Diario de Navarra

1 Suprimir dos apartados del artículo 5 que regula la condición temporal y los requisitos aplicables a toda actuación protegible para evitar que el acceso a las subvención por adquisición o arrendamiento de vivienda protegida y por rehabilitación protegida dependa además de la renta del solicitante, como hasta ahora, de su patrimonio. 2 Se plantea como requisito para acceder a la vivienda protegida que “la persona adquiriente, adjudicataria, promotora para uso propio, arrendataria o beneficiaria o cualquier otro miembro de su unidad familiar, incluida la persona conviviente que habite junto con los hijos comunes, aunque no existe vínculo matrimonial o pareja estable, no hayan trasmitido el pleno dominio o un derecho de uso o disfrute sobre alguna vivienda o parte alícuota de la misma en los últimos cinco años”. En la redacción inicial se excluía de este requisito las transmisiones que no hubieran generado ingresos superiores a los 100.000 euros. 3 El cambio versa sobre el sistema de adjudicación. Lo que se plantea es que las personas que opten a las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible incluidas dentro de las reservas especiales no puedan participar en el proceso de selección que se siga para la adjudicación de viviendas incluidas dentro de las reservas generales. 4 El apartado dedicado a las reservas para adjudicar las viviendas protegidas en régimen de propiedad plena o en derecho de superficie se amplía para que en las promociones de 50 o más viviendas haya una reserva del 2% para familias numerosas de categoría especial (5 hijos o más). 5 En el apartado dedicado a las reservas en alquiler se plantea añadir dos dos categorías: víctimas del terrorismo (3% de las viviendas) y familias numerosas de categoría especial (5 hijos o más) en las promociones de 50 o más viviendas donde se reservarán el 2% de los pisos para este colectivo. 6 El artículo que regula el procedimiento de adjudicación por cambio de vivienda protegida inadecuada se añade un nuevo apartado para indicar que “se establecerán reglamentariamente las condiciones de vivienda inadecuada a efectos de acceso a una vivienda protegida de mayor tamaño”. En este reglamento podrán establecerse también excepciones o adaptaciones para unidades de convivencia específicas o situaciones de especial vulnerabilidad. 7 El apartado donde se regula la promoción de viviendas de protección a asociaciones sin animo de lucro o cooperativas en régimen de cesión de uso se establece que el canon periódico que deberán abonar la asociación o cooperativa se ajustará a lo previsto en la normativa y se establece que las cooperativas de viviendas de protección oficial tendrán derecho únicamente a las subvenciones previstas para las personas jurídicas promotoras de vivienda de alquiler asequible sin que sean compatibles con otras que establece la norma. 8 Se plantea suprimir una de las disposiciones transitorias que se recogían en la ley foral del derecho a la vivienda en Navarra. En concreto, la disposición transitoria décimo novena donde se habla sobre las viviendas protegidas sobre suelos no reservados para tal fin: “Durante los cinco años siguientes a la aprobación de esta ley foral, cuando se trate de promoción de viviendas en régimen de alquiler sin opción de compra edificadas sobre parcelas no reservadas por el planeamiento a la promoción de viviendas de protección oficial, la duración del régimen de protección será como mínimo de quince años, contados a partir de la fecha de su calificación definitiva. Dos años antes del fin del régimen de protección, deberá realizarse notificación expresa y personalizada a cada unidad familiar residente en estas viviendas explicando con detalle el régimen y precios que regirán a partir de entonces”. 9 Se añade una nueva disposición transitoria única con el siguiente texto: “Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley foral hubieran sido aprobados inicialmente podrán continuar su tramitación conforme a las determinaciones de ordenación urbanística establecidas por la legislación anterior, sin perjuicio de que éstas puedan ser adaptadas a las previsiones contenidas en la presente ley foral”.

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Las nueve enmiendas que han planteado los socios de Gobierno y EH Bildu

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