El juez del Supremo Leopoldo Puente considera que hay indicios “bastantes” para poder considerar que Joseba Antxon Alonso Egurrola se benefició a través de su empresa Servinabar de la adjudicación de obras, en colaboración con Koldo García y José Luis Ábalos. Indicios “sólidos” que al magistrado le permiten considerar la posible comisión de los delitos de cohecho y pertenencia criminal.

Puente se expresa así en el auto que dictó el pasado 9 de junio acordando, tal y como le solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la entrada y el registro de la sede pamplonesa de Servinabar y el domicilio en Elorrio (Vizcaya) de Antxon Alonso. En su auto, el juez no contempla al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, al no estar aún considerado como investigado.

El magistrado fundamenta su permiso en la prolija investigación de la UCO y el “documentado” informe que la Fiscalía realizó dando también por bueno el trabajo de la Guardia Civil. El fiscal del Supremo subraya el “pormenorizado” análisis de las grabaciones intervenidas a Koldo García, en las que habla entre otros con Cerdán y Ábalos. “La transcripción es de una expresividad tal que, en muchos ocasiones, dispensa de cualquier comentario adicional”, apunta Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción y quien defendió ante el juez como “imprescindible” para el desarrollo de la investigación el acceso de la UCO a las viviendas y empresas de actores de la trama. “Todos ellos podrían albergar en su domicilio documentación e información en sus dispositivos electrónicos que resulten de especial relevancia para los hechos investigados, así como dinero en efectivo”, observa Luzón.

En su informe, el fiscal anticorrupción describe que las contraprestaciones económicas salidas presuntamente desde Acciona ascenderían a 620.000 euros, “percibidas por José Luis Ábalos y Koldo García, y gestionadas por Santos Cerdán, si bien a criterio de Koldo García aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono”. Luzón ahonda en que García y Ábalos “generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas” y Cerdán se encargaba presuntamente “de gestionar el monto y los pagos”.

Sobre Servinabar, la Fiscalía incide en que el valor añadido que puede aportar a su UTE con Acciona “adquiría sentido por la relación existente entre Santos Cerdán, Koldo García y ambas empresas”.