Investigación
La UCO registra durante 6 horas la sede de Servinabar en Pamplona por el 'caso Ábalos-Koldo'
Los agentes han entrado la tarde de este martes 10 de junio en la sede de la empresa vinculada a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, donde han permanecido seis horas
Actualizado el 11/06/2025 a las 11:03
La investigación del Tribunal Supremo sobre la supuesta trama de cobro de comisiones en el caso Koldo-Ábalos llegó este martes 10 de junio por la tarde a Pamplona. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se personaron en la calle San Nicolás y procedieron a registrar la sede de la empresa Servinabar 2000, una de las firmas a las que el Gobierno de Navarra adjudicó las obras para duplicar los túneles de Belate, en el punto de mira de los investigadores desde hace meses.
Los registros de Pamplona se produjeron el mismo día en el que la UCO intervino en la casa de Valencia del exministro socialista José Luis Ábalos, dentro de una nueva pieza secreta y separada sobre la trama que dirigía Víctor de Aldama y que investiga el juez del Supremo Leopoldo Puente. Según el auto del magistrado, este registro estaba justificado ante los indicios de que Ábalos pudo haber participado, como ministro de Transportes, en presuntas adjudicaciones irregulares “a cambio de un precio o compensación económica”. No ha trascendido si existe vinculación entre la actuación de Valencia y la de Pamplona. También hubo registros en empresas del País Vasco y no se descartan más entradas en la Comunidad foral.
En la capital navarra, los agentes de la UCO accedieron al número 1 de la calle San Nicolás, cerca de la Plaza del Castillo, sobre las 18.15 horas. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Antonio Balas, el jefe de los grupos de delitos económicos y contra la administración de la UCO y cuyo nombre saltó a la palestra la semana pasada dentro del caso Leire Díez: la exmilitante socialista solicitaba en audios “información comprometedora” sobre él a cambio de supuestos favores.
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Media docena de investigadores, de paisano, accedieron hasta este rincón del casco viejo pamplonés con un coche sin distintivos policiales, del que extrajeron varias cajas de cartón del maletero. A continuación, subieron a la segunda planta del edificio, donde se encuentra la sede de Servinabar. Allí permanecieron durante 6 horas. A medianoche abandonaron la sede.
DENUNCIAS EN PAMPLONA
La UCO posó su mirada en la adjudicación de las obras de Belate a hace unas semanas. Las posibles irregularidades en la adjudicación habían sido denunciadas por UPN y un particular ante la Policía Judicial de la Guardia Civil en Pamplona. En un momento dado, sin que haya trascendido el porqué, esta adjudicación acabó en Madrid en manos de los agentes que se encargan de investigar el alcance de la trama que dirigía Víctor de Aldama. Este aseguró que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones al exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y al Partido Socialista.
El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, también pidió a los agentes de la UCO que analizaran otras acusaciones vertidas por De Aldama contra miembros del Gobierno y del PSOE. Entre ellos, contra el secretario de Organización socialista, el navarro Santos Cerdán. Hasta ahora, Cerdán ha negado cualquier implicación con la trama, desmintiendo todas las informaciones que han ido apareciendo en medios digitales.
Las obras de duplicación del túnel de Belate se adjudicaron el 26 de diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar 2000 SL en 62,88 millones (más IVA) con una baja del 20% sobre el importe al que salieron a licitación. El contrato se formalizó el 25 de enero de 2024.
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Así se adjudicó la obra de los túneles de Belate
La mesa de contratación sobre las obras de Belate estuvo formada por ocho personas: cinco técnicos del departamento de Cohesión Territorial, uno de los cuales, el entonces director de servicio de Nuevas Infraestructuras, era el presidente de la mesa; un técnico de administración pública (rama jurídica) del departamento que ejerció las funciones de secretario; el interventor delegado de Cohesión Territorial, y un representante de la Junta de Contratación Pública.
En la valoración de los criterios cualitativos planteados por las empresas se produjeron varios hechos que pusieron el foco en todo este proceso. Por ejemplo, la documentación aportada por las empresas permaneció varios días en una unidad de red a la que tuvo acceso cualquier empleado público de la dirección general de Obras Públicas. Tres miembros de la mesa, en concreto el secretario, el interventor y el representante de la Junta de Contratación Pública, emitieron sendos votos particulares en los que manifestaron que la valoración técnica realizada carecía de una adecuada motivación. Además, destacaron la incorrección del hecho de que el presidente de la mesa conociera las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración. La mesa aprobó la propuesta de adjudicación con un informe de fiscalización del interventor positivo, pero con un reparo no suspensivo.
