El Gobierno no sacará a concurso público las auditorías externas que encargará sobre los contratos a empresas que figuran en el informe de la UCO
Dos de ellos los analizará una asesoría externa contratada por la CPEN y para los otros cuatro optará por un procedimiento “simplificado”, que consiste en ofrecer a una serie de empresas realizar este trabajo
Publicado el 25/06/2025 a las 13:57
El Gobierno de Navarra no sacará a concurso público las auditorías externas que va a encargar sobre las seis adjudicaciones a Acciona y Servinabar, empresas que figuran en el informe de la UCO de la Guardia Civil en torno a la presunta trama del 'caso Cerdán'.
Dos de ellos que afectan a Nasuvinsa serán analizados por una asesoría externa que tiene la CPEN, la empresa matriz de las sociedades públicas de Navarra, y para elegir las empresas de asesoría que realizarán los otros cuatro, los departamentos del Gobierno afectados los sacarán a licitación mediante el procedimiento simplificado (ofreciendo el contrato a una serie de empresas en concreto).
EL CONSEJERO ARASTI ARGUMENTA QUE ASÍ “ABREVIARÁN LOS PLAZOS”
Así lo ha detallado este miércoles el consejero de Economía, el socialista José Luis Arasti, argumentando que no se licitarán esos contratos por el procedimiento abierto para “abreviar los plazos”, con el fin de que puedan cuanto antes “aclarar cualquier duda” que pueda surgir en torno a las adjudicaciones a Acciona y Servinabar, pese a que el informe de la UCO “nada dice en relación con el Gobierno de Navarra”, ha insistido.
“El simplificado lo que te permite es con un presupuesto por debajo de 60.000 euros poder hacer una convocatoria, ofrecer a cinco empresas y que por lo menos tengas dos ofertas de las empresas de las que hacer luego la selección. Pero esto, por abreviar. Si vemos que no hay empresas que entren en esta licitación, tendremos que ir al método ordinario que es el procedimiento abierto y puede demorarse en el tiempo”.
Por otro lado, ha señalado que la Cámara de Comptos les ha trasladado que realizará el informe de fiscalización sobre los contratos que les pidió el Ejecutivo.
