El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) advierte del grave riesgo de colapso en los Juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, tras el aumento de competencias previsto en la nueva Ley de Eficiencia.

A partir de este viernes 3 de octubre, los Juzgados y secciones que atienden casos de violencia sobre la mujer asumirán también todos los delitos de violencia sexual contra mujeres fuera de la pareja o exmujer. Aunque esta medida busca mejorar la atención y protección a las víctimas, STAJ denuncia que no se ha previsto un refuerzo proporcional de medios personales ni materiales.

STAJ PIDE REFORZAR PROPORCIONALMENTE EL PERSONAL FUNCIONARIO

Este incremento de funciones ha generado preocupación en el sector, sobre el aumento de la planta judicial que los jueces tildan de escasísima, STAJ advierte, que dicho aumento no contempla el refuerzo proporcional de los Cuerpos Generales del Personal Funcionario que dan soporte a cada Magistrado. 

Incrementar más plazas de Magistrados sin el correspondiente aumento de personal, y con las actuales plantillas que se encuentran con plazas sin cubrir por la administración, puede generar la ineficacia de una materia que debe ser rápida en su respuesta o de lo contrario muchas víctimas no tendrán la protección que necesitan.

STAJ reclama en Navarra el aumento urgente de personal funcionario especializado, una vez reconocidos por la Dirección General de Justicia de Navarra la necesidad de implementar los complementos correspondientes, solo contemplados en el partido judicial de Pamplona. La especialización es clave desde el inicio del procedimiento hasta su ejecución, incluyendo la tramitación de recursos.

Con la nueva organización judicial, que centraliza funciones en macro oficinas y elimina la especialización en muchos partidos judiciales, los funcionarios y funcionarias que antes trabajaban exclusivamente en violencia de género ahora deberán atender todo tipo de procedimientos penales. 

UNA SITUACIÓN "PREOCUPANTE"

Esta falta de Equipos de trabajo especializado pondrá en riesgo el funcionamiento de una jurisdicción singularmente sensible, diluyendo la esencia de estos órganos judiciales, y el fundamento que dio lugar a su creación. 

No debe olvidarse, que una de las características vitales de los procedimientos de violencia sobre la mujer, es su naturaleza recurrente, puesto que la reincidencia en episodios violentos en el seno de la pareja o expareja es un hecho común en casi todos ellos, que es infrecuente en otras materias, por lo que la cercanía y especialización se difuminan en las macro oficinas, con la consiguiente deshumanización.

La situación es preocupante: la falta de eficiencia en esta materia podría generar perjuicios irreparables para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.

LOS JUECES DE ESPAÑA FIRMAN UN COMUNICADO CONJUNTO

Además de la nota remitida por STAF a nivel regional, 123 jueces de toda España han firmado un comunicado conjunto para denunciar la situación en la que se verán a partir de este viernes. 

En el documento explican que el pasado 8 de marzo, 108 emitieron otro comunicado para trasladar "las nefastas consecuencias" que iba a suponer la entrada de esta nueva competencia en estos órganos sobrecargados "desde hace años". "Tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios", contextualizan.

UNA REALIDAD "MUY DISTINTA" A LO ASEGURADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Tras la primera nota redactada por los magistrados, el Ministerio de Justicia "aseguró" que iban a destinar recursos "allá donde fuera necesario". "Pero la realidad es muy distinta", lamentan.

"No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron", añaden. En consecuencia de esto, los magistrados exponen cuatro realidades actuales:

• La realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas.
• La realidad es que no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.
• La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas.
• La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente.

En la Comunidad foral han firmado este comunicado tres jueces, dos de Pamplona y uno de Tudela.