Una enfermera del Servicio Navarro de Salud se enfrenta a una petición de 11,5 años de cárcel acusada de un delito continuado de revelación de secretos y 34 de inhabilitación profesional por haber realizado “unos 150 accesos” a historiales clínicos de tres mujeres entre 2018 y 2020. Las tres víctimas son la mujer que en esa fecha era pareja estable del hombre con el que la encausada mantuvo una relación (eran pareja de hecho), la hermana de esta y una hija de la primera. Este jueves, ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la acusada reconoció los hechos penales por los que está acusada y pidió perdón por los accesos. En su declaración, los contextualizó en “una relación de amistad íntima” y enmarcó la denuncia en “el despecho” por la infidelidad. Tras reconocer la acusada los hechos penales que se le imputaban, el juicio se centró en determinar la responsabilidad civil que les corresponde a las víctimas por las secuelas de lo sucedido. 

A la hora de prestar testimonio, la principal víctima manifestó el impacto que le ha supuesto. “Me ha afectado a todos los ámbitos de mi vida, a mi estado de ánimo... Perdí 8 kilos, se me cayó el pelo, tenía ansiedad... Tenía miedo y psicosis de pensar en volver a la consulta del médico y que ella (por la acusada) pudiera leer lo que yo había dicho en esa consulta”. Según expuso, en mayo de 2020 su hermana le contó que había recibido una llamada anónima a su teléfono en la que alguien le decía que la pareja de su hermana la estaba engañando. No le dijo con quién. “No dije nada de forma inmediata porque mi padre estaba en fase terminal pero observé su conducta, siempre dejaba el móvil boca abajo y se encerraba en una habitación para hablar y un día oigo parte de una conversación y caigo en quién es”. La relación terminó entonces. Ella era una amiga suya de la infancia, del colegio, que trabajaba de enfermera y es la encausada. “Empecé a pensar de dónde habían podido sacar el teléfono de mi hermana y caímos en lo de la ficha médica”. Según cuenta, pidió entonces a Atención al Paciente los datos de accesos a su historial y encontró los realizados por la acusada, “a veces con sus datos y a veces con los de otros compañeros”. Asimismo, reconoció haber acudido a un médico privado para recibir tratamiento psicológico entre octubre de 2021 y abril de 2022. “Ha sido muy largo y doloroso, con sensación de impotencia, de no poder pararlo”. 

Su hermana declaró que estos hechos los había vivido como “un jarro de agua fría” y que ha vivido con inseguridad su relación con el sistema público de salud. La hija trasladó al tribunal de igual forma su “miedo a ir al médico”. “Me sentí expuesta y tuve miedo de que se pudieran utilizar datos míos para hacer daño a mi madre”.

“Quiero pedir perdón por el daño que les haya podido causar. No fue para hacer ningún mal, solo por el interés clínico”. La enfermera acusada trasladó sus disculpas a las víctimas en su turno de palabra (solo respondió a su abogado) quiso contextualizar los accesos, denunciados por “despecho y dolor”. “Somos familias muy próximas, tenemos amistad íntima desde niños y nos hemos hecho mil favores siempre. Nunca les pedí consentimiento por escrito porque tenía plena confianza en ellos. Ahora no se lo miraría ni a mi padre. No son accesos compulsivos sino clínicos, algunos de hasta 25 en un día siguiendo el rastro de alguna prueba durante el covid. Fue una mala praxis pero tuvieron atención personalizada”.