Los 14 agentes que conforman la Brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral tienen entre sus funciones (no en exclusiva) investigar aquellos casos que despiertan dudas en el cobro de la Renta Garantizada. No actúan de oficio, sino que es la Sección de Inspección del departamento de Derechos Sociales la que les remite los expedientes en los que es preciso comprobar información, muchas veces relacionada con la residencia, la convivencia o los ingresos no declarados. En ocasiones, la Brigada recibe denuncias de particulares que trasladan directamente sus sospechas, pero éstas son siempre dirigidas a Derechos Sociales para que desde allí los técnicos valoren si el caso merece ser investigado.

Daniel Cano, el jefe de la Brigada de Juego y Espectáculos, explica cómo trabajan en el día a día y pide prudencia en un tema “sensible”. “Hay que sacar de la ecuación al que le echa cara, al que engaña. Son una minoría, pero son suficientes para darnos mucho trabajo”, expone tras la polvareda generada por el informe de Comptos, que daba cuenta de 737 expedientes inspeccionados en el periodo 2019-2023. Cabe recordar que sólo en 2023 hubo 16.500 unidades familiares que recibieron esta ayuda, un total de unos 35.000 beneficiarios. Al mismo tiempo, Cano hace una defensa cerrada de este sistema de protección social. “La Renta es una prestación importantísima, es necesaria y está ayudando a mucha gente a poder rehacer una vida”, recuerda frente a mensajes de brocha gorda. “Con esa visión trabajamos”.

80 CASOS Y 1.000 ACTUACIONES EN 2024

No todos los expedientes que generan dudas o sobre los que se han recibido denuncias llegan a Policía Foral. “La Sección de Inspección recurre a nosotros cuando no tienen los medios suficientes para comprobar la información que necesita. Por ejemplo, aspectos como la convivencia entre determinadas personas, el lugar de residencia o si existen ingresos no declarados”. Con los informes que elabora este cuerpo policial, la Sección de Inspección decide qué hacer en cada caso.

En 2024, un año que Comptos ya no recoge en su informe, Policía Foral investigó 80 casos, aunque las actuaciones alcanzaron las 1.000 porque cada uno de los expedientes implica más de una acción. De estos 80, el porcentaje de incumplimiento estuvo en torno al 75%, en línea con lo atestiguado por la Cámara de Comptos sobre años previos. Cano explica lo elevado de la tasa: “Nos llega ya la duda generada. En estos casos, cuando el río suena, suele llevar agua. Pero en ningún caso se puede decir que el perceptor de renta defraude de modo generalizado”, argumenta.

RETRASOS EN LA INVESTIGACIÓN

Una de las cuestiones que Comptos detectaba en su informe era “un retraso significativo en la investigación llevada a cabo por la Policía Foral debido a la carencia de medios”. Cano matiza. “Entre 2019 y 2023 han ocurrido cosas que han hecho que nuestro modo de trabajar cambie”, sostiene. Por ejemplo, en 2021 el Defensor del Pueblo dictó una resolución en la que recomendaba no dar de baja directamente la prestación aunque se considerara que procedía, sino dar opción a que la persona beneficiaria pudiera presentar alegaciones. “Eso implica muchísimo más trabajo, porque cada procedimiento se alarga y nosotros somos los mismos”. Igualmente, les ha obligado a “profundizar más” y dedicar más tiempo a cada caso, para dejar todos los flecos atados en previsión de una posible alegación. “Demostrar que dos personas son pareja y no compañeros de piso puede resultar complicado. Con una visita al domicilio muchas veces no resulta suficiente”, detalla el jefe de la Brigada.

Todo esto se refleja en las estadísticas. En el periodo analizado (2019-2023) se inspeccionaron 737 expedientes, aunque hay mucha oscilación de un año a otro: 226 en 2019, 123 en 2020, 145 en 2021, 172 en 2022 y 71 en 2023. Cano apunta además a “la propia labor inspectora”, que disuade a quienes buscan defraudar, como otro de los factores de la tendencia a la baja.

LABORES DE LOS DETECTIVES DE PELÍCULA

Para perseguir estas infracciones, los agentes desarrollan tareas que recuerdan “a los detectives de las películas”. “Nos toca mucho vigilar lo que tiene que ver con los hábitos de vida: entradas y salidas de casa, horarios, etc.. Todo depende de lo que nos haya pedido Derechos Sociales, que nos hace una petición concreta: comprobar residencia, comprobar convivencia y residencia, comprobar si son parejas, comprobar ingresos”, ejemplifica.

Hay algunas investigaciones “mucho más complejas que otras”. Algunas requieren volver al mismo domicilio varias veces. También se recurre a la información que puedan aportar otros cuerpos policiales o los servicios sociales de las distintas localidades. Incluso se pregunta en los bares que frecuenta la persona investigada. “Es un trabajo arduo y que requiere esfuerzo”. 

