Diario de Navarra

La Fiscalía navarra elaboró en 2023 un total de 81 escritos de acusación en los que solicitaba la expulsión del país como pena para la persona encausada. Además, según recoge en la Memoria, se ejecutaron un total de 26 expulsiones. En cuanto a las resoluciones judiciales, este documento recoge que en 13 sentencias y en 15 autos dictados en la ejecutoria se acordó la expulsión sustitutiva de la pena de prisión. En otros 7 casos se denegó; generalmente por haberse acreditado un arraigo suficiente en territorio español. Todos los expulsados son ciudadanos cuya salida de España ha sido acordada en un juzgado, que se encontraban en situación irregular, sin arraigo y con antecedentes penales graves. La mayoría de ellos viajaron a países de América del Sur y del norte de África. La opción de la expulsión es una de las más gravosas que, junto a las penas de prisión, pueden valerse los jueces a la hora de condenar a una persona. Suele aplicarse como una fórmula punitiva en caso de falta de arraigo y reincidencia, un problema que el sistema puede intentar atajar con la salida del país, y el freno de la escalada delictiva. En caso de que el investigado sea de nacionalidad española, existe la opción de la entrada en prisión provisional a la espera de juicio. En el caso de personas de origen extranjero, la expulsión supone un alejamiento ‘de facto’ del lugar donde se han cometido los delitos, así como donde pueden permanecer quienes han sido sus víctimas o sus familiares. No solo se adopta en la versión más ‘pura’ de establecer la salida irrevocable del país, sino que también existen otras medidas en esa línea que implican la prohibición de regresar a un determinado lugar geográfico más delimitado o acercarse a una persona concreta. Recientemente, por ejemplo, la Fiscalía pedía, para una pareja que fue detenida hace dos años por robar una docena de móviles en Sanfermines, año y medio de prisión por un delito continuado de hurto así como la prohibición de acudir a las fiestas de Pamplona durante cinco años. EXPULSADOS QUE SE QUEDAN En cualquier caso, y tal y como se ha puesto de actualidad en las últimas semanas en Navarra con detenidos por delitos graves que se encontraban en libertad pese a tener una orden de expulsión vigente, que se haya decretado la expulsión a una persona no significa que efectivamente se haya ido del país. Las cifras de la Memoria ya constatan de alguna manera ese desfase. De manera anónima, agentes policiales que trabajan en la Comunidad foral denuncian la existencia de un problema recurrente. “Se actúa con mazorcas concretas, sin abordar el problema del campo de maíz, que prolifera. Un expediente de expulsión puede llegar por vía administrativa o vía judicial, y de forma efectiva solo se insta por la segunda. Muchas veces, aunque un juez así lo dictamine, la maraña burocrática y un sistema garantista en cuando a la notificación evitan de facto que se ejecute. El expulsado cambia de domicilio, con lo cual no se le notifica. Si no se notifica en un plazo de 6 meses, hay que volver a notificar, y así, vuelta a la casilla de salida y al juego del gato y el ratón. Suelen ser perfiles itinerantes y reincidentes. También hay otras personas arraigadas en Navarra que incurren en delitos una y otra vez, pero estos perfiles no suelen conllevar una expulsión del país, sino otro tipo de medidas”. Desde el área de Extranjería de la Policía Nacional en Navarra indica que el problema con las expulsiones se enquista también en la no colaboración de los países de origen. “Que quede claro que en Navarra no se expulsa a nadie por ser irregular. Para que efectivamente se expulse a una persona ha tenido que ordenarlo así un juzgado (sustitución de parte de la pena por la expulsión del país) o que se decrete de forma administrativa, como lo establece la Ley de Extranjería. Suelen ser personas con gran cantidad de antecedentes penales o condenados por un delito grave, que además carezcan de arraigo. Otra cosa es la dificultad real que existe para que sean admitidos en sus supuestos países de origen. Especialmente con el norte de África, donde por problemas de documentación o la no colaboración debido a aspectos como el conflicto del Sáhara, conllevan que la realidad es que, a pesar de tener una orden de expulsión, estas personas continúen viviendo en el país de manera irregular. Como no se ejecuta además esa orden de expulsión, el hecho de que estas personas sigan aquí traslada un mensaje de impunidad, con la consecuente alarma social”. EL PROBLEMA DEL REINCIDENTE Otra realidad común a estos casos mediáticos de las últimas semanas es la de que ambos detenidos (un crimen en la Rochapea y un detenido por robos con fuerza en vehículo, con 5 arrestos en 7 días) eran viejos conocidos de los agentes. Los dos acumulaban decenas de antecedentes policiales. Actualmente se encuentran prisión provisional. Víctor Obarrio, comandante interino de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, asume lo gravoso de enviar a la cárcel a una persona y explica que desde el Instituto Armado el planteamiento ideal es el de intentar atajar los delitos antes de que se produzcan. “La prisión preventiva exige una serie de requisitos y son los jueces quienes deciden en cada caso si se trata de una medida necesaria y proporcional. Se precisa de una reiteración de asuntos juzgados y con sentencias firmes para que los autores efectivamente ingresen en prisión. No obstante, desde Guardia Civil se incide especialmente en el control de posibles autores dado que, se trataría de delincuencia de carácter local”. Como propuesta de mejora, plantea el endurecer algunas penas y agilizar el proceso de expulsión. “En realidad, es un tema que se escapa un poco de nuestras competencias, pero endurecer las penas por este tipo de hechos, facilitar el ingreso en prisión preventiva, medidas rápidas y efectivas para la expulsión de los autores que se encuentren en situación irregular en nuestro país podría ayudar a impedir o limitar la multirreincidencia delictiva”, señala. PROBLEMA DE MÚLTIPLES ARISTAS Eduardo Saiz de Murieta, comisario responsable del área de Investigación Criminal y Policía Judicial de Policía Foral, admite que no hay una fórmula mágica ante “un problema complejo, de múltiples aristas”. “A pesar de las múltiples reformas del Código Penal para hacer frente al problema de la multirreincidencia parece evidente que hasta el momento, no se ha conseguido el efecto deseado, ya que todavía vemos con relativa frecuencia personas que reinciden de manera habitual, ajenos a la finalidad preventiva y disuasoria del sistema de justicia penal. “No todo puede resolverse con un endurecimiento de las penas. De manera complementaria a las disposiciones penales debe analizarse en cada espacio delictivo, las motivaciones, circunstancias y situaciones que llevan a determinadas personas, a delinquir de manera reiterativa. Y es que las situaciones pueden ser muy dispares”. En este sentido, Saiz de Murieta apunta a intervenciones educativas en el caso de la delincuencia juvenil, terapias para la desintoxicación por el consumo de drogas para delincuentes afectados por adicciones o intervenciones sociales para el caso de personas en situación de especial vulnerabilidad son medidas que necesariamente deben potenciarse, especialmente para las personas multirreincidentes de delitos leves.

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La Fiscalía de Navarra pidió en 2023 la expulsión del país para 81 extranjeros reincidentes

Endurecimiento de las penas, una mayor prevención o la salida del país si carecen de arraigo, entre las fórmulas para atajar la reincidencia

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