Que las personas sin hogar puedan permanecer bajo un techo digno el tiempo que lo precisen. Que no sufran aporabofia (rechazo a la pobreza) y recuperen el resto de sus derechos (sanitarios, sociales, de renta garantizada, al voto...) Son los objetivos que persigue la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en Cataluña para erradicar, o al menos mejorar, la situación del ‘sinhogarismo’ (personas que no disponen de techo ni hogar). Impulsada por la sociedad civil y respaldada por seis de los ocho grupos parlamentarios, la futura normativa busca poner de manifiesto que las personas que viven en la calle “no lo hacen porque quieren”. Para exponer esta normativa participó ayer en Pamplona su impulsor, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Antoni Milian i Massana. Intervino en una jornada organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y financiada por el Gobierno de Navarra.

El catedrático insistió en la importancia de acceder a un “espacio digno las 24 horas del día” y tener un “espacio suficiente para la vida privada”. “Lo deseable sería una vivienda pero también se utilizarán albergues, pensiones...” El único requisito es que las personas que quieran acceder estén empadronadas en Cataluña y acrediten no tener hogar. “Podrán permanecer no de forma indefinida pero sí permanente hasta que lo necesiten. Si no, vuelven a la calle y entran en un círculo vicioso”. En Cataluña residen ahora, subraya, alrededor de 20.000 personas sin hogar (una cifra que casi ha duplicado a la de hace una década).

DOBLE PRESUPUESTO

Sobre la situación en Navarra se refirió la directora general de Protección Social y cooperación al Desarrollo, Inés Jiménez Muro. “La clave es que haya más viviendas destinadas a colectivos con dificultades. Desde 2021 se ha doblado el presupuesto”, insistió en redoblar los esfuerzos legislativos para “terminar con esta situación”.

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, subrayó que la situación actual es muy distinta a la que existió entre 2011 y 2023, “muy tradicional”. “Entonces solo había un albergue con cincuenta plazas, una casa de baños y un comedor social, con tres educadores. Ahora hemos pasado a un modelo integral”.

 Con la vivienda como eje, recalcó (veinte pisos compartidos para alojar a personas sin hogar), un alto acompañamiento social (hay diez trabajadores sociales y se quieren alcanzar los veinte)”. Además, añadió, se está atendiendo la salud mental y la perspectiva de género de las personas sin hogar. “Gran parte del problema procede de la migración que llega sin soporte, sin permiso de trabajo. Estas son las personas sin hogar. “Si no hay una regularización masiva, resultará difícil abordar la situación”.

La presidenta de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Andrea Corera Rípodas, aportó algunos datos. Como que el 18,3% de la población navarra está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 7,9%, en situación de pobreza severa. “Hay que visibilizar estos números y recordar que detrás de los porcentajes hay personas”. Buscan crear pisos de baja exigencia, reforzar la transición a la vida adulta de los menores no acompañados y mejorar el acceso a la vivienda pública. “Porque vivir con dignidad debe ser un derecho garantizado”.