Prácticamente la mitad de los admitidos, 81 aspirantes de 164 candidatos, se han presentado esta mañana en la UPNA para concurrir a la primera prueba del proceso para obtener una acreditación oficial para ejercer como portero de discoteca y locales de ocio nocturno, así como empleados de salones de juego. La habilitación la concede el Gobierno de Navarra a través del Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior y, según indicaron fuentes del Gobierno foral, se exigirá a los empleados de este sector desde 2026. 

La prueba, de carácter eliminatorio, supone un primer paso en ese trámite y ha consistido en un cuestionario de 50 preguntas sobre temática general y relativa a aspectos propios del ámbito de la seguridad. Quienes obtengan al menos 25 puntos en ella pasarán a la segunda, un test psicológico en el que se realizará un cuestionario de personalidad general y de competencias laborales y/o de aptitudes para determinar el grado de adecuación a las exigencias del puesto de trabajo. Tendrá una calificación de apto o no apto. 

Quienes superen ambas pruebas y acrediten estar en posesión de los requisitos obtendrán la certificación acreditada individual, que será expedida por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. Este certificado tendrá una validez de cinco años, siendo necesario para su renovación acreditar la posesión o superación de los requisitos exigidos en la normativa. 

Quienes acudieron encajaban, de forma general, en dos perfiles de aspirantes. El de portero de local propiamente dicho, varones corpulentos en su mayoría, y entre los que se encontraba un hombre de origen búlgaro, que lleva 22 años residiendo en Navarra y más de 20 de experiencia profesional en el sector. Actualmente trabaja en un centro de menores, explicaba. “Vamos a ver qué tal se nos da. Tengo algo de respeto al idioma, al final no es el que más dominas”, señalaba minutos antes de la prueba.

Junto al colectivo de varones empleados en locales de noche se encontraban decenas de mujeres, muchas de más de 45 años, que se corresponden con trabajadoras vinculadas a establecimientos de juego, y para las que también se exigirá esta habilitación, indicaron desde el Gobierno foral. Una de ellas esperaba a que citaran su nombre en el pasillo, e indicó que en la actualidad no está trabajando, pero que ha dado el paso de iniciar el proceso para contar con una licencia que le puede abrir puertas en un futuro. “Vengo confiada”, contaba.

El impulso a la regularización que pedía Carlos Amorín antes de morir

Javier Ojer, director del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del departamento de Interior del Gobierno foral, recordaba ayer a primera hora de la mañana, junto al acceso al aula la conversación telefónica que, tres semanas antes de la agresión que le costó la vida, mantuvo con Carlos Amorín, portero de la discoteca Dalí de Villava de 42 años, fallecido en noviembre de 2023. “Hablamos por teléfono unas tres semanas antes de que falleciera y la charla fue en esta línea, había que regular el acceso y controlar quién y de qué manera se estaba desempeñando la profesión. Él estaba muy interesado en profesionalizarla”. Ese objetivo, dijo, estaba previsto por el Gibierno estatal desde 2011, pero no se había concretado ni desarrollado.

Ahora, el Gobierno foral ha iniciado finalmente el proceso en Navarra. Amorín era la cabeza visible de Asforp, la asociación profesional que aglutina a personas empleadas como porteros en la Comunidad foral. Según relataban a este periódico tras su muerte, Valentín Cocos y Óscar Álvarez, de Asforp, Amorín había dado el paso para profesionalizar el sector de la seguridad en el ocio nocturno navarro y contrarrestar el estereotipo de personas agresivas y violentas con el que se mira a sus trabajadores, aunque no podrá ver su objetivo hecho realidad. El leonés perdió la vida hace un año, tras mediar en una pelea en una discoteca de Villava. Recibió un puñetazo, cayó al suelo, se golpeó la cabeza y a los pocos días fallecía en el hospital. El acusado de propinar el puñetazo a Amorín fue detenido y juzgado. Aceptó conmutar una pena de 4 años de prisión por la expulsión del país.