La entrada en vigor el próximo 20 de mayo del nuevo reglamento de Extranjería modifica las reglas para los solicitantes de asilo y va a dejar en una situación “de limbo” a una parte de ellos.

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El gran cambio que conlleva la nueva regulación es que el tiempo que pasa una persona a la espera de la resolución de su solicitud de asilo, que puede dilatarse fácilmente uno, dos y hasta tres años incumpliendo los plazos que marca la ley , ya no va a contabilizar para la vía del arraigo en caso de ser negativa. Es decir, cuando su petición de asilo es denegada por considerarse que no cumple los requisitos para acogerse a la protección internacional, no sólo se quedan en situación irregular, igual que ocurría hasta ahora, sino que el contador se pone a cero. A ojos de Extranjería es como si acabaran de llegar al país, aunque algunos estén incluso trabajando de forma legal (los solicitantes de asilo sí pueden trabajar a partir de los 6 meses de presentar su solicitud).

LOS NUEVOS SOLICITANTES

Ante esta modificación, las entidades que prestan acompañamiento a las personas migrantes ya están recomendando a aquellas que tienen que iniciar ahora el proceso que sopesen las posibilidades de obtener la protección internacional, porque la realidad es que un alto porcentaje terminan siendo denegadas. 

“En Latinoamérica la situación está fatal y la gente viene porque se siente amenazada, extorsionada, por la violencia. Viene gente que está bien situada económicamente, que tiene negocios, pero a la que la delincuencia generalizada le obliga a migrar”, explica Paola Cerón, trabajadora social de Cáritas. “El asilo es una figura de protección para aquellas personas que se ven forzadas a huir porque su integridad física o psíquica corre peligro”, apunta Idoia Oneca, de CEAR Navarra. “La ley de asilo recoge los motivos por los que se puede conceder esa protección: raza, género, orientación sexual, religión, opinión política nacionalidad... pero hay muchas personas que huyen de sus países por otros motivos por los cuales su vida está en riesgo, y se les deniega esa protección porque esos motivos no están recogidos en la ley”, indica.

EXCEPCIONALIDAD

El “limbo” se va a generar para aquellas personas que ya hayan cursado su solicitud de asilo, pero no hayan recibido una respuesta en firme negativa antes de la entrada en vigor de la nueva normativa (siendo exactos antes del 20 de marzo, porque el plazo para recurrir es de dos meses) . Esas son las personas a las que el contador del tiempo pasado en Navarra se les va a poner a cero. “Se establece durante un año la posibilidad de una regularización excepcional, pero hay que cumplir dos requisitos: llevar seis meses en situación irregular y que les hayan denegado el asilo en firme (sin posibilidad de recurso de reposición o contencioso)”, añade Cerón (Cáritas). “Para aquellos a los que no se les haya denegado todavía y quieren desistir del asilo, todavía no sabemos si se lo van a aceptar o no. Hay cosas que no están claras todavía”.

Oneca (CEAR) sostiene que no se aceptará la renuncia. “Una vez que has pasado la entrevista con Extranjería, no permiten echarse atrás”. Caso es distinto es para quien haya interpuesto un recurso. “Para esto sí han habilitado una vía para renunciar y habrá muchos que lo hagan, porque cumplen ya con los tiempos del arraigo”, clarifica. “Eso sí, si están trabajando se ven obligados a dejar su empleo y habrá que valorar con Derechos Sociales si pueden pedir o no la Renta Garantizada”.

UN SISTEMA COLAPSADO

El nuevo reglamento “mejora muchas cosas”, prosigue Oneca, pero “desincentiva de forma clara” la petición de asilo . “Es cierto que había que buscar la manera de descolapsarla porque era una vía que estaba sobreexplotada”, asume, “pero de esta manera va a haber personas que podrían cumplir requisitos que no van a querer arriesgarse y otras, las que llevan mucho tiempo esperando una resolución, que van a quedar en situaciones muy complicadas después de estar arraigados de hecho aquí”, apunta Oneca. “Ya nos han empezado a llegar noticias de familias que no quieren seguir con el proceso. Al final la decisión es de cada persona”.

“Estamos hablando con la gente, porque antes de mayo tienen que tomar una decisión. El que tiene trabajo se lo tiene que pensar. El que no tiene trabajo tiene que renunciar a la vía del asilo cuanto antes”, opina el abogado voluntario del SEI, Rafael Paredes, que aun así aconseja “ir caso por caso” y pone un caso concreto de los que ha visto en los últimos días. “Matrimonio con 5 hijos, están en el programa de Cruz Roja con casa, ayuda y unas horitas de trabajo. Si renuncia, se queda fuera del programa, sin piso, sin permiso de trabajo y sin posibilidad de pedir otras ayudas como la Renta Garantizada. Le he aconsejado esperar, aguantar, porque va a haber un año de plazo de impasse y a ver qué pasa de aquí a mayo de 2026”. 

Navarra recibió 2.171 solicitudes de protección internacional en 2023, lo que supone un incremento del 120% respecto a las 983 registradas el año anterior y 265% más que en 2021 (594). La mayor parte son personas que provienen de países de Latinoamérica, especialmente de Colombia, Perú y Venezuela. El resto son “un amplio abanico” en el que sobresalen Afganistán, Siria y El Sáhara.

Respecto a 2024, hasta el 30 de noviembre se habían tramitado un total de 1.321 solicitudes de asilo y refugio, según las cifras de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior, ascendiendo esta cifra a 152.626 en el conjunto del país.

La protección internacional es un derecho regulado en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, que se otorga a aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que huyen de conflictos armados, violencia generalizada o violaciones graves de derechos humanos.

Su regulación en España es de competencia estatal, gestionada a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con entidades sociales y administraciones autonómicas. En Navarra, las entidades acreditadas se han ampliado y a CEAR, Cruz Roja y las Hijas de la Caridad se le han sumado Accem y Provivienda.

Para favorecer la protección e inclusión de aquellas personas que, tras un largo proceso burocrático, ven rechazada su solicitud de protección internacional y quedan en una situación de extrema vulnerabilidad, el Gobierno de Navarra mantiene su programa de transición conveniado con CEAR, cuyo objetivo es precisamente ayudar en esa transición a quienes se les ha denegado la posibilidad de recibir protección internacional, facilitándoles recursos para que durante un plazo de seis meses puedan integrarse en la sociedad que les acogió al huir de las guerras y las violencias.

En un encuentro que mantuvo recientemente con representantes de las entidades sociales responsables de los programas de protección internacional, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, reafirmó el “compromiso absoluto” del Gobierno foral con la protección y acogida de las personas solicitantes de asilo y refugio.