Juicio
La fiscal también hace responsable al Estado en la muerte de una presa en Pamplona: “La cárcel actuó mal”
Mantiene su petición de 19 años para la acusada por haber estrangulado a Margarita Munilla en 2021
Actualizado el 03/10/2025 a las 18:07
La fiscal se ha sumado este viernes a las acusaciones particulares para pedir la responsabilidad civil de Instituciones Penitenciarias por la muerte de una presa en la cárcel de Pamplona en noviembre de 2021. “La cárcel actuó mal, antes y después”.
La fiscal ha mantenido su petición de 19 años de cárcel por asesinato: la acusada mató a Margarita Munilla, de 39 años, apretándole el cuello y tapándole las vías respiratorias. “Hay múltiples datos que acreditan que la acusada asfixió hasta la muerte a Margarita. No hay otra alternativa, otra opción posible. Como se dice coloquialmente: blanco y en botella”.
Sobre todo, ha basado su conclusión en “la prueba esencial” de este caso, como ha sido el informe de la autopsia y el testimonio “exhaustivo y coherente” de los forenses. En la celda solo estaban aquella noche del 7 al 8 de noviembre las dos presas, ha resaltado la fiscal. Nadie más entró allí entre las 21.03 y las 3.10 horas, entre el último recuento y la llamada de la acusada por el interfono. Y frente a la explicación que dio la procesada, que “no tiene lógica” (que se la encontró a cuatro patas inconsciente y con la cabeza en una papelera de plástico), todas las evidencias encontradas en la autopsia llevan a concluir que la acusada “atacó a traición” a Margarita: la abordó por la espalda, “mientras estaba escribiendo sus cartas, o viendo la tele, o escuchando la radio”, y con su antebrazo derecho la estranguló mientras de forma simultánea le tapaba las vías respiratorias. “Ese ataque por la espalda, súbito y sorpresivo, impidió defenderse a Margarita”.
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Además de la responsabilidad directa de la acusada, la fiscal ha sido muy crítica con la actuación de la cárcel de Pamplona. Los funcionarios, ha resaltado, actuaron mal al creer que era una muerte natural y dejar el cadáver cuatro horas en el pasillo del módulo. También al dejar sola a la acusada y otra presa solas durante tres horas en la celda, permitiendo que limpiaran la escena, la alteraran, se duchara… Pero, sobre todo, Instituciones Penitenciarias “también fue responsable de la muerte de Margarita”. La fiscal ha resaltado que la dirección del centro no hizo nada pese a contar con un informe de la psicóloga de tres días antes de que la acusada era un riesgo para ella y para terceras personas. “El centro no adoptó medidas frente a ese riesgo. No actuaron correctamente: no protegieron al resto de internas y pusieron en riesgo a otras personas, concretamente a Margarita”. Además, ha resaltado que la ley obliga a Instituciones Penitenciarias a salvaguardar la integridad y proteger la vida de las personas internas. Y no se hizo. “No se actuó correctamente pese al riesgo advertido por la psicóloga. Margarita también se había quejado a funcionaros y no le hicieron caso. Esa misma tarde echó una instancia para dejar de ser su presa de apoyo y el centro no tuvo diligencia en tramitarla.
Las acusaciones particulares, una en nombre de la pareja de la víctima y otra en representación de la madre y la hija, han incidido en esta responsabilidad de la administración. “Pese a conocer el informe de la psicóloga -se lo dijo al entonces director-, no se tomó ninguna decisión para proteger a Margarita”, ha resaltado un letrado. En este sentido, han subrayado las palabras en el juicio de la pareja de Margarita, que hacía de presa de apoyo de la acusada, que había tenido un intento de suicidio. “Esa labor la tenían que hacer los funcionarios. Es una función pública que no pueden delegar en un particular”.
EL ABOGADO DEL ESTADO SE OPONE
El abogado del Estado se ha opuesto a la responsabilidad civil subsidiaria de Instituciones Penitenciarias porque no se ha detallado, ha dicho, qué norma o protocolo se infringió en este caso. Sobre las actuaciones posteriores, las ha descartado para una posible indemnización. "Si se podía haber actuado mejor para facilitar la investigación podría dar lugar a una reclamación. Pero no es causa de lo acontecido antes". Así, se ha centrado en qué pudo hacer el centro penitenciario, a su juicio, antes de los hechos. Sobre las cartas que la fallecida enviaba a su pareja en las que exponía su malestar con su acusada, ha afirmado que eran "personales", por lo que la prisión "no conocía el contenido ni podía conocerlo". Acerca de la instancia que echó Margarita la tarde previa a morir, leyó su contenido: "Solicito por favor que se me dé de baja como interna de apoyo porque no estoy en circunstancias para cuidar a nadie. Estar con (la acusada) afecta a mi salud mental". Para el abogado del Estado, el centro penitenciario no tuvo tiempo para reaccionar. "No se puede pretender que el director del centro esté 24 horas pendiente". En este sentido, ha reprochado a la fiscal que exija esta celeridad a la prisión cuando en su misma exposición ha descartado que una instrucción de cuatro años no sea merecedora de una atenuante de dilaciones indebidas. Por último, ha hablado del informe de la psicóloga del centro, que advirtió tres días antes de que la acusada era un peligro para ella y para terceras personas. El abogado del Estado ha resaltado que otros informes (de forenses) hablan de que la acusada sufría ansiedad y de que se encontraba estable. Y de nuevo ha considerado una contradicción que la fiscal no aprecie la atenuante de alteración psíquica en la acusada y a la vez dé por válido el informe de la psicóloga. "O una cosa o la otra". Por todo ello, ha concluido que "no había motivos para haber adoptado antes de los hechos ningún tipo de resolución".
