El 'Caso Cerdán' en Navarra
El ingreso en prisión de Cerdán eleva la presión sobre los empresarios imputados
Fernando Merino (Acciona) y Antxon Alonso (Servinabar), vinculados a Navarra, declaran el lunes en el Tribunal Supremo
Publicado el 02/07/2025 a las 05:00
El caso Cerdán entró este lunes 30 de junio en una nueva dimensión con la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo de mandar a prisión provisional, comunicada y sin fianza del navarro. Una postura avalada de forma previa por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón, en la vista celebrada tras concluir la declaración de una hora y media del que fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace solo tres semanas.
El cambio de paso del juez Leopoldo Puente y del fiscal sobre los situación personal de principal investigado, que ni mucho menos esperaba acabar en la cárcel madrileña de Soto del Real, supuso un mensaje claro a los otros ocho imputados en esta causa: el exministro de Transportes entre 2018 y 2021 José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y los cinco empresarios investigados por el presunto pago de ‘mordidas’ para recibir contratos de obra pública de este departamento, quienes están citados este viernes y el próximo lunes.
Así, el procedimiento penal entró este 30 de junio en una nueva fase con el encarcelamiento de Cerdán por el “alto riesgo” de destrucción de pruebas. Una decisión alejada de la tomada por el instructor solo una semana antes con respecto a Ábalos y a Koldo, quienes siguieron en libertad provisional a petición del mismo fiscal Luzón y pese a que las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del Partido Popular, reclamaron también el ingreso en prisión de ambos.
En suma, con la resolución sobre Cerdán la causa escaló de golpe otro peldaño. Lejos quedan los motivos que llevaron al Supremo a abrir una investigación a Ábalos, aforado como diputado, para analizar la presuntas irregularidades de varios contratos adjudicados por Transportes a la empresa Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
Luego llegó la irrupción del empresario “conseguidor” de la red, Víctor de Aldama, y su acuerdo de colaboración con Anticorrupción, que supuso su excarcelación tras pasar un mes en prisión por un millonario fraude fiscal en la gestión de hidrocarburos. Un pacto que permitió a los investigadores de la Guardia Civil pasar de los tapabocas al presunto amaño de obra pública, cuyo colofón llegó con la incorporación al sumario de las grabaciones subrepticias realizadas durante años por Koldo a Ábalos y a Cerdán, halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos a la vista en el registro de su vivienda en Alicante, en febrero de 2024.
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LA INCÓGNITA DE LUZÓN
Todos estos indicios quedaron reflejados en el demoledor informe de la UCO conocido el pasado 12 de junio, que supuso la dimisión de Cerdán como número tres del PSOE y la renuncia a su acta de diputado. Luego se escucharon los audios de Koldo y, sin solución de continuidad, este lunes el investigado entró en prisión tras negar los indicios que le incriminan. Un cambio de postura del fiscal Luzón, secundado por el juez, que condiciona a partir de ahora las estrategias de defensa del resto de imputados.
Los primeros en pasar por el Supremo serán este viernes los constructores José Ruz (Levantina) y los hermanos Antonio y Daniel Fernández (OPR). Y el lunes les seguirán dos pesos pesados del caso: Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra y La Rioja, y Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, la empresa navarra que conecta a Cerdán, Koldo y Ábalos. Éste a través de su ONG Fiadelso, a la que Servinabar transfirió al menos 4.500 euros.
Merino, Koldo y Antxon entablaron contacto en 2015 a través del proyecto Mina Muga, junto a Sangüesa. Las relaciones fueron a más entre los tres y, una vez con Koldo en el ministerio como asesor de Ábalos, la Guardia Civil concluye que Merino “habría señalado a García obras que resultarían de interés para Acciona, lo que después generó contraprestaciones en los investigados”. La UCO concluye que las contraprestaciones procedentes de Acciona percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros. Merino, despedido en 2021, no ha ofrecido ninguna versión pública.
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Antxon Alonso sí que lo ha hecho. Para negar cualquier irregularidad y para negar también que Cerdán haya sido socio de la empresa, a pesar del contrato privado que los agentes encontraron en su vivienda de Elorrio. Sin embargo, la UCO concluye que “del análisis de la mensajería y demás grabaciones ubicadas en los dispositivos intervenidos a Koldo, se deduce que Antxon, mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos”.
La gran pregunta ahora es si Luzón mantendrá sobre estos presuntos corruptores su petición de prisión como hizo con el exdirigente socialista, que solo quiso declarar a su abogado, por riesgo de destrucción de pruebas. Y en la respuesta aparecen similitudes con respecto a Cerdán. Los investigadores ya analizan medio millar de cuentas vinculadas a estos empresarios en el marco de su informe patrimonial. Pero a diferencia del político navarro, la UCO ya ha registrado sus viviendas y algunas empresas. Y salvo Antxon, citado en varias ocasiones en los audios intervenidos a Koldo, los otros cuatro empresarios no aparecen en las grabaciones.
