Tener más de 100.000 euros, entre bienes, derechos y activos financieros, no será finalmente un impedimento para poder acceder en Navarra a subvenciones por rehabilitación protegida. Los grupos que apoyan el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo) y EH Bildu han aprovechado el trámite de enmiendas a la proposición de ley foral para el derecho a la vivienda asequible en Navarra que los cuatro grupos registraron en marzo en el Parlamento para rectificar una de las propuestas que más controversia habían generado. Lo que en concreto plantean en una de las nueve enmiendas que han registrado para su debate en comisión y que ya cuentan con los apoyos garantizados para su aprobación es la supresión de dos de los apartados que habían incluido en el artículo que regula la “condición temporal y requisitos aplicables a toda actuación protegible objeto de ayuda económica”. En concreto, los dos que planteaban a partir de qué importe de bienes, derechos y activos financieros no se iba a poder acceder tanto a subvenciones por adquisición o arrendamiento de vivienda protegida como a subvenciones por rehabilitación protegida. Un cambio que de haber seguido adelante hubiera supuesto que a partir de ahora las subvenciones por rehabilitación protegida dependieran no sólo de la renta del solicitante sino de su patrimonio. El portavoz parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ya había advertido durante una rueda de prensa en abril que este cambio suponía una “varapalo” para la rehabilitación y auguró que si la norma se aprobaba en esos términos la rehabilitación se frenaría. “Aunque 100.000 euros parece un patrimonio extenso en realidad no lo es porque en la práctica y en función de los precios actuales, cualquier persona que cuente con otro inmueble quedará de facto excluido de las ayudas”. Y, de hecho, entre las 14 enmiendas que han planteado los regionalistas al texto, destaca una en la que una pedían la supresión de estos dos apartados porque, defienden, “en la práctica, puede producir un impedimento a la rehabilitación de viviendas”.

Para los grupos del Gobierno y EH Bildu el motivo de la modificación radica en que entienden ahora que ese límite podía terminar causando problemas de casuísticas muy diversas. Por ejemplo, para quienes pedían la ayuda tras recibir un préstamo para rehabilitar la vivienda o para quienes acababan de vender su antigua casa e iban a usar ese dinero para pagar la nueva.

Cambio en requisitos de acceso y adjudicación

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Otro de los cambios que plantean los socios en el texto original de la proposición de ley es excluir del acceso a la vivienda protegida a las personas que hayan vendido alguna propiedad en los últimos cinco años sin importar el precio de transmisión. En la redacción original exceptuaban de este requisito las transmisiones que no hubieran generando ingresos superiores a los 100.000 euros. En cuanto al sistema de adjudicación, las personas que accedan a las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible incluidas dentro de las reservas especiales no podrán participar en el proceso de selección que se siga para la adjudicación de viviendas incluidas dentro de las reservas generales.

Hay que recordar que con la nueva normativa se plantea que las nuevas viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible que se incluyan en las reservas generales (pueden llegar hasta el 80% de las viviendas de una propiedad) se adjudiquen por sorteo en lugar de por baremo. En la distribución de esas reservas, las personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción que tenga una edad igual o inferior a 35 años o 60 o más tendrán preferencia.

Los grupos de la oposición han registrado para su debate un total de 35 enmiendas, 14 UPN y 21 el PP. Entre otros cambios, abogan por que la gestión de las fianzas del alquiler siga en manos de los arrendatarios. Hay que recordar que la nueva normativa plantea la incorporación de un nuevo artículo para que los arrendadores depositen la fianza del alquiler de la vivienda habitual y permanente en el departamento de Vivienda. UPN también plantea incrementar hasta el 65% el porcentaje de subvención del presupuesto subvencionable en la rehabilitación de la envolvente térmica. Aseguran que el límite del 50% establecido en la actual redacción impide la posibilidad de alcanzar la subvención a un importante número de viviendas.

Los regionalistas coinciden con el PP a la hora de proponer que se implanten en Navarra las denominadas Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs), una nueva figura que ya opera en comunidades como Madrid o Aragón y con la que se busca agilizar las tramitaciones urbanísticas. Se trata de entidades acreditadas por la propia administración que se encargan de verificar que las licencias van cumpliendo la normativa y llegan a la administración permitiendo reducir de forma notable los plazos burocráticos para obtener dicha licencia. Los populares también hacen referencia en sus enmiendas a las zonas de mercado tensionado y proponen la creación de una oficina de atención a víctimas de okupación donde se ofrezca asesoramiento jurídico gratuito, asistencia especializada y atención psicológica a las personas afectadas.