Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra ha denegado a una funcionaria víctima de violencia de género su traslado a Valencia, donde quiere empezar una nueva vida con su hijo, porque la legislación foral no está adaptada al acuerdo estatal que desde 2018 favorece la movilidad de empleadas públicas víctimas de violencia machista. La mujer, funcionaria del departamento de Salud, critica la inacción de la Administración y cuenta con el apoyo del Defensor del Pueblo e incluso con el de la jueza que ha rechazado su reclamación: ambos instan al Gobierno foral a que “adopte las medidas necesarias” para que el Parlamento de Navarra estudie una modificación del Estatuto de Personal. La mujer tiene reconocida su condición de víctima de violencia de género tras una condena de principios del año pasado. Entones, con la intención de “poner tierra de por medio”, solicitó al departamento de Función Pública del Gobierno Foral su traslado a Valencia, acogiéndose a la resolución de noviembre de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública (de la que forma parte el Gobierno de Navarra). Dicho acuerdo favorecía la movilidad entre administraciones de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. El Gobierno foral rechazó la reclamación de la funcionaria porque, a pesar de que el Acuerdo de 2018 exigía la adecuación de las normas legales de las distintas comunidades, “el Parlamento de Navarra no ha procedido, aún, a adecuar su Estatuto de Personal”, reconocía. Y sin esta modificación, la normativa que hay que aplicar es un decreto foral de 1993, que solo contempla la movilidad dentro de la Comunidad foral en caso de víctimas de violencia de género. La mujer recurrió a la justicia y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona ha avalado la decisión del Gobierno por esta falta de cobertura legal. En su sentencia, adelantada por el periódico Levante, la jueza recoge que el Acuerdo de 2018 n o tiene valor jurídico y por tanto no establece plazos para adecuar las normativas ni tampoco sanciones en caso de no cumplir con esta adaptación. De este modo, atendiendo a la legislación foral vigente, desestima la demanda. Eso sí, en la sentencia la jueza hace suya la sugerencia que ya el Defensor del Pueblo dirigió al departamento de Función Pública del Gobierno de Navarra para que adopte las medidas necesarias para que el Parlamento foral modifique el Estatuto de Personal y contemple la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. La sentencia también le insta a que “impulse las medidas necesarias para posibilitar la misma”. La resolución del Defensor del Pueblo citada por la jueza es de octubre y en ella muestra su “disgusto” por que la Administración foral “no haya adoptado una actitud o medida favorable”. Desde Función Pública, tal y como consta en el expediente, se respondió que la modificación de la ley depende del Parlamento foral y que al tratarse de una cuestión que afecta al conjunto de Administraciones “se hace necesario un ejercicio de concertación entre estas”, una adecuación que no se ha hecho en estos cinco años y medio. “NO NECESITAMOS PALABRERÍA SINO HECHOS” Trabaja como funcionaria en Salud desde hace tres lustros y cuando empezó con los trámites para trasladarse a Valencia no esperaba este recorrido ni este final. “Esto te va desgastando, te va minando... ya les dije que no sabían lo que me estaban haciendo pasar”. Cuando su abogado le planteó esta posibilidad, contactó con la Administración Pública de Valencia y allí le dijeron que todo se podía hacer en treinta días. Pero cuando acudió a Función Pública en Navarra le dijeron que no se podía. “La persona que me atendió me dijo que ya sabía a qué me atenía viniendo a Navarra. ¿Encima me hacen sentir culpable?”, cuenta dolida por el trato recibido en el Gobierno foral. A día de hoy, no entiende que las administraciones públicas “no hayan hecho su trabajo” y hayan adecuado sus leyes a un acuerdo que ellas mismas firmaron en 2018 para proteger a las víctimas de violencia machista. “Más que palabrería, necesitamos hechos, que las cosas funcionen”.

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Navarra impide el traslado a una funcionaria víctima de maltrato

La demandante, el Defensor del Pueblo y una jueza reclaman al Gobierno foral que inste al Parlamento a que adapte la ley a un acuerdo de 2018

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