Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Pamplona detectaron hace casi dos años, como muchos otros, que las pulseras que colocaban a hombres investigados por casos graves de maltrato daban errores de geolocalización, lo que restaba efectividad a las medidas de alejamiento o prohibición de comunicación. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona, Esther Fernández Arjonilla, comunicó a principios de 2024 estas incidencias, que se han conocido recientemente y han desatado una polvareda política en el país. En Navarra, 56 hombres tienen impuesta esta medida. Y cada incidencia da pie a un informe de geolocalización a los que a partir de octubre va a costar más atender, debido a las nuevas competencias que van a recaer en estos juzgados (en Pamplona solo hay dos), ya saturados con una materia muy delicada.

¿Qué errores detectaban?

Incidencias siempre ha habido. En coberturas, por ejemplo. Pero a finales de 2023 aumentaron sensiblemente y en cosas un poco más graves, como la geolocalización. Es decir, que te dé la situación, bien de la víctima o del agresor, especialmente, en zonas donde no están, que dé falsos positivos en el sentido de que parece que está en la zona prohibida y finalmente no está, o que entre en esa zona y no dé la alarma. Hemos tenido casos, en Pamplona, de víctimas que te han dicho ‘me lo he encontrado de frente’ o han ido al domicilio (en este caso, gracias que iba con la policía, porque iba a retirar enseres) y la alarma no saltó o tardó en saltar. También nos dicen que el margen de error es de 3 o 4 metros y yo he tenido un caso en el que el margen de error era de 47.

¿Todo empezó ya en 2023?

Sí. De hecho, fueron tales las quejas que planteábamos los jueces que a principios del año pasado el Observatorio (Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género) nos pidió que informáramos de las incidencias en nuestros juzgados. De las más graves, como que se hubiera encontrado la víctima con el agresor o que hubiera tardado en funcionar, muchas no teníamos. Pero sí hay muchas incidencias de geolocalización.

¿Cómo han actuado a raíz de estos errores?

El dispositivo telemático no es nuestro, ni siquiera es de la policía, es del Ministerio de Igualdad. Las propias policías me consta que lo han llevado a sus reuniones interinstitucionales. ¿Qué medidas se adoptaron después? Desconocemos. Nosotros pasamos esos informes y lo que se haya hecho por el Consejo y el Observatorio no lo sabemos. Nosotros lo que hacíamos era dejar las pulseras. Casi no las hemos puesto. Las que más se han puesto este año y el anterior han sido adoptadas por los juzgados de instrucción, no por el Juzgado de Violencia sobre la mujer, debido a esta desconfianza en el funcionamiento. Sin ser alarmistas, la pulsera no protege a la víctima, protege la orden de protección o la pena que existe. El dispositivo, si funciona correctamente, lo que ayuda es a la efectividad de la medida acordada. Y luego el trabajo policial, evidentemente.

¿Estos errores de geolocalización no han generado desprotección?

Tanto como desprotección, no, porque la policía no deja a las víctimas aunque tengan pulsera. Generalmente los riesgos extremos suponen medidas de protección personal, con su escolta personal, que acude casi a diario al domicilio de la víctima y al control del agresor. Si esos casos los tenemos con un sistema telemático, pues ahorramos en recursos humanos y tenemos a esa víctima que, teóricamente, está geolocalizada las 24 horas del día, y al agresor también. Pero las incidencias no solamente afectan a no tenerlos correctamente geolocalizados, sino a la tranquilidad de la víctima, porque todas estas incidencias suponen que se activa una alarma muy fuerte, como cuando hay un incendio en un domicilio. Si te salta por la noche, si te salta cuando estás con tus amigos, si te salta en tu lugar de trabajo... dificulta muy mucho tu vida ordinaria. Y evidentemente genera una angustia.

El año pasado se registraron 3.818 denuncias por violencia de género en Navarra. ¿En qué situaciones se adopta esta medida?

Generalmente en casos de valoraciones de riesgo policial alto o extremo. Hay muchos casos en los que la defensa de los investigados piden que no se acuerde la prisión y que se le coloque una pulsera, porque así va a estar geolocalizado y no puede hacer nada. Claro, si luego se nos están diciendo que esta geolocalización no es exacta y que produce fallos, pues en los casos en los que la ley no te permite acordar la medida de prisión, acuerdas a la mejor medidas como la expulsión de la comarca, expulsión de la población… Nos atan mucho las manos con las medidas que podemos adoptar para garantizar la efectividad de la medida.

¿Cómo calificaría la situación actual?

Por un lado, no hay que generar alarma: hay que recordar a las víctimas que están protegidas por las medidas cautelares o por las penas. Pero nos gustaría saber qué ha pasado con esos informes sobre el funcionamiento anormal, para adoptar las medidas que sean necesarias. Y luego, para que las víctimas reciban en sus dispositivos las incidencias mínimas e indispensables y no a deshoras, ni innecesarias o erróneas.