Navarra, con competencias exclusivas en materia de vivienda, ha venido adoptando en los últimos años medidas para blindar su parque público. Es el caso por ejemplo de la calificación indefinida de la vivienda protegida que aprobó en 2022 en el marco de la ley foral para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible que impide que las nuevas viviendas protegidas puedan venderse como libres. Un debate que ahora vuelve a estar sobre la mesa después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, propusiera este miércoles en el Congreso de los Diputados “blindar” el parque de vivienda pública para que estas viviendas nunca puedan venderse a precio libre. Lo hizo señalando a las comunidades autónomas, “que tienen mucho que decir” y esperando que haya un acuerdo unánime con ellas después de que el Tribunal Constitucional ya haya sentenciado que la regulación de vivienda protegida pertenece a las comunidades autónomas, y no a la Administración central. De ahí que resulte conveniente recordar ahora en qué situación se encuentra actualmente Navarra. Cuando se aprobó la nueva normativa que eliminó el periodo de calificación de 30 años recogido con carácter general en la normativa se estimó que de las 58.000 viviendas protegidas construidas en la comunidad, menos de 28.000 mantenían todavía esa calificación.

El otro gran debate que planea en torno a la vivienda es el que afecta a la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado, uno de los conceptos más polémicos de la Ley Estatal de Vivienda que permitirá limitar los precios de alquiler y compraventa de vivienda. Aunque Navarra ya había contemplado en su normativa -anterior a la estatal- esta declaración, ha tenido que plantear una reforma legal para flexibilizar los requisitos a cumplir para esta declaración y que en lugar de tener que cumplir los dos estipulados baste con uno: o que el coste de la hipoteca o de alquiler supere el 30% de la renta media de los hogares afectados o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos más que el IPC frente a los cinco exigidos en la norma en vigor. El Instituto de Estadística de Navarra ha ofrecido este año por vez primera información sobre el mercado de alquiler con datos de la Hacienda Foral de Navarra y el Catastro. La estadística, que incluye tanto los alquileres del mercado libre como los protegidos y los de promotores privados que tienen un precio limitado, arrojó a cierre de 2022 un precio medio mensual medio 541,6 euros por vivienda, un 6,0% más que el año anterior, y sitúa entre los 500 y los 600 euros el precio del alquiler más frecuente de las viviendas que se alquilan. La estadística de Nastat fue elaborada a petición del Ministerio de Vivienda utilizando como fuentes el modelo 100 de IRPF de la Hacienda Foral de Navarra y el Catastro. El primero fue actualizado en el ejercicio 2020 para poder disponer de información más precisa sobre los alquileres declarados, en línea con lo que ya venía haciendo la Hacienda Estatal. Hasta esa modificación, que de momento ha permitido tener en Navarra datos oficiales de dos ejercicios -2021 y 2022- únicamente se podía saber el número de alquileres y lo que se pagaba pero no se recogía información ni sobre la duración de los contratos, necesaria para poder anualizar la renta, ni la referencia catastral que permite situar las viviendas. Los datos del Catastro completan la información de Hacienda aportando la superficie de las viviendas y su calificación. Es decir, si son viviendas colectivas o unifamiliares. En todo caso, conviene tener en cuenta que Vivienda únicamente tomará como referencia para el control de los precios la cotización de los alquileres del mercado libre, en torno al 70% del total, lo que podría elevar la cuantía que arrojó la estadística de Nastat.

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Este miércoles el Ejecutivo foral se mostró conforme a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, una iniciativa legislativa presentada por los grupos parlamentarios Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa, Partido Socialista de Navarra, EH Bildu Nafarroa y Geroa Bai donde se recogen estos cambios. La Mesa del Parlamento foral ordenó el pasado 14 de octubre tramitar esta iniciativa por el procedimiento de urgencia, con la finalidad de poder comenzar a aplicar medidas de reducción de precios en 2025. La proposición de Ley Foral, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el pasado 18 de octubre, cuenta con un artículo único que plantea la modificación del artículo 97 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, con el objetivo de impulsar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado bajo nuevos criterios.

La finalidad es “desarrollar, a la mayor brevedad posible, dicho instrumento de política de vivienda dada la creciente dificultad en el acceso a la misma en Navarra, especialmente en régimen de alquiler”. Según explica la iniciativa legislativa en su exposición de motivos, con esta reforma se “busca mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso, protegiendo a través de información actualizada y a través de datos oficiales tanto a las personas arrendadoras como arrendatarias, así como al conjunto de agentes que intervienen en dicho mercado”. La modificación está dirigida a adaptar la normativa navarra a las previsiones contenidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, referenciando los ámbitos susceptibles de ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado sobre la base de la existencia de una oferta insuficiente de vivienda para la ciudadanía a un precio asequible.

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