La propuesta de cambiar la naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud para que sea un ente público empresarial, lo que conllevaría que los futuros profesionales no fuesen funcionarios, no cuenta en este momento con el apoyo político suficiente para que el Gobierno pudiese sacar adelante esta medida que se contempla en el anteproyecto de la ley foral de Salud.

UPN, Bildu y Contigo se manifestaron este martes en contra de este cambio durante la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Función Pública e Interior, Amparo López para tratar este asunto. La consejera ha acudido a la Cámara, a petición de UPN, que quería conocer la opinión de Función Pública sobre esta posible modificación que ha planteado el departamento de Salud.

López, que acudió al Parlamento acompañada por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, para escenificar que no hay fisura en el Ejecutivo, reiteró que el anteproyecto de la ley de Salud se encuentra en un “momento preliminar” y “sujeto a cambios”.

Insistió en que “no hay ninguna decisión tomada, ni cuestiones innegociables”. Con todo, reconoció que en Navarra no existe ninguna entidad pública empresarial en Navarra que pudiera servir de referente ante este cambio que ha propuesto Salud en el borrador de la ley.

También insistió en que una ley de estas características, que ahora está en fase de participación pública, solo tiene sentido desde la participación y el consenso.

LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

Pero consenso es lo que no ha suscitado el borrador de la ley entre los grupos políticos.

PSN y Geroa Bai hicieron un frente común para insistir en que no hay nada atado y en que es prematuro realizar valoraciones. PP no fijó su postura y Vox mostró dudas.

Sin embargo, UPN y Bildu rechazaron tajantemente esta medida, así como Contigo. Y coincidieron en su sorpresa ante la falta de informes que sustenten un cambio tan importante en las condiciones laborales de los futuros trabajadores del Servicio Navarro de Salud.

UPN puso sobre la mesa el rechazo sindical que ha provocado esta propuesta. Y calificó de “grave” acabar con el régimen funcionarial solo para ganar en agilidad. “Está claro que hay que mejorarlo, pero ¿cargárselo? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué modelo defienden para Salud?”, preguntó Leticia San Martín a los responsables de Función Pública.

Parece, añadió, que Función Pública es un problema para el Servicio Navarro de Salud y no son capaces de solucionar los problemas de contratación, de coordinarse. “¿No son capaces de agilizar los procesos?”, insistió.

Preocupación, asombro, temeridad, insensatez... En estos términos se manifestó Txomin González (Bildu), que no daba crédito a que una ley de esta importancia, con la disposición “transgresora” que incluye el cambio de naturaleza jurídica, no cuente con suficientes garantías, datos e informes.

“El ente público empresarial tiene muchos defectos. Sería un desastre optar por él”, dijo. Y recordó que la plantilla de Salud alcanza 13.000 personas de las que solo 5.590 son fijas por lo que preguntó por la situación del resto.