El departamento de Función Pública del Gobierno de Navarra afirma que ya se está trabajando para incluir la movilidad entre administraciones de funcionarias víctimas de violencia de género en el nuevo Estatuto de Personal. Esta posibilidad es algo que aprobó la Conferencia Sectorial de la Administración pública a finales de 2018, pero al no haberse adaptado la legislación foral a dicho acuerdo en estos cinco años y medio (el acuerdo no establece plazos para ello), una funcionaria del departamento de Salud víctima de malos tratos ha visto cómo su petición de trasladarse a Valencia fue denegada por Función Pública.

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La mujer, que tiene reconocida su condición de víctima de violencia de género, recurrió a la justicia, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 avaló la decisión del Gobierno de Navarra. No obstante, la jueza dejó constancia que hacía suya la petición del Defensor del Pueblo de instar al departamento de Función Pública para que adoptara “las medidas necesarias” que el Parlamento foral modificara el Estatuto de Personal. En octubre, el Defensor del Pueblo también había lamentado la falta de respuesta desde Función Pública en este tema.

Este martes, tras la publicación del caso, desde Función Pública señalaron que el Gobierno de Navarra “tiene la voluntad” de acoger la petición hecha en la sentencia y que, de hecho, ya se había impulsado y se estaba trabajando en incluir la movilidad en el nuevo Estatuto de Personal.

La funcionara víctima de violencia de género criticó la tardanza en modificar la ley. “Van con cinco años de retraso, cosa que me parece inadmisible. Es fundamental que estos casos se hagan mediante unos plazos ya determinados, por su casuística. Me alegro de que salga, pero para nosotros es ya tarde y el daño sigue prolongándose”, valoró la mujer, que entiende que se están vulnerando sus derechos fundamentales: “Alguna institución deberá responder por ello”.