UPN y PP pidieron este viernes a la consejera de Derechos Sociales que sea “valiente” y que asuma el informe de la Cámara de Comptos como “una oportunidad de mejora” a la hora de elaborar la nueva ley de Renta Garantizada, una reforma que llegará “este mismo año al Parlamento”. La portavoz de UPN en la comisión de Derechos Sociales, Raquel Garbayo, fue más allá y aconsejó a Carmen Maeztu que “no excluya a nadie” en las negociaciones. “Seguramente necesitará a todo el mundo para modificar esta Renta Garantizada”, le recordó en una sesión en la que los socios del PSN y Bildu se reafirmaron en su defensa del modelo actual. “Un modelo que no era el del PSN”, le echaron en cara a la consejera tanto Garbayo como Maribel García Malo (PP).

Maeztu asumió que hay “ámbitos de mejora” detectados por Comptos que “coinciden” con la visión del Departamento, pero negó “que haya dejadez, que nada funcione o que no haya control” sobre esta prestación. “Niego la mayor, y la Cámara de Comptos no dice eso en ningún caso”. “Creo que se ha hecho una lectura catastrofista totalmente interesada”, valoró, lamentando que los grupos de la oposición “siembren la sospecha permanente, la duda y la desconfianza en las personas vulnerables”.“ No el 100%, pero sí la mayoría de las personas perceptoras cumplen con las obligaciones”, apuntó. 

EL EMPLEO Y LAS EMPRESAS

Aunque no fue muy concreta, Maeztu sí apuntó algunas líneas maestras de la nueva ley. La primera es conseguir que el itinerario de inclusión de la persona perceptora se trabaje de la mano de los profesionales de forma temprana, “desde el primer día, “sin que haya que esperar un año”, como sucede hasta ahora, y estableciendo itinerarios diferentes en función de si se trata de una persona que está capacitada para trabajar o no.

En este sentido, la consejera hizo un llamamiento a las empresas “para que medien más con el Servicio Navarro de Empleo”. “Que nos hagan llegar más ofertas, sobre todo aquellas de difícil cobertura, para que podamos conectar mejor oferta y demanda”, expuso. Vinculado con esto, Comptos apuntaba a que no había mecanismos para comprobar si las personas que acuden a las ofertas de trabajo (78%) las aceptan o no. “Las empresas que ofrecen un trabajo no tienen la obligación legal de decir si han contratado a la persona o no. Además, es la empresa quien tiene la última palabra para decidir a quien contrata o no”, se justificó Maeztu.

La segunda modificación de la norma irá encaminada a “simplificar y mejorar la convivencia” entre la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, aunque aclaró que “en ningún caso se puede interpretar que ahora se cobra doble o se duplica el número de perceptores”.

Sobre la detección de irregularidades, la consejera sostuvo que “hay una gran labor de supervisión y control”, aunque existen “ámbitos de mejora” que se abordarán. Por ejemplo, a la hora de supervisar el requisito de residencia en Navarra. “Pero Comptos no dice que se incumpla la residencia”, matizó. Dice que no hay controles automatizados para supervisarlo. Pero sí se controla en varias ocasiones durante el proceso y si hay incumplimientos, se toman medidas”, insistió.

La consejera cerró su intervención “agradeciendo a Comptos” su labor y mostrando su compromiso a atender sus recomendaciones, aunque también recordó que la voluntad de reforma de la Renta Garantizada del Gobierno foral era previa al informe.