DISTINTAS SANCIONES Y LA POSIBILIDAD DE RETOMAR LA AYUDA 

Con el informe que redacta el agente, que siempre utiliza la misma coletilla: “Es opinión del agente informante que...”, todo el expediente es devuelto a Derechos Sociales, que, después de las alegaciones, valora qué medida corresponde adoptar. La normativa contempla infracciones leves, graves y muy graves que pueden acarrear sanciones, más allá de la suspensión del cobro de la ayuda. Estas sanciones van desde el apercibimiento hasta la imposibilidad de acceder a la ayuda en distintos periodos, incluyendo sanciones económicas entre 1.000 y 3.000 euros. “Ahí ya la Policía Foral no entra para nada. Ellos toman las decisiones, aunque sí nos informan a posteriori porque nos resulta útil. Se trata de hacer un trabajo lo más eficiente posible”.

En cualquier caso, tal y como recuerda Comptos, “en caso de que la prestación se extinga, al día siguiente se puede volver a solicitar si desaparece el hecho causante de la sanción”. “Pero no vemos mucho reincidente”, apunta Cano.

COBRAR Y VIVIR A MILES DE KILÓMETROS: "SON LOS MENOS"

No maneja el dato exacto, pero Cano aventura que no serán más del 10% aquellos casos que investigan en los que la persona está cobrando la renta mientras vive e incluso trabaja a miles de kilómetros, en su país de origen muchas veces. “Los hay, y los hay de manera constante, pero son los menos. No podemos hablar de que haya un gran agujero”.

Las de este tipo resultan investigaciones “latosas”, que suelen alargarse en el tiempo. “Acudes al domicilio y te dicen que esa persona no está porque se ha ido de vacaciones a su país. Vuelves a las dos semanas y tampoco está. Si esto se repite varias veces, cerramos el expediente diciendo que es opinión del agente que esta persona no reside en el domicilio aportado”.

Esto plantea también otro asunto: dónde está el límite en los derechos de la persona que cobra la Renta Garantizada. “Es evidente que no vas a tener a la gente en su domicilio esperando a que vayamos a comprobar si vive o no. Hay que buscar un equilibrio”.

DENUNCIAS DE LOS PROPIOS CIUDADANOS

“De vez en cuando nos llegan denuncias de ciudadanos. Saben, o dicen saber, que en su pueblo hay alguien que está empadronado, pero al que sólo ven cada 3 ó 4 meses, y además se quejan de que cobra más que ellos trabajando. Así te lo cuentan y la gente, ante esa situación y con toda la razón del mundo si al final resulta que es cierto, se enfada. Basta con que haya un caso así para que en ese pueblo la percepción del tema de la Renta Garantizada sea absolutamente negativa”, lamenta Cano.

En esos casos, la Brigada no puede actuar de oficio. “Yo contrasto la información con el departamento y, si ven que hay motivos para investigarlo, lo incluyen en el siguiente paquete de expedientes que nos van a remitir”. Aunque la Policía Foral detecte indicios de fraude o delito, no actúan sin una instrucción de Derechos Sociales. “Que actuemos de oficio es algo que, de momento, no está encima de la mesa”, sostiene Cano.

UNA MEJOR GESTIÓN, EN OTRO TEJADO

Pese a la falta de medios que reseñaba Comptos, Cano considera que la brigada está “bien dimensionada”. “Todas te dirán que con más personal se podrán hacer más cosas, pero es una cuestión de equilibrio”, asume.

El informe de la Cámara fiscalizadora no ha venido a poner en cuestión el trabajo que desarrolla la Brigada, si no al contrario. “Yo lo he entendido como un espaldarazo, porque deja claro que nuestra labor está colaborando directamente en la recuperación de un dinero que es de todos”.

Valora el responsable que “si algo tiene que cambiar”, no entra dentro de sus competencias. “Entiendo que lo que ha dicho Comptos es que los problemas están a la hora de que se use esa renta como trampolín para la integración y el empleo. Ahí es donde hay que verificar más si esas personas van a las entrevistas de trabajo o aceptan o no ofertas de empleo. Pero eso está en el tejado de los gestores, no es un trabajo policial. Tanto la sección de Derechos Sociales como nosotros trabajamos a tope”.

Por eso, aunque se logre mejorar todo este engranaje, Cano piensa que no tendrá gran repercusión en la labor de la Brigada. “Aunque se genere una gestión del dinero más eficiente y todo funcione mejor, y eso sería estupendo para todos, el defraudador va a seguir existiendo. Y en un porcentaje muy parecido al que tenemos ahora”, augura.