El 'caso Cerdán' en Navarra
Cerdán niega validez jurídica al contrato de Servinabar hallado por la UCO, pero la ley sí lo avalaría
La defensa quita importancia al documento, pero fuentes jurídicas resaltan que es válido: un contrato privado vincula a las partes aunque no se eleve a público
Actualizado el 26/06/2025 a las 09:18
La defensa de Santos Cerdán niega “efecto jurídico alguno” al contrato aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al Tribunal Supremo sobre la compra del 45% de la empresa Servinabar, al alegar que fue un “mero contrato privado que no se llegó a elevar a público”. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas sostienen todo lo contrario: un contrato privado es válido y compromete a las partes firmantes aunque no se haya elevado a público en una notaría.
La defensa de Cerdán afirmó ayer que el próximo lunes, en su declaración ante el Tribunal Supremo, dará “las oportunas explicaciones” sobre este documento, hallado en casa del dueño de Servinabar y que haría a Cerdán socio de una de las empresas investigadas por el Tribunal Supremo en el caso de las supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública. “No es tal escritura, sino un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno. En definitiva, se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar”, explicaron a la agencia Efe desde la defensa de Cerdán.
Fuentes jurídicas especializadas en la materia disienten de esta interpretación. Según el Código Civil, un contrato es válido y tiene plenos efectos entre las personas firmantes si cumple un triple requisito: consentimiento, objeto y causa lícita. Aplicado al contrato hallado por la UCO, el consentimiento estaría demostrado con las firmas de Antxon Alonso y Santos Cerdán (su defensa no lo negó ayer), tal y como aparecen en cada uno de los cuatro folios. Como segundo requisito, el objeto del contrato sería la transmisión de 1.350 participaciones sociales por parte de Alonso a Cerdán, mientras que la causa lícita serían los 6.000 euros que, según el documento, ya había abonado el exsecretario de Organización a Anxon Alonso. En consecuencia, el contrato privado entre ambos tendría validez y obligaciones entre los firmantes, salvo que exista a otro contrato posterior que lo revierta. Sobre la fecha y lugar de la firma (en el contrato figura “Navarra a 1 de junio de 2016”), este aspecto sería el único que podría ser discutido, ya que para dar fe de estos datos sí que se requiere una notaría.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Otra ley que aborda el objeto que figura en el contrato investigado es la Ley de Sociedades de Capital. En su artículo 106, recoge un enunciado al que podría agarrarse la defensa de Cerdán: la transmisión de las participaciones sociales “deberán constar en documento público”. Sin embargo, fuentes jurídicas explican que esto no elimina la validez de un contrato privado, tal y como resolvió el Tribunal Supremo en 2012. Según aquella sentencia, la exigencia de elevar a público un contrato privado “no es esencial”, sino que solo cumple como medio para probar su existencia y para avalar su eficacia ante terceros. De este modo, el Supremo avalaba la validez de un contrato privado a la hora de transmitir unas participaciones sociales, resaltando el artículo 1.278 del Código Civil: “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. Es decir: consentimiento, objeto y causa.
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La defensa de Cerdán también alegó ayer que en 2016, cuando supuestamente se firmó el contrato privado, “el objeto social de Servinabar no era el mismo que el que tiene en la actualidad”. En efecto, de 2015 a 2019, su objeto social era la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Eso no le impidió, durante esos cuatro años, adjudicarse tres obras públicas en Navarra en UTE con Acciona: las oficinas del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General y la construcción de 62 viviendas de VPO en Erripagaña. En 2016, Santos Cerdán era parlamentario foral del PSN, cargo que ocupó de 2014 a 2017.
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