientras que los grupos del Gobierno, pese a las advertencias de “inseguridad jurídica y problemas de aplicación” esgrimidas por la oposición, han apoyado la enmienda.

También a iniciativa de EH Bildu, pero en este caso por unanimidad, se ha introducido un régimen especial para actuaciones de rehabilitación en municipios en riesgo de despoblación, con el fin de posibilitar un incremento de las subvenciones de cara a “fijar población”. Dicha provisión será igualmente aplicable a las ayudas previstas para actuaciones en Proyectos de Intervención Global, que también podrán ser superiores en municipios declarados en riesgo de despoblación.

En cuanto a la adjudicación y renovación de contratos de arrendamiento adscritos a la Bolsa de Alquiler y con el propósito de solventar las dificultades de aplicación que dieron lugar a su eliminación, se ha resuelto que cuando se produzca una variación de la situación económica de los beneficiarios equivalente a una merma de “al menos el 20% de los ingresos anuales”, podrá solicitarse que la misma sea tenida en cuenta para (obviando la remisión a la renta del año anterior) la actualización de la subvención.

UPN, EH Bildu y PPN han aprobado la enmienda suscrita por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que ha salido adelante por unanimidad, pero con críticas a la “falta de planificación” y al “desconcierto” que genera poner, quitar y recuperar la misma medida, en este caso con una cifra de referencia.

La última enmienda aprobada, de carácter técnico, para adecuar el preámbulo de la proposición de Ley a la subsanación de un error de denominación, ha sido firmada también por los grupos de gobierno y ha prosperado por asentimiento.

UPN, por su parte, ha visto decaer las dos enmiendas que ha presentado, ambas con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, y Contigo-Zurekin. El apoyo del PPN ha resultado insuficiente para elevar del 50% al 65% el presupuesto subvencionable para la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. La ayuda máxima que se proponía era la que resultaba de multiplicar 12.500 euros por el número de viviendas, 14.000 en el caso de expedientes promovidos en el ámbito de Proyectos de Intervención Global. El objetivo, según se hacía constar, era incrementar el número de beneficiarios, dado que con el limite actual “muchas viviendas se quedan fuera”.

La segunda enmienda de UPN desestimada desarrollaba el régimen de colaboración de las entidades privadas en el ejercicio de funciones administrativas en el ámbito urbanístico. Debían ser personas jurídicas, debidamente acreditadas e inscritas en el Registro de la Comunidad Foral establecido al efecto bajo dependencia del departamento. Actuarían (con carácter facultativo) “a instancias del interesado o del Ayuntamiento” y sus informes tendrían carácter “subsidiario” respecto a los emitidos por los servicios municipales, si bien los certificados de conformidad de unos y otros serían “equiparables”.

La colaboración de estas entidades privadas se ceñiría a funciones de comprobación, intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas, mediante la emisión de actos de comprobación y certificados de conformidad de licencias y declaraciones responsables urbanísticas. Y, a su vez, a labores de verificación e inspección de actos de uso del suelo o subsuelo y edificación.